Guardias civiles asesinados por ETA

JULIO: Relación de guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA

Juan Antonio García González, guardia civil asesinado por ETA el 4 de julio de 1982

IN MEMORIAM

En la madrugada del 4 de julio de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba en Burguete (Navarra) al guardia civil JUAN ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ mediante la colocación de una bomba bajo su vehículo, y hería gravemente a su amigo, Francisco Javier López García, también guardia civil. Ambos tenían 21 años, los dos eran hijos de guardias civiles, estaban solteros y habían sido destinados al Grupo Especial de Intervención de Montaña con base en la localidad navarra de Burguete.

Juan Antonio y Francisco Javier habían estado divirtiéndose esa noche de domingo. En torno a las 2:40 horas abandonaron la discoteca Irrintzi y se subieron al vehículo propiedad de Juan Antonio. Al poner en marcha el coche, se produjo la explosión de una bomba colocada junto a las ruedas traseras del vehículo. Un segundo artefacto situado en la parte delantera no llegó a estallar. Ambos artefactos estaban compuestos por 3 kilos de Goma 2 y abundante metralla. Los terroristas habían colocado dos cargas bajo las ruedas delanteras y traseras del vehículo de forma tal que, al mover el coche, en una u otra dirección, hiciesen explotar el artefacto por simple presión de las mismas. Los artificieros del equipo EDEX de la Guardia Civil procedieron posteriormente a desactivar el segundo explosivo.

Juan Antonio fue alcanzado en la espalda por la onda expansiva y la metralla, resultando gravemente herido. Falleció mientras era trasladado al Hospital Provincial de Navarra. Su amigo, Francisco López García, también resultó herido en la espalda por la metralla, pero pudo salvar la vida tras ser intervenido quirúrgicamente. La dirección del hospital de Navarra facilitó, a media mañana del 4 de julio, un parte médico en el que señalaba que el herido presentaba cinco heridas de metralla en región dorsolumbar, con desgarros musculares y ablación cutánea, además de una doble fractura occipital. Su pronóstico fue calificado de grave.

Tan pronto se tuvo noticia del atentado, unidades especiales de los GAR (Grupos Antiterroristas Rurales) de la Guardia Civil montaron un dispositivo de control y rastreo de la zona donde se había producido el atentado.

Juan Antonio García González estaba soltero, había estado tres años destinado en la Comandancia de Navarra y llevaba tres meses destinado en Burguete. Cuando fue asesinado, su padre era jefe del puesto de la Guardia Civil de Abéjar (Ávila). La capilla ardiente del guardia civil se instaló en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Navarra. Una guardia de honor estuvo escoltando en todo momento el cadáver, hasta la celebración de los funerales, que tuvieron lugar a primera hora de la tarde del 4 de julio en la Iglesia de San Miguel de Pamplona.

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Luis Miranda Blanco, guardia civil asesinado por ETA el 5 de julio de 1981

IN MEMORIAM

A las 6:30 horas, miembros del grupo Donosti de ETA tiroteaban el vehículo oficial en el que viajaban el guardia civil de Tráfico LUIS MIRANDA BLANCO y su compañero José Paradero Garrote, cuando circulaban por la Nacional I Madrid-Irún a la altura de la localidad guipuzcoana de Lezo.

Los terroristas esperaban a los agentes parapetados tras un muro de unos dos metros de altura que se encuentra en el Alto de Gainchurisqueta. Cuando vieron aparecer el vehículo de la Guardia Civil de Tráfico, lo tirotearon y se dieron a la fuga, a pesar de que a pocos metros del automóvil de Tráfico circulaba otro vehículo de la Guardia Civil sin señales externas de identificación, precisamente como medida de protección frente a posibles atentados.

Los disparos alcanzaron de lleno al primer automóvil, hiriendo mortalmente al agente Luis Miranda, que fue trasladado en un coche particular al Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, donde ingresó cadáver. Poco más tarde llegó al mismo centro el guardia civil José Paradero, que también viajaba en el primer automóvil. Se le pronosticó herida por arma de fuego, con orificio de entrada y salida en hemitórax derecho, afectación de la pared costal, fractura abierta y pérdidas de sustancia ósea, muscular y cutánea en tercio medio de pierna derecha. El pronóstico de sus heridas fue calificado de grave, aunque evolucionó favorablemente en los días siguientes.

El arma utilizada por los agresores, según fuentes oficiales, fue un fusil Cetme, de uso reglamentario en el Ejército y en las Fuerzas de Seguridad, que podría haber sido robado en Orio. En el lugar del atentado se recogieron más de una docena de casquillos de bala del calibre 7,62. Los etarras emplearon para cometer el atentado un automóvil Talbot 150, que tres terroristas habían robado a punta de pistola a las cuatro de la madrugada en la discoteca Ku, situada en el monte Igueldo. Al propietario del coche robado y a sus acompañantes los dejaron atados a unos árboles.

Pocas horas después del ametrallamiento del vehículo de la Guardia Civil de Tráfico se trasladó desde Madrid a San Sebastián en helicóptero el general director de la Guardia Civil, Luis Aramburu Topete, que visitó la capilla ardiente y se interesó también por el estado de José Paradero, ingresado en el Hospital de la Cruz Roja.

La Audiencia Nacional condenó en 1985 al etarra Jesús María Zabarte Arregui a 29 años de reclusión mayor por el asesinato de Luis Miranda, y a otros 16 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de José Paradero. En 1988 fue condenado a las mismas penas Ignacio Esteban Erro Zazu, así como lo fue en 1996 Luis María Lizarralde Izaguirre.

Luis Miranda Blanco, de 28 años, estaba casado y tenía dos hijas, de cinco y tres años. Su esposa estaba embarazada del tercero.

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 Antonio Jesús Trujillo Comino - Juan Merino Antúnez, guardias civiles asesinados por ETA el 9 de julio de 1985

IN MEMORIAM

A las 8:15 horas del 9 de julio de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián a ANTONIO JESÚS TRUJILLO COMINO y a JUAN MERINO ANTÚNEZ, dos guardias civiles de paisano encargados de la custodia de la Delegación de Hacienda de la capital donostiarra.

Los guardias civiles estaban dentro de un coche aparcado escuchando música con las ventanillas bajadas. Los terroristas, que llevaban el pañuelo rojo anudado al cuello típico de las fiestas de San Fermín, abordaron el coche policial simulando formar parte de los miles de jóvenes que volvían esos días de las fiestas a las capitales del País Vasco. Al llegar a la altura del vehículo, empezaron a disparar simultáneamente y a quemarropa por ambos lados a través de las ventanillas delanteras del mismo. Los guardias civiles murieron prácticamente en el acto y quedaron recostados dentro del coche uno sobre el otro.

Juan y Antonio apenas llevaban dos meses destinados en San Sebastián. Ambos procedían del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), y cubrían asiduamente la vigilancia de la Delegación de Hacienda, edificio que había sufrido varios atentados y frecuentes avisos de bomba.

Según testigos presenciales del atentado, los asesinos huyeron pistola en mano y se introdujeron en uno de los accesos peatonales del aparcamiento subterráneo de la calle de Oquendo, a escasos veinte metros del lugar donde habían quedado acribillados los dos guardias civiles.

Inmediatamente después de escucharse los cinco disparos, otros dos guardias civiles salieron de la Delegación de Hacienda, echaron una rápida ojeada a los guardias que agonizaban, ordenaron a los vecinos que avisaran a un médico y al 091 y penetraron en el aparcamiento en busca de los asesinos. Diez minutos más tarde la Policía cerró los accesos del estacionamiento subterráneo y registró, sin resultados, los vehículos y a sus usuarios. Lo más probable es que los etarras salieran del aparcamiento por otra entrada peatonal que desemboca en la calle de la República Argentina, donde continuaron su huida en coche, de ahí que su búsqueda en el interior del aparcamiento resultase infructuosa.

A las diez de la mañana un individuo telefoneó a la DYA en nombre de ETA militar para indicar que habían abandonado un Renault 7 en la zona de Cocheras, en el garaje de los autobuses urbanos de San Sebastián. El propietario del coche, Domingo Alunda, fue encontrado atado y amordazado en el portamaletas. Tras ser liberado, Domingo afirmó que había sido abordado a punta de pistola en Pasajes cuando iba a trabajar, y que había permanecido atado y amordazado en el portamaletas más de una hora.

Fuentes oficiales señalaron tras el atentado que en este tipo de servicios las parejas de guardias civiles tienen órdenes precisas de no permanecer juntos en el interior del coche cuando éste está aparcado. Varios vecinos indicaron que los guardias encargados de este servicio utilizaban el punto en el que se produjo el atentado como lugar preferente, casi exclusivo, desde el que ejercer la vigilancia, ya sea en el interior de los coches o bien sentados en uno de los bancos del jardín que bordea un lateral del Hotel María Cristina, frente al edificio de la Delegación de Hacienda.

Dos horas después de las diez de la mañana los cadáveres de Juan Merino y Antonio Trujillo fueron trasladados al cementerio donostiarra de Polloe para practicarles la autopsia. Los guardias tenían impactos en la cabeza, en el cuello y en el hombro, debido a la trayectoria descendente seguida por las balas. La mano de uno de los guardias descansaba sobre su muslo derecho, cerca de la pistola reglamentaria que tenía entre las piernas y que no tuvo tiempo de utilizar.

La Policía recogió dos casquillos de bala en la acera y al menos otros dos más en la calzada. Practicada la autopsia, los cadáveres fueron llevados al edificio del Gobierno Civil. El funeral tuvo lugar a las seis de la tarde en la Iglesia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara. Al mismo asistieron el ministro de Interior, José Barrionuevo, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui. A la entrada y a la salida del funeral se vivieron momentos de tensión y se profirieron insultos contra Barrionuevo y contra ETA. Los asesinatos y atentados se sucedían un día tras otro y el ambiente estaba cada vez más encendido. Una semana antes del asesinato de Juan y Antonio, el policía nacional José Antonio Sevilla había resultado gravemente herido en Pamplona cuando un terrorista le disparó a la cabeza mientras se encontraba en un bar de la capital navarra. El agente sobrevivió al atentado, pero sufrió graves secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo. Años después acabó quedando completamente ciego.

Juan Merino Antúnez, de 21 años, casado y sin hijos, era natural de Llanes (Asturias). Había sido trasladado a San Sebastián el 1 de mayo de 1985.

Antonio Jesús Trujillo Comino, de 22 años, estaba soltero, aunque tenía fijada la fecha de su boda para el mes siguiente a su asesinato. Era natural de Priego de Córdoba. Al igual que Juan, su primer y último destino, tras salir del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid, fue San Sebastián.

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 Joaquín Gorjón González, guardia civil asesinado por ETA, 10 de julio de 1981

IN MEMORIAM

A las 7:20 horas del viernes 10 de julio de 1981, ETA asesinaba a tiros en Basauri (Vizcaya) al guardia civil retirado JOAQUÍN GORJÓN GONZÁLEZ mientras esperaba el tren en el andén de la estación de ferrocarril para trasladarse a Bilbao, donde trabajaba como empleado en una agencia de aduanas.

En ese momento había un centenar de personas en el andén, la mayoría trabajadores que esperaban la llegada del tren que cubre la línea Orduña-Bilbao. Un individuo, sin mediar palabra, sacó una pistola y efectuó dos disparos que alcanzaron a Joaquín en la espalda y en el cuello. La víctima cayó mortalmente herida en el andén mientras el pistolero y dos acompañantes emprendían la huida a pie y se montaban en un coche que esperaba fuera de la estación.

Los etarras utilizaron dos vehículos para cometer el atentado, uno para desplazarse hasta Basauri y otro en el transcurso de la huida. Media hora antes de asesinar a Gorjón González dos etarras robaron un Seat 124 de color beige en el barrio bilbaíno de Deusto, obligando al conductor a cambiar de asiento y a acompañarles, primero a recoger a otros dos terroristas, y después hasta las inmediaciones de la estación de Basauri. Tras cometer el asesinato, abandonaron al dueño del coche en Basauri y emprendieron la huida.

La Policía Municipal de la localidad vizcaína dio la alarma a la Guardia Civil, que localizó el coche en la entrada de Bilbao. Para entonces los terroristas habían robado un segundo vehículo que fue detectado por dos coches patrulla de la Policía Nacional. Se inició entonces una persecución hasta el casco viejo de la capital, donde los etarras abandonaron el coche y continuaron la fuga a pie por las calles del centro de la ciudad. En esta persecución se produjo un intercambio de disparos en el que resultaron heridos el etarra Sebastián Echaniz que, a pesar de ello, consiguió huir -fue trasladado por sus compañeros a un piso y, al día siguiente, conducido a Francia para ser atendido de las heridas-, y dos transeúntes que, según fuentes policiales, fueron utilizados como escudo por los etarras.

En 2005 la Audiencia Nacional condenó a Sebastián Echaniz Alcorta, Enrique Letona Viteri y José Antonio Borde Gaztelumendi como autores materiales del asesinato de Joaquín Gorjón. Por otra parte, en junio de 2004 fue detenido en Francia, junto a otros siete miembros de la banda terrorista, el histórico Luis Armando Zabalo Bilbao, alias Mikel, procesado por la Audiencia Nacional por haber participado, presuntamente, en el asesinato de Gorjón González. No obstante, dada la fecha de la comisión del asesinato, y de acuerdo con la legislación francesa, el delito habría prescrito. En octubre de 2004 el Consejo de Ministros acordó pedir a las autoridades francesas la extradición de Zabalo Bilbao.

Joaquín Gorjón González, de 59 años de edad, se había retirado de la Guardia Civil en 1972, pasando a trabajar desde entonces en una agencia de aduanas bilbaína. Estaba casado y tenía seis hijos de edades comprendidas entre los 37 y los 22 años. El mayor de sus hijos, José Gorjón Recio, era militante de CCOO, y otro iba a recibir dos días después, el 12 de julio, su despacho de alférez en la Academia General Militar de Zaragoza. Por expreso deseo de la familia no se celebró ningún acto público en su memoria. Durante el entierro de Joaquín Gorjón en la localidad vallisoletana de La Seca se produjeron incidentes entre un grupo de jóvenes que cantaban el Cara al Sol y dos hijos de la víctima, que les pidieron que se callasen porque su padre "no era político. Era tan sólo un hombre bueno, así que callaros". "Le habéis matado entre los dos extremismos. Lo que hay que hacer es acabar con los radicalismos", dijo uno de los hijos.

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LA MASACRE DE LA PLAZA REPUBLICA DOMINICANA EN MADRID - 14 de Julio de 1986 -

CARMELO BELLA ÁLAMO, JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, SANTIAGO IGLESIAS GODINO, ANTONIO LANCHARRO REYES, JAVIER ESTEBAN PLAZA, MIGUEL ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ, JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA

IN MEMORIAM

A las 7:45 horas del 14 de julio de 1986, tres semanas después de que el PSOE ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, la banda terrorista ETA provocó una masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Una furgoneta-bomba, que estalló al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil procedente de la Escuela de Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, mató en el acto a cinco guardias civiles: CARMELO BELLA ÁLAMO, natural de Badajoz; JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, de Barcelona; MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, de Valencia; JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, de Lérida, y JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, de Teruel. Otros cuatro guardias civiles murieron en las horas posteriores al atentado: ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, natural de Gijón; JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, de Burgos; SANTIAGO IGLESIAS GODINO, de Alicante, y ANTONIO LANCHARRO REYES, de Badajoz. Tres más lo hicieron en los siguientes días: JAVIER ESTEBAN PLAZA, que falleció cuatro días después, el 18 de julio; MIGUEL ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ, que falleció el 31 de julio; y Juan Ignacio Calvo Guerrero, que lo hizo el 5 de agosto, convirtiéndose en la víctima número doce del brutal atentado.

El atentado de ETA que mayor número de víctimas mortales se había cobrado desde el inicio del proceso democrático se produjo un día después de la deportación a Gabón del dirigente etarra Txomin Iturbe y veinticuatro horas antes de la constitución del nuevo Parlamento. Fuentes de la lucha antiterrorista relacionaron, en un principio, el atentado con la deportación de Iturbe a Gabón. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, desvinculó ambos hechos, señalando que la acción criminal estaba preparada antes de que se conociera la expulsión.

Con estas doce víctimas mortales, el atentado de la plaza de la República Dominicana pasa a ocupar el tercer lugar entre los atentados múltiples cometidos por la banda, después del coche-bomba en el Hipercor de Barcelona (con veintiuna víctimas mortales) y el atentado de la Cafetería Rolando en Madrid el 13 de septiembre de 1974 (con trece, todas ellas civiles, menos el policía Félix Ayuso Pinel, que murió más de dos años después, el 11 de enero de 1977).

Otras setenta y ocho personas, entre agentes de la Benemérita y civiles, sufrieron heridas de diversa consideración. Siete guardias civiles fueron heridos de gravedad: Jesús García Rangel, con secuelas físicas y psíquicas irreversibles e incompatibles con el desempeño de su profesión; Miguel Ángel Martínez Díaz, al que los trastornos neuróticos y postraumáticos provocados por el sufrimiento padecido le obligaron también a abandonar su profesión; Jacinto López Martínez, que también tuvo que pedir la baja laboral permanente por las heridas sufridas; Juan Izquierdo Sánchez, que perdió el ojo derecho y el 60% de la audición del oído izquierdo; Miguel Ángel Dorado Castellanos, obligado asimismo a abandonar su profesión a causa de las secuelas en ambos oídos y en el ojo izquierdo y las alteraciones epilépticas provocadas por el atentado; Gabriel Aranda Sánchez, que también tuvo que abandonar definitivamente la Guardia Civil por las secuelas del atentado, y José Manuel Jiménez Sánchez, que sufrió la pérdida del ojo derecho y otras heridas que le imposibilitaron seguir ejerciendo como guardia civil. Muchos más guardias civiles arrastraron secuelas durante años, viéndose obligados a dejar la Guardia Civil por causa del estrés postraumático, ansiedad, pesadillas y miedos. "Después del miedo a morir, te queda el miedo a vivir", dijo uno de ellos a El Mundo (25/06/2006). Muchos de ellos ni han sido reconocidos como víctimas del terrorismo ni han recibido ayudas para sufragar las costosas terapias psicológicas que han tenido que realizar.

El convoy atacado estaba formado por un autobús, un microbús y un todoterreno, en funciones de coche-escolta, que había salido de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en el número 250 de la calle Príncipe de Vergara y se dirigía hacia la Venta de la Rubia, a las afueras de Madrid, donde los guardias iban a realizar prácticas de conducción en motocicleta. En el convoy viajaban setenta guardias civiles alumnos de la Agrupación de Tráfico. Los mayores de la promoción tenían veinticinco años. Los más jóvenes, diecinueve. El convoy no variaba su horario y recorrido, al menos en los días anteriores al atentado: dejaba Príncipe de Vergara para girar a la derecha en la plaza y dirigirse a la carretera de circunvalación M-30 por la calle de Costa Rica.

En el número 7 de la plaza de la República Dominicana los etarras Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares Gamboa habían aparcado una furgoneta-bomba marca Sava cargada con 35 kilos de Goma 2 y cinco ollas a presión con varios kilos de metralla compuesta por tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadenas de acero. Anton Troitiño Arranz, situado en una parada de autobús cercana, accionó el mando a distancia cuando vio que el convoy se puso a la altura de la furgoneta-bomba. Muy cerca, José Ignacio de Juana Chaos esperaba en un vehículo en el que emprendieron la huida. En las labores de vigilancia y en la preparación del explosivo participaron también Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. Todos los asesinos formaban parte del grupo Madrid de ETA.

La explosión fue brutal. El vehículo más afectado fue el minibús, aunque también fue alcanzado el autobús. El vehículo escolta de la Guardia Civil quedó descolgado del convoy en el momento de la explosión, al detenerse en el semáforo previo al cruce con la plaza. Además, otros muchos vehículos, establecimientos e inmuebles de los alrededores sufrieron cuantiosos daños materiales. Especialmente afectado quedó el inmueble situado en el número 8 de la plaza de la República Dominicana, a cuya altura se encontraba aparcado el coche-bomba. Una agencia de viajes, una tienda de comestibles, una perfumería y un quiosco de prensa, entre otros, se vieron seriamente dañados. La mayoría de los cristales de los inmuebles vecinos, en un radio de cien metros, quedaron hechos añicos, así como los marcos de las ventanas más próximas al lugar del atentado. El acceso al metro de la estación de Colombia, situado a unos seis metros de donde se encontraba estacionado el coche-bomba, tuvo que ser cerrado porque "la onda expansiva provocó el desprendimiento de los falsos techos del vestíbulo de la estación y la mayor parte de las instalaciones fijas existentes en el mismo, con desprendimiento de las puertas de acceso y otros desperfectos en dependencias interiores", según señalaba un comunicado de la Compañía Metropolitana hecho público poco después del atentado.

La furgoneta-bomba, que quedó convertida en un amasijo de hierros deformes, se encontraba estacionada en la plaza desde unos días antes, según informaron desde la Delegación del Gobierno. Su matrícula era falsa y el artefacto, oculto en el maletero, estaba cubierto por papel higiénico. Por otra parte, fuentes policiales precisaron que la bomba fue accionada mediante un mando a distancia, por lo que los autores materiales se encontraban a una distancia de 150 o 200 metros.

Tras la explosión se desató una espesa humareda, que alcanzaba hasta el cuarto piso del inmueble más cercano. Chatarra de los vehículos afectados se podía observar en un radio de setenta metros. Los cuerpos de dos de los guardias civiles muertos quedaron tendidos en la calle. Otros dos fueron sacados del interior del vehículo. Uno de ellos tenía las piernas seccionadas y otro presentaba la cabeza prácticamente cortada, según personas que, en un primer momento, colaboraron en las tareas de rescate... Las escenas eran dantescas, muchos agentes estaban completamente desfigurados.

Fue una auténtica carnicería, justo lo que quería ETA que fuese. Su entonces dirigente, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, había ordenado "emprender una dura campaña de atentados". Algunos objetivos los fijaría la propia cúpula de la banda asesina, y otros los dejarían a elección de los propios ejecutores "siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil" (sentencia de la Audiencia Nacional, 2003). El asesino Esteban Esteban Nieto dijo en el juicio que "cuando ETA hace sus acciones pretende causar el mayor número de bajas posibles. Estamos en guerra y es lógico que los que hicieron la acción lo supieran". Por su parte, el no menos asesino De Juana Chaos restó importancia a la masacre, considerando que no era ni más ni menos importante que cualquier otro atentado de la banda.

Tras el atentado, especialistas en explosivos de la Policía extrajeron muestras del artefacto para determinar la cantidad y el tipo de explosivo utilizado. Pasadas las 10:00 horas, los restos de la furgoneta utilizada como coche-bomba fueron trasladados a dependencias policiales con la intención de continuar el examen de la misma. Nada más producirse el atentado, la Policía y la Guardia Civil establecieron fuertes controles en las salidas de Madrid.

En el lugar del atentado -donde algunos ciudadanos colocaron enseguida ramos de flores- se congregaron un par de centenares de personas que se arremolinaron en torno a los vehículos siniestrados. Algunas personas gritaron consignas ultraderechistas, como las que pedían la libertad de Antonio Tejero, ex teniente coronel condenado por la intentona golpista del 23-F, y se corearon frases contra el Gobierno y a favor del restablecimiento de la pena de muerte. En el momento en que se extraían los cadáveres de dos de los guardias civiles del interior del vehículo, los gritos y consignas arreciaron, así como los insultos y provocaciones contra los informadores de diversos medios de comunicación.

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, hizo un llamamiento a los madrileños para guardar, a las doce de la mañana del día siguiente, martes 15 de julio, tres minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado, sus familiares y los cuerpos de seguridad.

La capilla ardiente se instaló el mismo lunes al mediodía en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, junto a los familiares y compañeros -algunos de ellos heridos-, acudieron, entre otros, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ángel Liberal Lucini; el director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga. El ministro del Interior, José Barrionuevo, aguardó en el lugar la llegada de los féretros con los cuerpos de los fallecidos, que fueron recibidos con honores. Los ataúdes estaban cubiertos por la bandera nacional y con un tricornio encima.

El funeral se celebró en el mismo lugar al día siguiente, presidido por Barrionuevo. Un grupo de personas aguardó en el exterior de la Dirección General de la Guardia Civil e insultó a las autoridades políticas que accedían al recinto, llegando incluso a apedrear los vehículos de sus comitivas y las furgonetas de los medios de comunicación que cubrían la celebración del mismo.

En 2008 se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo sufragado íntegramente por donaciones de ciudadanos anónimos a iniciativa de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, como autores materiales, y Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada, como colaboradores necesarios, a sendas penas de 2.232 años de cárcel, que resultan de sumar: 30 años por un delito de atentado con resultado de muerte; 29 años de reclusión mayor por cada uno de los once delitos consumados de asesinato; 24 años por cada uno de los setenta y ocho delitos de asesinato frustrado y 11 años más por un delito de estragos. El escrito de conclusiones de la Fiscalía fue elaborado por la fiscal Carmen Tagle González, asesinada por la banda terrorista el 12 de septiembre de 1989, un mes antes de la celebración del juicio. Troitiño Arranz salió de prisión en abril de 2011, cuando sólo había cumplido 24 años de prisión, al aplicársele una doctrina del Tribunal Constitucional sobre el cómputo de la prisión preventiva. En la actualidad, se encuentra en paradero desconocido, después de que la Audiencia Nacional rectificase su decisión y dictase orden de busca y captura contra él.

En el año 2000 se condenó a Juan Manuel Soares Gamboa a 1.401 años, que vio atenuada la pena por su arrepentimiento y colaboración con las autoridades. Durante el juicio pidió perdón a todas las víctimas de ETA, y dijo: "He visto una serie de testimonios, han pasado ante nosotros personas con graves secuelas y muchas de ellas agravadas por el paso del tiempo y son horrorosas de verdad (...) Nunca lo había visto tan de cerca y quiero solicitar el perdón de todas las víctimas por mi acción criminal, que hago extensiva a todas las víctimas de ETA, porque yo entiendo que en algún momento fui cómplice".

En 2003, finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Santiago Arrospide Sarasola a 1.920 años de cárcel y a Idoia López Riaño a 1.472 años.

Carmelo Bella Álamo, de 22 años, era natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), donde fue enterrado. Había ingresado en la Guardia Civil un año antes de su asesinato y estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Arganda.

José Calvo Gutiérrez, de 19 años, era natural de Barcelona y había ingresado en la Guardia Civil en mayo de 1985. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Barajas.

Miguel Ángel Cornejo Ros, de 24 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y se había incorporado a la Guardia Civil en mayo de 1985.

Jesús María Freixes Montes, de 21 años, había ingresado en la Benemérita el 1 de marzo de 1986, por lo que llevaba sólo cuatro meses y medio. Fue enterrado en el cementerio municipal de Lérida. Su padre, Francisco Freixes, era concejal independiente en el Ayuntamiento de Lérida y corresponsal del diario ABC cuando su hijo fue asesinado. Su hermana Teresa, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, escribió una carta a ETA publicada en varios medios de comunicación en la que les calificaba de asesinos y de cobardes, y se mostraba incapaz de entender que se pudiera defender el nacionalismo a través de la violencia y el asesinato. En la misma añadía que a su hermano Chus sus compañeros le llamaban El Lleida por su defensa del catalán.

Jesús Jiménez Jimeno, de 20 años, y natural de Cascante del Río (Teruel), se había incorporado a la Guardia Civil el 1 de marzo de 1986, igual que Freixes Montes. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Teruel.

Andrés José Fernández Pertierra, de 20 años, era natural de Gijón (Asturias). Había ingresado en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado.

José Joaquín García Ruiz, de 21 años, era natural de Merindad de Valdivieso (Burgos). Igual que el agente Fernández Pertierra, llevaba apenas tres meses y medio en el Instituto Armado. Estaba soltero y destinado en el Destacamento de Tráfico de Briviesca-Autopista.

Santiago Iglesias Godino, de 20 años, nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Igual que varios de sus compañeros asesinados, ingresó en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado. Su cuerpo no estuvo presente en el funeral oficial celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente porque su familia decidió donar sus órganos.

Antonio Lancharro Reyes, de 21 años y soltero, había nacido en Monesterio (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Su hermana Manuela contó en 2007 que, cuando tenía 17 años y era una adolescente "desorientada", perdió a su "hermano, amigo y confidente" y, con él, el norte de su vida. "Con esa edad yo no salía a ninguna parte si no era con él. Íbamos siempre juntos y, si le gustaba alguna chica, recuerdo que me lo contaba para que le echara una mano". Manuela convertida ya en madre de familia, ha logrado levantar cabeza, después de largos años sin poder hablar con nadie de lo que le pasó a su hermano mayor. Eran los años de plomo. "En aquel entonces las cosas no eran como ahora. No teníamos psicólogos a nuestra disposición. No podía hablar con nadie, y menos con mis padres. Lo único que quería es que mi madre no llorara más". (El Comercio, 18/02/2007).

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Pedro Galnares Barreras, Antonio Ángel López Martínez-Colmemero, guardias civiles asesinados por ETA, 14 de julio de 1987

IN MEMORIAM

Justo un año después de la masacre de la plaza de la República Dominicana de Madrid, la mañana del 14 de julio de 1987 la banda terrorista ETA atacó un convoy de cuatro vehículos de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), en el que viajaban catorce agentes del Cuerpo, en una carretera vecinal de Oñate (Guipúzcoa). La onda expansiva del artefacto explosivo, activado a distancia al paso del convoy, alcanzó de lleno al todoterreno que encabezaba la marcha, provocando la muerte en el acto del agente PEDRO GALNARES BARRERAS y del cabo primero ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ-COLMENERO.

Otros dos guardias civiles resultaron gravemente heridos: Andrés Castillejo Martín, de 31 años, casado y padre de un niño de 8 años, y Antonio Grande Lozano, de 32 años, soltero, sufrieron choque traumático, fracturas y heridas provocadas por la metralla de pronóstico grave. Otros diez agentes de la Benemérita resultaron heridos de diversa gravedad: José Martínez Rodríguez, Agustín Álvarez Belmonte, Francisco Montes Urbano, Benedicto Martín, Pedro Delicado Navarro, Manuel Tejeiro Méndez, Antonio Martínez Hernández, José Rodríguez Chacopino, José Antonio González García y Juan Barreal Fernández. Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Beasaín y después al Hospital Santiago de Vitoria.

La bomba, compuesta por veinte kilos de Goma 2 y diez de metralla, estaba camuflada entre las zarzas que recubren el pretil de piedra que bordea la carretera entre Oñate y Legazpia, y empotrada en el suelo. La explosión alcanzó de lleno al primero de los cuatro vehículos del convoy que periódicamente recorre esa carretera. El vehículo, que contaba con protección semiblindada, fue proyectado a más de ocho metros y quedó destrozado en el arcén contrario, envuelto en una densa columna de humo negro.

El artefacto adosado al pretil de la carretera era del tipo conocido como hornillo, confeccionado a partir de una caja de acero laminado en cuyo interior alojaron el explosivo y la metralla, y fue accionado con mando a distancia, sin cable. Este sistema permite explosionar una bomba desde una distancia superior incluso a los quinientos metros, siempre que las ondas de radio que emite el mando no encuentren a su paso ningún obstáculo físico.

En previsión de este tipo de atentados la Guardia Civil desarrollaba regularmente en el País Vasco un servicio denominado limpieza de itinerarios, que consiste precisamente en la inspección de los arcenes y taludes que bordean las carreteras de paso obligado para sus efectivos. El comandante Enrique Galindo, máximo responsable de la Guardia Civil de Guipúzcoa, indicó que el punto en el que se produjo el atentado, en el polígono de Olakue de Oñate, fue inspeccionado días atrás. A su juicio, los terroristas colocaron la bomba hacía muy pocos días, enterados de que las unidades antiterroristas rurales recorren ese lugar al menos una vez cada dos días.

Al día siguiente se celebraban los funerales por los guardias civiles asesinados, a los que acudió el ministro del Interior, José Barrionuevo. El titular de Interior mostró la solidaridad gubernamental con todos los que "dedican su trabajo, su esfuerzo y su profesión a la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y a defender los derechos humanos de todas las personas sin ninguna excepción". En declaraciones a los medios de comunicación, hizo un encendido elogio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Yo creo que nos dan una lección. Cuando hay algunos que pretenden darnos lecciones de democracia, de ponerse como ejemplos de demócratas destacando solamente o dedicándose preferentemente, casi con exclusividad, a la defensa de los derechos de los delincuentes y de los terroristas. Yo creo que es oportuno poner de relieve cómo sin declaraciones, sin presumir, sin ponerse como ejemplo, hay hombres que dedican su esfuerzo, de verdad, a luchar por la democracia y por la convivencia y por las libertades". Por su parte, el PNV subrayó que los guardias civiles muertos son víctimas idénticas a las personas que habían perdido la vida en el centro comercial de Hipercor en Barcelona menos de un mes antes.

En 1999, la Audiencia Nacional condenó a los etarras Xabier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren (que fue quien activó la bomba al paso del convoy), Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Xabier Usandizaga Galarraga a un total de 145 años de cárcel cada uno como autores del atentado, doble asesinato consumado, dos asesinatos frustrados y diez delitos de lesiones.

Pedro Galnares Barrera, de 26 años, estaba casado y su mujer se encontraba en avanzado estado de gestación. El agente Galnares era el conductor del vehículo que abría la marcha del convoy.

Antonio Ángel López Martínez-Colmenero, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, estaba casado y era padre de una hija de 9 años. El padre de Antonio también era guardia civil.

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 Francisco López Bescos, guardia civil asesinado por ETA el 22 de julio de 1980

IN MEMORIAM

El 22 de julio de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Villamediana (La Rioja) al teniente de la Guardia Civil FRANCISCO LÓPEZ BESCOS, al hacer estallar varias cargas explosivas al paso de un convoy de tres autobuses con ciento veinte guardias civiles procedentes de Andalucía y Cataluña.

En aquellos años la Guardia Civil solía concentrar en La Rioja a agentes procedentes de varias comandancias que, tras unos días de adiestramiento, eran enviados al País Vasco para reforzar la lucha contra el terrorismo. Ese día los guardias civiles iban a realizar prácticas en un tramo en construcción y fuera de servicio de la autopista Bilbao-Zaragoza, y estaban siendo trasladados en tres autobuses desde Logroño. Para acceder desde el camino de obra paralelo al puente de la A-68, la autopista del Ebro por entonces en construcción, había una pequeña rampa que obligaba a los vehículos a reducir la velocidad. Esta lentitud obligada había sido observada por los terroristas varios días antes como una circunstancia que permitiría atacar a un objetivo fácil, casi inmóvil. Era la quinta salida que hacía el convoy a ese mismo lugar para realizar las prácticas, y todo estaba preparado para un asesinato en masa.

El convoy apenas había recorrido tres kilómetros desde Logroño hasta Villamediana por la carretera local 601. Antes de tomar el llamado Camino Real junto a una fábrica de yesos y escayolas en el paraje de Santa María, miembros de la banda terrorista ETA activaron por control remoto las diez cargas que habían ocultado la noche anterior.

Sobre por qué no estallaron los diez artefactos hay dos versiones. La oficial señaló que se había producido un fallo en la activación de los mecanismos. Sin embargo, José, uno de los guardias civiles que iba en el convoy, recuerda nítidamente lo que sucedió ese día: "eran tres autobuses los que íbamos a hacer las prácticas, y un Land Rover por delante haciendo de escolta. Un autobús con trabajadores que construían aquella autopista se coló entre los autobuses antes de que los etarras accionaran la bomba". En opinión de este guardia civil, los etarras observaron esta coyuntura desde la distancia y decidieron no explosionar la mitad de las bombas para no afectar al vehículo de trabajadores. "Yo iba en uno de dos primeros autobuses que atravesaron la vía de servicio, luego pasó el de los trabajadores, y fue al paso del tercer autobús cuando explotaron los tres artefactos que alcanzaron de lleno al vehículo". Y añade: "querían matar a miembros del cuerpo y no a civiles". "Tras la explosión hubo un gran tumulto, ruido de voces, gritos, imagínate... algunos agentes salieron a ver si veían a alguien en los alrededores del lugar del atentado, pero no encontraron a nadie", recuerda José (testimonio recogido por Francisco J. Navarro en el blog Las palabras no caen en el vacío, 10/08/2008).

Las explosiones alcanzaron al autobús que circulaba en último lugar. La onda expansiva y la metralla hirieron de gravedad al teniente Francisco López Bescos y a otros treinta y seis miembros de la Guardia Civil. El teniente fue trasladado inmediatamente a la Clínica Clavijo de Logroño, donde falleció minutos después de ingresar. Del resto de guardias civiles, dos de ellos resultaron heridos de gravedad: el sargento primero Rafael Ruiz Ruiz y el agente Sebastián Fernández Macías. El resto fue distribuido entre diversos centros sanitarios de Logroño y algunos fueron trasladados a Zaragoza para ser intervenidos quirúrgicamente. Son los cabos primeros Francisco Méndez Pérez, Juan Molina Lara, Antonio Román Acebedo y Santiago Moriches Cintas; y los guardias civiles Tomás Parra Baena, Antonio Ruiz Peña, Jesús Cabello Sánchez, Antonio Muñoz López, Joaquín Lago Chica, Francisco Terrón Moreno, Francisco Valenzuela, Elías Romero Huerta, Fernando Gordillo Morales, Antonio Ruiz Peñas, Manuel Rengel Borrego, Santos Valseca Fernández, Miguel Pazo Majaron, Francisco Mata Camuñas, Manuel López González, Manuel Jiménez Gómez, Teodoro Cabana Lavera, Alfonso Rabadán Rodríguez, Jesús López Cruz, Bonifacio Bas Muñoz Hierro, Rafael Ocaña Pérez, Rafael Santana Cozar, José Alcázar Eslava, Antonio Romero Díaz, Rafael Heredia García, José Pérez Cabezas, Miguel Infante Luque y Andrés Sevilla.

Las diez cargas explosivas estaban colocadas a una distancia de cincuenta metros cada una, ocultas bajo tierra y piedras en un talud lateral junto al camino de obra que debían tomar antes de llegar a la autopista donde iban a realizar las prácticas de control de carretera. Cada una de las cargas explosivas estaba compuesta por cinco kilos de Goma 2 y amonal, más abundante metralla formada por tuercas, tornillos de gran volumen y piezas de hierro. En total fueron accionadas a distancia tres de las cargas que sumaban aproximadamente 15 kilos de explosivos. Las siete bombas que no llegaron a estallar fueron desactivadas posteriormente por las Fuerzas de Seguridad.

El funeral en memoria del teniente López Bescos se celebró al día siguiente, miércoles 23 de julio, en el patio de la Segunda Comandancia de la Guardia Civil de Logroño. La capilla ardiente se instaló al aire libre, donde tuvo lugar el acto religioso con la presencia de la viuda del teniente y sus cinco hijos. La nutrida representación de autoridades civiles y militares estaba encabezada por el ministro del interior, Juan José Rosón, y por el general Aramburu Topete, director de la Guardia Civil. Rosón tuvo que escuchar gritos contra su persona, que se extendieron en contra del presidente Suárez y contra la banda terrorista ETA.

Los ciento veinte guardias que viajaban en el convoy atacado estaban siendo preparados para cumplir su servicio de quince meses en el País Vasco. Un día después del funeral, cuatro mil personas se manifestaron en Logroño contra el terrorismo bajo el lema "Democracia, sí; Terrorismo, no". Al día siguiente por la tarde, la banda terrorista ETA reivindicó el atentado en un comunicado en el que se señalaba "que de seguir la intensa actividad policial desarrollada actualmente en el País Vasco la organización responderá, si es preciso, con fórmulas de combate desconocidas hasta ahora". La competencia propagandística entre bandas terroristas hizo que también el GRAPO, en llamada telefónica a la delegación de Logroño del diario La Gaceta del Norte, reivindicase el atentado. Sin embargo, las primeras investigaciones policiales a última hora del 22 de julio apuntaban a la banda terrorista ETA como autora del atentado, por la cantidad de explosivo utilizado, la técnica para accionarlo y la utilización de metralla con tornillos y tuercas (citado por Francisco J. Navarro en el blog Las palabras no caen en el vacío, 10/08/2008).

Apenas una semana después del atentado, el 1 de agosto de 1980, fue detenido Manuel María Pastor, quien presuntamente pasó información sobre las rutinas y movimientos de la Guardia Civil de Logroño a ETA militar. El seis de agosto de 1980, se detuvo a tres personas en Navarra. Uno de ellos, Iosu Goyeneche, cumplía en esos momentos el servicio militar en Logroño. Muy probablemente, la información para atentar salió del cuartel de Infantería de Logroño, como evoca José, el guardia civil de Albolote cuyo testimonio recoge Francisco J. Navarro en el blog citado. De los ciento veinte guardias en prácticas, un grupo estaba alojado en el Cuartel Móvil de la Guardia Civil y otro en Infantería, donde convivían los números en prácticas y los soldados que hacían la mili.

Por otra parte, "por la forma de proceder y el material utilizado" el atentado fue idea de Isidro María Garalde Bedialauneta, alias Mamarru, que se habría desplazado a Logroño con otros miembros de la banda terrorista, según se recoge en la página web de la Guardia Civil.

En 1983, la Audiencia Nacional condenó a Isidro Etxabe Urrestrilla como autor del atentado a una pena de 25 años de prisión mayor. En 1996 fue también condenado Juan Manuel Soares Gamboa a 206 años por su participación en el mismo atentado. El arrepentido Soares Gamboa declaró en la Audiencia Nacional que alquiló un piso franco en Logroño en 1980 donde alojó a un 'comando' de ETA, que preparó y ejecutó el atentado de Villamediana. Soares también facilitó a los etarras "palas para que escondieran el explosivo".

Francisco López Bescos, teniente de la Guardia Civil de 49 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Desde septiembre de 1975 estaba destinado en la Academia del Servicio Fiscal en Sabadell (Barcelona), donde impartía clases.

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 Ignacio Mateu Istúriz – Adrián González Revilla, guardias civiles asesinados por ETA el 26 de julio de 1986

IN MEMORIAM

Sobre las ocho de la mañana del 26 de julio de 1986, la banda terrorista ETA asesinaba en Arechavaleta (Guipúzcoa) al teniente de la Guardia Civil IGNACIO MATEU ISTÚRIZ y al agente ADRIÁN GONZÁLEZ REVILLA, mediante una bomba-trampa oculta entre la hierba en un campo próximo a la localidad guipuzcoana.

Esa madrugada miembros de la banda habían lanzado dos granadas anticarro de carga hueca contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Arechavaleta, que no causaron ni daños personales ni materiales. La primera, lanzada a las 6:40 horas, quedó a una distancia de unos cincuenta metros del cuartel. Miembros de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) del Instituto Armado acudieron a la zona a inspeccionar los alrededores y poco después encontraron, a una distancia de doscientos metros, la segunda de las granadas. Cuando inspeccionaban una zona de campo próxima al cuartel, estalló la bomba-trampa que alcanzó de lleno al guardia primero Adrián González y al teniente Ignacio Mateu. El primero falleció en el acto, pues la bomba le destrozó la cabeza. El teniente Mateu fue trasladado urgentemente en ambulancia al Hospital Ortiz de Zárate de Vitoria, pero no llegó a tiempo, falleciendo durante el trayecto al centro sanitario.

Horas antes de producirse estos atentados contra el cuartel de Arechavaleta, el cuartel de la Guardia Civil de Ordicia también fue objeto de otra acción terrorista que causó tres heridos leves que fueron atendidos en el mismo cuartel sin necesidad de que fuesen trasladados a ningún centro hospitalario. Una de las granadas penetró en un pabellón deshabitado que se encuentra en las proximidades del edificio, la segunda fue arrojada al patio del acuartelamiento, y las otras dos cayeron en un campo próximo.

Los funerales el teniente Mateu y el agente González se celebraron a las diez de la mañana del día siguiente en la base de los Grupos Antiterroristas Rurales en Logroño, donde quedó instalada la capilla ardiente.

El 9 de febrero de 2004 fue detenido en el sur de Francia el etarra Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, que participó presuntamente en el atentado en el que murieron el teniente Ignacio Mateu Istúriz y el guardia civil Adrián González Revilla. Condenado a 15 años en Francia, fue entregado temporalmente a España en marzo de 2010 para ser juzgado por diversos atentados cometidos en los años ochenta.

Adrián González Revilla había nacido en Cillamayor (Palencia) el 23 de noviembre de 1957, por lo que tenía 29 años cuando fue asesinado. Desde cinco años antes pertenecía a la Guardia Civil, cuatro de ellos en los GAR. Pertenecía, igual que su superior el teniente Mateu, al cuartel de los GAR de Logroño. Sus restos mortales fueron inhumados en Palencia.

Ignacio Mateu Istúriz, de 27 años y natural de Madrid, estaba soltero. Ingresó en la Guardia Civil en 1981, y desde tres años antes servía en los Grupos Antiterroristas Rurales, encuadrado en la unidad de Logroño. El teniente Mateu era uno de los siete hijos del magistrado suplente del Tribunal Supremo y último presidente del Tribunal de Orden Público, José Francisco Mateu Cánoves, asesinado a tiros por ETA el 16 de noviembre de 1978. El padre, que estaba amenazado por la banda desde antes de ser asesinado, le aconsejó que se alistara en otro cuerpo de las Fuerzas Armadas cuando Ignacio le comunicó que quería incorporarse a la Guardia Civil, porque "con uno en la familia que esté amenazado ya es suficiente" (ABC, 27/07/1986). Por no contradecirle, ingresó en la Academia Militar de Zaragoza. Tras el asesinato del padre, solicitó una gracia especial al rey Juan Carlos, que le fue otorgada: pidió su traslado a la Guardia Civil y lo enviaron al País Vasco. El mismo día de su asesinato, el teniente Mateu había preparado todo para trasladarse a Madrid, donde tenía previsto realizar un curso de idiomas durante dos años, causando baja temporal en el País Vasco, pero al enterarse del ataque con granadas a los cuarteles de la Guardia Civil, Mateu aplazó el viaje. El diario ABC contó que, el mismo día del asesinato, la familia Mateu hizo pública una nota en la que pedía que no hubiera representación de autoridades públicas durante la celebración de las exequias, y que sobre el féretro se pusiera una bandera de España sin escudo, porque ninguno representaba "la concordia nacional".

Su hermano Jaime habló en 2011 a propósito de la lucha contra el terrorismo:

La situación actual es muy mala. Lo que hay que hacer con los terroristas es ejercer presión policial y si en algún momento los etarras quisieran entablar algún tipo de diálogo, lo primero que tenían que hacer es ponerse en fila con todo su armamento. Y decir señores, aquí estamos y además venimos a pedir perdón a las víctimas. Yo personalmente no lo aceptaría. Yo ni perdono ni olvido, me debato entre mis firmes creencias religiosas, tendría que perdonar, pero no. Vivo sin odio y sin rencor, pero no perdono. Desearía que se planteara la cadena perpetua, porque hay supuestos asesinos, como el de mi padre, Henri Parot, que se deben pudrir en la cárcel porque estas personas son irrecuperables para la sociedad. Y rechazo todas las conversaciones que se han mantenido con los terroristas. Aquí tiene que haber unos ganadores y unos perdedores. Y entendemos que los perdedores tienen que ser los malos, los que asesinan. Por eso ahora mismo la situación es vergonzosa (El Norte de Castilla, 31/03/2011).

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 Carlos Pérez Dacosta, guardia civil asesinado por ETA el 28 de julio de 1991

IN MEMORIAM

A las 14:30 horas del 28 de julio de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba en Guecho (Vizcaya) al guardia civil CARLOS PÉREZ DACOSTA y hería gravemente al agente Francisco Aguilera Granados, al explotar un coche-bomba al paso del vehículo particular, sin distintivos oficiales, ocupado por los dos miembros del Instituto Armado.

El atentado se produjo en la confluencia de las calles Santa Ana y Amaya del barrio de Las Arenas, casi en el límite del núcleo urbano. Los terroristas aparcaron el coche-bomba, cargado con unos 20 kilos de explosivo y metralla, junto a una señal de stop donde el automóvil de los guardias civiles debía detenerse, y fue activado con un mando a distancia.

La explosión pudo escucharse desde poblaciones próximas y alcanzó de lleno a Carlos Pérez Dacosta, que ocupaba el asiento junto al conductor. El otro guardia civil, Francisco Aguilera Granados, que conducía el vehículo, resultó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital de la Seguridad Social de Cruces, en Baracaldo. Además resultaron heridos numerosos transeúntes, tres de los cuales también tuvieron que ser hospitalizados, y se produjeron cuantiosos daños materiales.

El vehículo empleado por los terroristas para fabricar el coche-bomba era un taxi de color marrón, matrícula de Bilbao, robado por dos personas a punta de pistola tres horas antes en la localidad vizcaína de Amorebieta. El propietario fue rescatado en el monte San Miguel, donde había sido abandonado atado a un árbol.

La banda terrorista había desencadenado una oleada de atentados contra los miembros de los cuerpos de seguridad y sus familiares en vísperas de la visita de los Reyes al País Vasco, prevista para los días 30 y 31 de julio de 1991. Dos días antes del atentado que le había costado la vida a Carlos Pérez Dacosta, ETA había intentado reproducir la matanza de la casa-cuartel de Vic del 29 de mayo de 1991, haciendo estallar un coche-bomba cargado con 60 kilos de amosal y metralla junto a la casa-cuartel de Irún (Guipúzcoa), donde residían un centenar de guardias civiles con sus familias. Cuatro agentes y doce familiares, entre ellos algunos niños, resultaron heridos por la potente explosión que se produjo de madrugada. Un día después, otro coche-bomba estallaba a las dos de la madrugada en el barrio de Amara de San Sebastián, al paso de un coche patrulla del Cuerpo Nacional de Policía. La fortuna quiso que los agentes resultaran ilesos.

Francisco Aguilera Granados, de 21 años, llevaba destinado en el País Vasco desde el 1 de noviembre de 1990. Resultó gravemente herido, pero consiguió recuperarse tras ser intervenido en el Hospital de la Seguridad Social de Cruces, en Baracaldo.

Carlos Pérez Dacosta, de 22 años, estaba destinado en el País Vasco desde el 1 de junio de 1990. Al día siguiente se celebró el funeral por su alma en la Iglesia de San José de Bilbao. Un segundo funeral se celebró en su pueblo natal, donde fueron trasladados sus restos mortales para ser inhumados.

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 Moisés Cordero López y Antonio Pastor Martín, guardias civiles asesinados por ETA, 29 de julio de 1979

IN MEMORIAM

En torno a las once menos cuarto de la noche del 28 de julio de 1979, miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban desde un Peugeot 404 la casa cuartel de la Guardia Civil en el barrio donostiarra de Herrera, alcanzando a tres agentes. Dos de ellos, el brigada MOISÉS CORDERO LÓPEZ y el agente ANTONIO PASTOR MARTÍN fallecieron horas después, el 29 de julio de 1979, en la residencia Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Un tercer guardia civil, José Álvarez Hillos, resultó herido, pero logró salir adelante.

El automóvil Peugeot 404 utilizado por los etarras para cometer el atentado fue encontrado al día siguiente en el barrio donostiarra de Alza en San Sebastián. En su interior aparecieron varios casquillos de fusil Cetme y del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. El vehículo presentaba varios impactos de bala en la parte izquierda del cristal trasero.

El atentado fue reivindicado el 30 de julio por ETA militar, en el mismo comunicado en el que se atribuía el asesinato de los policías nacionales Emilio López de la Peña y Miguel Ángel Saro Pérez y el tiroteo a dos guardias civiles de Tráfico en Pamplona, que resultaron heridos. Ese fin de semana se produjeron otros atentados, sin víctimas mortales, en el País Vasco y Navarra. En Pamplona, dos policías resultaron conmocionados al intentar desactivar una bomba colocada en una de las ventanas de un antiguo cuartel deshabitado de la Policía Nacional. Un artefacto colocado en las taquillas del puente colgante de Portugalete produjo daños materiales en las viviendas cercanas. Y en el barrio de Urioste de Bilbao, los ocupantes de un vehículo intentaron atropellar a dos guardias civiles que se encontraban en un control de carretera.

Moisés Cordero López, brigada de la Guardia Civil, recibió seis impactos de bala y falleció a las tres y media de la madrugada en la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Tenía 51 años, estaba casado, y era padre de tres hijos de 21, 19 y 11 años. Fue enterrado en el pueblo onubense de Encinasola, donde pasó su infancia y juventud. Estaba destinado en el cuartel de Herrera desde el 1 de julio.

Antonio Pastor Martín, agente de la Guardia Civil de 24 años, falleció la tarde del domingo 29 de julio de 1979 tras varias intervenciones quirúrgicas y transfusiones de sangre. Había ingresado en la Guardia Civil el 15 de febrero de 1979 y llevaba sólo dos días destinado en el cuartel de Herrera. Antonio Pastor estaba casado.

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 Juan Luna Azol, guardia civil asesinado por ETA, junto a 7 personas más. 29 de julio de 1979

IN MEMORIAM

La ofensiva iniciada por ETA militar el día anterior en Bilbao y San Sebastián, con el asesinato de dos policías y dos guardias civiles, la continuó el 29 de julio de 1979 en Madrid la rama político-militar de la banda asesina con una cadena de atentados indiscriminados en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín que dejarían siete víctimas mortales y más de cien heridos.

En sólo catorce minutos la banda terrorista ETA sembró el caos, el pánico y el terror en Madrid. Resultaba ciertamente paradójico que una de las ramas de ETA asesinaba para oponerse al Estatuto de Guernica, mientras la otra ponía en marcha su campaña de "Con el Estatuto, los presos a la calle" con tres bombas consecutivas en Madrid.

La primera de ellas explotaba a las 13.01 horas en la consigna de equipajes de llegadas nacionales del aeropuerto de Barajas de Madrid, causando la muerte en el acto de JOSÉ MANUEL AMAYA PÉREZ, delegado del equipo de submarinismo de Tenerife que se disponía a coger un avión de vuelta a la isla tras participar en un campeonato en Oviedo. Se trataba de una maleta-bomba, cargada con seis kilos de amonita, situada cerca de la pared interior de la consigna contigua a los servicios. Varios miembros del equipo de submarinismo resultaron alcanzados por la onda expansiva y heridos de gravedad: Francisco Rodríguez, Luis Ulé y Juan Antonio Galindo. Otras cuatro personas también resultaron gravemente heridas.

Pocos minutos más tarde, a las 13:11 horas de la tarde, explotaba otra bomba, esta vez colocada en las taquillas automáticas de la estación de Chamartín, causando la muerte en el acto de la estudiante danesa DOROTHY FERTIG, que fue decapitada por la onda expansiva. La maleta llena de explosivos, igual que la de Barajas con unos seis kilos de amonita, estaba en una de las taquillas automáticas del armario central de la consigna, junto a la sala de espera llena de viajeros y muy cerca de las cafeterías de la planta baja. La explosión provocó medio centenar de heridos. Casi todos los heridos fueron trasladados al Hospital de La Paz. Uno de ellos, el joven atleta José Manuel Juan Boix, falleció casi tres semanas después, el 18 de agosto de 1979. Hubo, además, cuantiosos daños materiales, y el servicio ferroviario tuvo que ser interrumpido durante horas.

Cuatro minutos después, a las 13.15 horas, una tercera bomba explotaba en la oficina de facturación de coches-cama en la estación de Atocha, detrás de la caseta de información a los viajeros y, como las otras dos, en una cabina de consigna de equipajes. La explosión provocó la muerte en el acto del guardia civil JUAN LUNA AZOL, del ama de casa GUADALUPE REDONDO VIAN, y la del joven JESÚS EMILIO PÉREZ PALMA, que falleció pocas horas después en la residencia sanitaria Primero de Octubre. El marido de Guadalupe, Dionisio Rey Amez, falleció cuatro días después, el 2 de agosto. También resultó herida grave la hija de ambos. Esta tercera explosión provocó más de cuarenta heridos, alguno en estado grave o muy grave, que fueron trasladados al Hospital Primero de Octubre.

A partir de ese momento el caos y la confusión de los instantes iniciales dieron paso a la movilización de efectivos sanitarios y de ciudadanos particulares que acudían masivamente a la llamada de las emisoras de radio pidiendo sangre. La respuesta ejemplar de los madrileños hizo que se cubriesen enseguida las necesidades y que las emisoras de radio tuviesen que pedir que no acudiese nadie más a los hospitales.

Barajas, Chamartín y Atocha temblaron con unos seis kilos de explosivos de alta velocidad que, en los tres casos, se había colocado en maletas con temporizadores. Los tres atentados dejaron un saldo de siete muertos (dos de ellos en días posteriores) y ciento trece heridos, algunos muy graves, que se repartieron entre La Paz, Primero de Octubre, el Francisco Franco y la casa de socorro de Retiro-Mediodía. Veinte heridos menos graves fueron atendidos en el botiquín de las instalaciones de Renfe.

La banda asesina ETA, viendo los resultados del triple atentado, intentó trasladar la responsabilidad de los asesinatos a las autoridades alegando que se había avisado a la agencia Euskadi Press. Efectivamente, hubo un aviso apenas una hora antes a la agencia vasca. La agencia avisó a la Policía y, a las 12:40 horas, a la Agencia Efe, indicándoles que iban a facilitarles un comunicado. A continuación pasaron una grabación en donde se oía una voz de hombre que, precipitadamente, decía: "ETA, organización armada para la revolución vasca, en su segunda fase de la operación, hoy, 29 de julio de 1979, entre las doce y las catorce horas harán explosión tres bombas en Madrid: en Barajas, Chamartín y Atocha". No hubo tiempo de desalojar las instalaciones amenazadas. Además, en aquellas fechas se recibían, sólo en Madrid, entre quince y veinte falsas amenazas de bomba.

El triple atentado provocó la indignación de los ciudadanos, los políticos y los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. La prensa francesa condenó duramente los atentados, especialmente la de derechas, y lo mismo hizo la alemana. El impacto fue tremendo. El Gobierno estuvo reunido todo el día, mientras llovían las condenas. Ramón Rubial, dirigente socialista español, presidente del PSOE hasta su muerte en 1999 y primer lehendakari vasco de la etapa preautonómica en el Consejo General Vasco, declaró desde Asturias: "Sólo hay una manera de liquidar a ETA: lo que hizo Francia con la OAS", aunque luego matizó: "esto no lo puede decir ningún demócrata".

La presión sufrida hizo que el 2 de agosto ETA político-militar anunciase su decisión de parar su "lucha armada", al tiempo que daba información sobre varias bombas colocadas en Sitges, Salou y Alicante que todavía no habían explotado.

Juan Luna Azol, guardia civil retirado de 53 años. Fue una de las cuatro víctimas mortales que provocó la bomba que estalló en la estación de Atocha

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Carlos Enrique Sáenz de Tejada García y Diego Salvá Lezáun, guardias civiles asesinados por ETA el 30 de julio de 2009

IN MEMORIAM

El 30 de julio de 2009 la banda terrorista ETA asesinaba en Palma de Mallorca, mediante una bomba-lapa en los bajos de un todoterreno del Instituto Armado, a los guardias civiles CARLOS ENRIQUE SÁENZ DE TEJADA GARCÍA y DIEGO SALVÀ LEZÁUN. El vehículo estaba aparcado frente a un edificio que sirve de sede a la Policía Local, Correos y la Oficina de Denuncias de la Guardia Civil situado en la zona turística de Palmanova. Poco antes de las 14:00 horas, los dos agentes se subieron al coche oficial y, en el momento en el que lo pusieron en marcha, el explosivo se activó por el movimiento. Los dos jóvenes murieron en el acto, destrozados por la potente explosión, convirtiéndose en las dos primeras víctimas mortales en la isla. El atentado se produjo dos días antes de la llegada de los Reyes.

Ambos guardias civiles iban de paisano, trabajaban en labores de mantenimiento y estaban de servicio en el momento de la explosión. El vehículo de la Guardia Civil, que quedó reventado, estaba aparcado desde las diez de la mañana en un lugar cercano al cuartel. Carlos y Diego habían circulado en su coche durante la mañana, a las diez pararon en el cuartel y, al reemprender el camino, a las dos menos diez, explosionó el artefacto. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que en el intervalo de la parada fuese colocada la bomba, preparada para que explotara cuando el vehículo se moviese. Sin embargo, investigaciones posteriores han llevado a la Policía a plantearse la posibilidad de que hubiese sido colocada con bastante tiempo de antelación.

La dependienta de una farmacia cercana relató que la explosión había sido bestial, haciendo eco en la playa. La detonación se pudo escuchar a varios kilómetros de distancia de Palmanova, una zona turística de Calviá. El director del Hotel Cas Saboner, situado a unos cien metros del cuartel de la Guardia Civil, no olvidará lo que vio en el lugar del atentado: un cuerpo en el exterior del vehículo, agentes saliendo de las dependencias del cuartel para apagar las llamas con un extintor... Tras el atentado, cientos de personas permanecieron recluidas por el cordón policial en hoteles y viviendas.

Horas más tarde, artificieros de la Guardia Civil localizaron una segunda bomba-lapa adherida a un todoterreno de la Benemérita a medio kilómetro de donde acababan de ser asesinados Carlos y Diego. Estaba colocada en un vehículo del Instituto Armado aparcado junto al cuartel viejo de Palmanova. Ante la dificultad a la hora de desactivarla, se optó por hacerla explotar. Afortunadamente, el vehículo estaba averiado y no había sido utilizado en todo el día

Era el segundo atentado de la banda en menos de 48 horas. El día antes, de madrugada, la banda asesina hizo explotar una furgoneta-bomba con casi 300 kilos de amonitol frente a la casa-cuartel de Burgos. Cuando explotó, dormían en su interior ciento diecisiete personas, entre ellas cuarenta y un menores. Milagrosamente no hubo víctimas mortales, pero sí sesenta y cuatro heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Sí consiguieron asesinar en Palma de Mallorca, un día antes de que se cumpliesen los 50 años del nacimiento de la banda asesina, cuando la banda terrorista remitió una carta al presidente del Gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre.

El lehendakari, Patxi López, escribió en su blog una advertencia clara para los terroristas: "Que se preparen ahora para el más frío invierno de sus vidas". La izquierda proetarra reiteró su discurso habitual cuando ETA asesina: "La derrota militar de ETA sencillamente no es posible y así se ha demostrado a lo largo de los 50 años de su existencia (...) el conflicto político no puede ser reducido a un problema antiterrorista".

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores británico colgó en su página web una nueva advertencia a sus ciudadanos con respecto a España en la que avisaba del "alto riesgo de terrorismo en España" debido a los dos últimos atentados de ETA perpetrados en Burgos y Mallorca, y advertía de que "los ataques pueden ser indiscriminados, incluso en lugares frecuentados por visitantes extranjeros". Diez días después del asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil, la banda terrorista volvió a sembrar el pánico y el caos en Mallorca haciendo explotar cuatro artefactos de escasa potencia en establecimientos comerciales y hosteleros de Palma.

A día de hoy, sigue sin saberse quiénes fueron los autores materiales del atentado. Sí se sabe quién lo planeó: Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias Ata, uno de los terroristas más sanguinarios de la historia reciente de ETA. Él se encargó personalmente, desde Francia, de planearlo y de diseñar la operación, además de entrenar en los montes franceses al grupo que lo ejecutó. Todo ello, según fuentes de inteligencia, a espaldas de la cúpula militar de ETA que, desde la ruptura de la tregua en 2007, estaba sumida en una guerra entre los más radicales, capitaneados por Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y el propio Ata, y los partidarios de un final negociado de la actividad de la banda, con Javier López Peña, alias Thierry, a la cabeza. Ni siquiera la detención de Ata en mayo de 2010 consiguió despejar las incógnitas sobre quiénes fueron los autores materiales del asesinato de los dos guardias civiles. Sí se sabe que los ejecutores del atentado disponían de detonadores que podían colocarse con más de un año de antelación, por lo que la Policía baraja la hipótesis de que los terroristas abandonaron la isla antes de matar a Carlos y Diego y antes de que explotasen, diez días más tarde, las bombas en restaurantes y puntos turísticos de Palma. Además, se sabe que esos detonadores de orden anticipada se pueden utilizar también con bombas lapa (Diario de Mallorca, 27/04/2011).

Carlos Sáenz de Tejada García tenía 28 años cuando fue asesinado, Carlos estaba soltero y dio muestras, desde joven, de su vocación por servir en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tras finalizar sus estudios secundarios, intentó acceder al Cuerpo Nacional de Policía, pero no consiguió superar las pruebas de acceso. Como solución alternativa, con veinte años se incorporó al Ejército. Su primer destino fue la Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares (Madrid), siendo adscrito posteriormente a la Unidad de Transmisiones I en el acuartelamiento de Castrillo del Val (Burgos). Le gustaba su trabajo en el Ejército, pero por limitaciones legales no pudo permanecer más tiempo en ese puesto. Por ello decidió preparar las oposiciones para incorporarse a la Guardia Civil, cosa que hizo en febrero de 2008. En julio fue destinado a Mallorca, como agente en prácticas, en el cuartel de Calviá. Unos días antes de ser asesinado se le había asignado como destino oficial ese mismo puesto. "Carlos no tenía miedo al terrorismo. Quería ir destinado al País Vasco, pero después de varios meses en Mallorca le gustó ese destino", dijo su primo Guzmán Ortega (El País, 31/07/2009). Sus restos mortales fueron trasladados a Burgos y cientos de burgaleses asistieron a su funeral, que terminó con un prolongado aplauso de los asistentes. El Ayuntamiento de Burgos acordó poner su nombre a una calle de la ciudad y nombrarle hijo predilecto.

Diego Salvà Lezáun tenía 27 años cuando fue asesinado. Cuando tenía tres años se trasladó con su familia a Palma de Mallorca, ciudad donde creció y vivió siempre. Hijo de Montserrat Lezáun Portillo y del urólogo Antonio Salvà Verd, era el segundo de siete hermanos. Estaba soltero, pero tenía novia desde seis años antes de ser asesinado. Pese a vivir en Palma desde pequeño, era el más 'rojillo' de la familia, "un tío que daba todo por su honor y por su equipo, Osasuna". Además, era un apasionado de las motos y un gran deportista, con un carácter luchador y vitalista. Estudió en el instituto Juan Alcocer de Palma y su sueño era ser guardia civil, algo que le venía de familia, pues su abuelo, Pedro Portillo, fue agente de la Benemérita. Ingresó en la Guardia Civil en agosto de 2008. Poco después, en marzo de 2009, sufrió un gravísimo accidente de moto que le mantuvo en coma veintitrés días por un traumatismo craneoencefálico severo. Posteriormente tuvo que superar una larga convalecencia, por lo que estuvo varios meses ausente de su destino profesional en Palma, al que estaba asignado desde enero de 2009 como agente en prácticas. Su recuperación puede decirse que fue milagrosa. Su hermano Eduardo contó que "de pronto, despertó y le pidió a una de mis hermanas que le sentase en la cama. Y, a partir de ese día, todos los hermanos nos relevábamos, cada cinco horas, y le enseñamos, de nuevo, a gatear, a andar, a comer, a hablar, a todo. Era como criar a un bebé. Fue bestial. Piense que Diego era un toro. Pesaba ochenta y cinco kilos y, tras el accidente, perdió veinticinco. Una vez recuperado, pasó nuevas pruebas en la Guardia Civil y supongo que, de momento, iban a destinarlo al papeleo. ¿Sabe qué pienso? Que Dios le concedió una prórroga. Le dijo: 'Baja otra vez, despídete y vuelve a subir. Aquí te espero'. No creo que nadie haya tenido los veintisiete años tan hermosos y felices que ha tenido Diego" (El Periódico de Catalunya, 30/08/2009). Fue asesinado justo el día que volvía al trabajo tras el período de baja médica.

Con Carlos y Diego suman tres el número total de víctimas mortales que la actividad criminal de ETA dejó en el año 2009, tras el asesinato el 19 de junio en Arrigorriaga (Vizcaya) del policía nacional Eduardo Puelles García.

El 5 de diciembre de 2009 Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada fueron homenajeados por el Ayuntamiento de la ciudad en la que fueron asesinados. El alcalde Carlos Delgado entregó a los padres la Medalla de Oro de Calviá, donde dos calles llevan el nombre de ambos guardias civiles. Montserrat Lezáun y Esther María García, madres de los agentes asesinados, descubrieron las placas de las calles con los nombres de sus hijos.

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 Rafael Gil Marín y Enrique Rúa Díaz, guardias civiles asesinados por ETA el 31 de julio de 1983

IN MEMORIAM

A las cinco de la tarde del domingo 31 de julio de 1983, los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en Guetaria (Guipúzcoa) a los guardias civiles RAFAEL GIL MARÍN y ENRIQUE RÚA DÍAZ, adscritos a la Comandancia de Zarauz. Los guardias se encontraban de paisano en el puerto de Guetaria en tareas de vigilancia de dos embarcaciones capturadas hacía cinco semanas en una operación contra el contrabando de tabaco americano. Las lanchas habían sido aprehendidas por el servicio de información fiscal de la Guardia Civil en la ría de Deba y trasladadas al puerto de Guetaria.

El agente Rafael Gil se encontraba en el interior de un coche Seat 131, en el asiento situado junto al conductor, con el respaldo reclinado cuando fue asesinado. Su compañero, Enrique Rúa, que estaba en traje de baño, apareció junto al coche, en el borde de uno de los diques del puerto. Al parecer, se encontraba sentado de espaldas al vehículo, mirando al mar y dispuesto a darse un chapuzón. Uno de los terroristas disparó contra Enrique a quemarropa con una escopeta, mientras el segundo tiroteaba con una pistola a Rafael. Los dos murieron en el acto.

La zona estaba muy concurrida de visitantes por ser un día propicio para comer en los restaurantes cercanos al puerto, pero nadie quiso aportar datos para reconstruir con exactitud los hechos e identificar a sus autores. A los pocos minutos de producirse el atentado, fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil establecieron controles en las carreteras de acceso a San Sebastián, así como en la autopista Bilbao-Behobia.

Poco después de producirse el atentado se presentó en el lugar de los hechos el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, acompañado por el concejal socialista del Ayuntamiento de San Sebastián, Carlos García. Sin embargo el médico forense y el juez tardaron más de cuatro horas en presentarse, por lo que los cadáveres permanecieron en el lugar donde fueron asesinados cubiertos con mantas hasta las nueve de la noche.

Los actos fúnebres, a los que también asistió el ministro del Interior, José Barrionuevo, se desarrollaron en un ambiente de una enorme emoción. El trayecto entre la casa cuartel y el templo donde se ofició el funeral fue cubierto a pie y la comitiva transcurrió por la calle central de Zarauz, entre hileras de personas en respetuoso silencio. En un momento se pudieron oír las palabras de la viuda de una de las víctimas preguntando entre sollozos: "¿Por qué, por qué? Son personas como vosotros". El clima de indignación contenida en el que se desarrolló la ceremonia religiosa explotó al final a la salida del templo, dando lugar a escenas emotivas protagonizadas por los familiares de las víctimas. Algunos de los asistentes reclamaron la adopción, por parte del Gobierno, de medidas más enérgicas en la lucha antiterrorista. Hubo gritos esporádicos de "Justicia", "más dureza", "más palo. Una de las viudas se dirigió al ministro pidiéndole entre sollozos: "Haga algo, señor; o habrá más muertos". Un grupo de personas reprochó en voz alta que Carlos Garaikoetxea, presidente del Gobierno vasco, no asistiese al funeral. Varios centenares de personas esperaban en los alrededores la salida de los féretros antes de ser trasladados a sus localidades natales

Rafael Gil Marín tenía de 30 años estaba casado y era padre de tres hijos, dos niños y una niña. Llevaba destinado en el cuartel de Zarauz desde el 31 de marzo de 1983.

Enrique Rúa Díaz tenía 27 años, estaba casado y era padre de una niña. Estuvo destinado en Pamplona hasta el 1 de julio de 1982, cuando pasó a la Agrupación de Tráfico de Guipúzcoa. Posteriormente fue trasladado a Zarauz.

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 Miguel Ángel de la Higuera López, guardia civil asesinado por ETA, fallecido el 31-julio-1986

IN MEMORIAM

El 31 de julio de 1986 fallecía en el Hospital Provincial de Madrid, tras varios días de agonía, el guardia civil MIGUEL ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ, que había resultado herido de gravedad en el atentado perpetrado por ETA el 14 de julio en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Era la víctima número once del brutal atentado.

Miguel Ángel de la Higuera López, de 20 años de edad, llevaba cuatro meses en la Guardia Civil. Era el menor de una familia humilde de siete hermanos. Además, era un gran aficionado a las motos, por lo que le conocían con el alias de Ángel Nieto, su ídolo. Fue enterrado en Alfacar el 1 de agosto.