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Guardias civiles asesinados por ETA
MAYO-Guardias civiles asesinados por ETA
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- Categoría padre: España bajo el terror de ETA
- Categoría: Guardias civiles asesinados por ETA
- Publicado el Domingo, 03 Julio 2016 22:50
- Escrito por Antonio Mancera
MAYO- Relacion de Guardias civiles asesinados por la benda terrorista ETA
Antonio Peña Solís y José Miguel Maestre Rodríguez, guardias civiles asesinados por ETA el 2 de mayo de 1979
IN MEMORIAM
El miércoles 2 de mayo de 1979 ETA asesinaba en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a los guardias civiles ANTONIO PEÑA SOLÍS y JOSÉ MIGUEL MAESTRE RODRÍGUEZ.
A las once y media de la mañana, como hacían diariamente, Antonio y José Miguel se dirigieron a la estafeta de Correos para recoger la correspondencia del cuartel. Iban vestidos de paisano en un coche particular. Era miércoles, día de mercado en la localidad, lo que obligaba a los coches a circular muy despacio. Cuando el vehículo se encontraba en la calle Mayor, dos etarras le salieron al paso. Uno de ellos, con una metralleta, se colocó delante del turismo y disparó una primera ráfaga. Después disparó una segunda ráfaga desde el costado derecho. A continuación se montaron en un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista y huyeron del lugar.
El coche utilizado por los etarras había sido robado a punta de pistola en Beasain a las ocho de la mañana. Al propietario lo dejaron maniatado con una cadena en el cementerio de la localidad. Un vecino oyó sus gritos pidiendo socorro y avisó a la Guardia Civil, que procedió a liberarle.
Antonio y José Miguel fueron trasladados a la Clínica de San Miguel en Beasain, donde ingresaron cadáveres. Tenían más de una docena de impactos de bala en el cuerpo.
Al día siguiente, jueves 3 de mayo, se celebró en el Hospital Militar de San Sebastián el funeral por sus almas. A la ceremonia religiosa, que fue oficiada por el capellán castrense, asistieron los padres de ambos guardias civiles, así como el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal, el presidente de la Diputación, Javier Cinzarna, y autoridades civiles y militares.
El mismo día el Ayuntamiento de Ordicia acordó expresar su profundo sentimiento de condena por el atentado perpetrado contra los guardias civiles. En la votación se abstuvieron los concejales de Euskadiko Ezkerra, mientras que los cuatro de Herri Batasuna abandonaron la sala.
Tras el funeral, compañeros de las víctimas llevaron a hombros los féretros, cubiertos por una bandera nacional, hasta el patio del hospital, donde se encontraban los furgones para trasladarlos hasta sus localidades natales.
Antonio Peña Solís, Tenía 26 años y estaba soltero.
José Miguel Maestre Rodríguez tenía 27 años. Estaba casado sin hijos.
Pablo Fernández Rico, guardia civil asesinado por ETA 2 de mayo de 1982
IN MEMORIAM
A las diez menos cuarto de la mañana del domingo 2 de mayo de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad vizcaína de Ondárroa al guardia civil PABLO FERNÁNDEZ RICO cuando custodiaba la casa cuartel de esa localidad vizcaína. Un terrorista se aproximó caminando y, cuando estuvo suficientemente cerca del guardia civil, le disparó tres tiros que le alcanzaron en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. En las inmediaciones del lugar del atentado la Guardia Civil encontró tres casquillos 9 milímetros parabellum marca FN Geco.
Pablo quedó recostado en el suelo, junto a un árbol, mortalmente herido. Trasladado en una ambulancia del cuerpo a la ciudad sanitaria de Cruces en Baracaldo, falleció cuando los médicos se preparaban para intervenirle quirúrgicamente.
Un comunicado de ETA militar había declarado "blancos privilegiados" los cuarteles, comisarías y casas cuartel. Los exteriores de esos edificios reforzaron su vigilancia en previsión de que se produjeran ataques con lanzagranadas. El guardia civil asesinado ejercía precisamente estas funciones de vigilancia cuando fue sorprendido y asesinado por la banda terrorista ETA.
El director de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, y el general jefe de la V Zona, el general Cereceda, se trasladaron por la tarde de ese mismo domingo 2 de mayo a Bilbao para asistir al funeral que se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya. Al funeral presidido por el ministro del Interior, Juan José Rosón, asistió su viuda, María Ángeles Carretero, que estaba embarazada de su tercer hijo. Posteriormente, el cadáver de Pablo fue trasladado a Badajoz por vía aérea, y de ahí fue llevado por carretera a Santa Marta de los Barros, localidad natal de su viuda donde fue enterrado.
Por este asesinato sólo fue condenado en 1984 José Ramón Larrinaga Celaya, alias Cristo, como encubridor de los autores materiales del asesinato, a 12 años de prisión mayor. De aquellos se sabe que pertenecían al grupo Gorrochategui de ETA, que en esa época lo formaban Larrinaga, Carmen Guisasola Solozábal, alias Lourdes, y José Francisco Rementería Barruetabeña, alias Patxi Rementería. El Gorrochategui actuó en las comarcas del Duranguesado y Guernica con ataques constantes a la Guardia Civil, hasta su desarticulación en 1983 con la detención de Larrinaga. Rementería fue uno de los deportados por Francia a Cabo Verde en 1989, tras el fracaso de las conversaciones de Argel y al no ser solicitada su extradición a España. Tras siete años en la isla, huyó a Cuba en enero de 1996 y de ahí se reintegró en la banda terrorista. En 1997, dentro del grupo Donosti, fue responsable de varios asesinatos, como el de los concejales del PP José Luis Caso y Miguel Ángel Blanco. Rementería falleció el 7 de agosto de 2000 al explotar el artefacto explosivo que transportaba en un coche con el que iban a cometer un atentado. Consecuencia de la explosión también murieron los etarras Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia.
La viuda y la hermana de Pablo, Rosario, hicieron declaraciones al diario Hoy.es en abril de 2006. Reconocían que la situación de las víctimas había mejorado en los últimos años, pues ahora existía más apoyo y más reconocimiento social. "Antes morían como bichitos, y los enterraban sin ningún honor" expresaba gráficamente Rosario. María Ángeles declaró que ni perdonaba ni olvidaba: "No he educado a mis hijos en el rencor, pero no puedo perdonar", señalaba, al tiempo que mostraba su estupor porque las madres de los presos etarras se quejasen de que no podían ver a sus hijos más que una vez al mes y no se diesen cuenta de que los familiares de las víctimas de ETA ya no los van a ver nunca más. "Mis hijos ni siquiera han conocido a su padre".
Pablo Fernández Rico tenía 29 años y estaba casado, tenía dos hijos, Pablo y José Ángel, de tres y un año. Su mujer estaba embarazada del tercero. Pertenecía a la 222 Comandancia de la Guardia Civil con sede en Badajoz. Era el séptimo hijo de una familia con ocho hermanos, cuyo padre también era guardia civil. Hacía ya algún tiempo había sido destinado, con carácter temporal, al cuartel de Ondárroa, perteneciente a la Comandancia de Vizcaya, para reforzar su vigilancia. Su hijo Pablo también se hizo guardia civil. Ingresó en el Instituto Armado y se casó en 2006 vistiendo el uniforme y el tricornio de gala de su padre. Tanto en Villar del Rey como en Santa Marta de los Barros hay sendas calles con el nombre del guardia civil asesinado. Su viuda tardó diecinueve años en recibir la indemnización como víctima del terrorismo.
José Manuel García Fernández, guardia civil asesinado por ETA el 3 de mayo de 1997
IN MEMORIAM
A las 21:40 horas del sábado 3 de mayo de 1997 un terrorista entró a cara descubierta en la Marisquería El Puerto, en Ciérvana (Vizcaya), a 20 kilómetros de Bilbao. Tras gritar "¡Al suelo!" disparó un tiro en la nuca del guardia civil JOSÉ MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ, que en ese momento tomaba unas tapas en compañía de su esposa en la barra del restaurante. El terrorista huyó en un coche que le esperaba fuera con el motor en marcha y conducido por otro etarra. En cuestión de segundos, ambos desaparecieron del lugar en dirección a Santurce.
En el pequeño embarcadero la noticia se fue extendiendo poco a poco entre los restaurantes cercanos al del atentado, abarrotados de gente cenando tanto en su interior como en las terrazas, lo habitual en el Puerto de Ciérvana todos los sábados por la noche. Miembros de la Guardia Civil y la Ertzaintza acordonaron la zona y establecieron controles de identificación de decenas de coches particulares que, poco a poco, fueron abandonando el lugar.
Al día siguiente se le realizó la autopsia a José Manuel en el Instituto Anatómico Forense del Hospital de Basurto y, a media mañana, se instaló la capilla ardiente en la sede del Gobierno Civil.
Tres días después, la banda etarra estuvo a punto de provocar una masacre en la base militar de Araca, en Vitoria. Varios terroristas secuestraron al que abastecía de pan al acuartelamiento y, utilizando su vehículo, accedieron al recinto con carnés de identidad falsos.
Colocaron dos bombas y una de ellas llegó a estallar. No causó víctimas mortales a pesar de que en el lugar había decenas de personas, entre ellas niños de corta edad. El aviso de colocación no llegó con la suficiente antelación como para poder evacuar correctamente el recinto.
En 2001 la Audiencia Nacional condenó a Asier Uribarri Benito y a Lander Maruri Basagoiti a 16 años de prisión como cómplices del asesinato de José Manuel García. Asier Uribarri Benito, natural de Portugalete, tenía residencia en Calanda (Teruel) y trabajaba en la central térmica de Endesa en Andorra cuando fue detenido en enero de 1998. La información que recabaron se la dieron a miembros del grupo Donosti, autores materiales del asesinato. Dos de ellos, Salvador Gaztelumendi Gil, alias Andoni, y José Miguel Bustinza Yurrebaso, alias Iván, resultaron muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1997. El tercer etarra que participó en el atentado estaba fugado en el momento de la celebración del juicio en 2001.
José Manuel García Fernández llevaba quince años destinado en acuartelamientos del País Vasco. En el momento de su asesinato estaba destinado en el cuartel de Sanfuentes, en Gallarta, muy cerca de Ciérvana. El cuartel albergaba a once familias de guardias civiles que estaban muy integradas en el pueblo. Un agente comentó que él mismo llevaba a su hija "a la escuela, y sus compañeros saben que soy guardia civil. Aquí no tenemos problemas. Estamos consternados". Tenía 43 años y estaba casado.
Antonio de Frutos Sualdea, guardia civil asesinado por ETA el día 3 de mayo de 1976
IN MEMORIAM
A las nueve y media de la mañana del lunes 3 de mayo de 1976 el cabo primero de la Guardia Civil ANTONIO DE FRUTOS SUALDEA fallecía en Legazpia (Guipúzcoa) como consecuencia de las heridas provocadas por la explosión de un artefacto que alcanzó de lleno al vehículo en el que viajaba.
La ejecución del atentado incluyó la utilización, por parte de la banda terrorista, de una ikurriña como cebo. A primera hora de la mañana de ese día, un sargento y tres números de la Benemérita se dirigieron en un Seat de color azul hacia el embalse de Urtatxa, situado a unos dos kilómetros de Legazpia, en cuyo muro de contención, hacia la mitad del mismo, habían colocado una ikurriña. La bandera, de un metro ochenta centímetros, se encontraba atada a un mástil, y junto a ella había un paquete que se pensó que podría tratarse de un artefacto explosivo.
Una vez realizado el reconocimiento oportuno, cuatro miembros de la Guardia Civil se dirigieron en el coche hasta el cuartel de Legazpia donde informaron del hecho a sus superiores. En el mismo vehículo volvieron al embalse el cabo primero de la Guardia Civil Antonio de Frutos y otros dos guardias civiles. Mientras estaban en el embalse, informaron a Antonio de que sobre las cinco de la madrugada un artefacto había destruido el coche de Antonio Triguero, gerente de un establecimiento hotelero.
Antonio ordenó a los dos guardias que permanecieran junto a la ikurriña para evitar que se acercara alguna persona a la misma y resultara herida por la bomba que estaba adosada a la misma, mientras él iba al cuartel para informar de la otra explosión. Llevaba apenas recorridos unos doscientos metros desde el lugar donde estaba situada la bandera, cuando su coche fue alcanzado de lleno por otro artefacto explosivo. El vehículo quedó completamente destrozado y Antonio falleció en el acto. Su cuerpo fue catapultado a más de diez metros del lugar de la explosión. "No me dejaron ver el cadáver. Me dijeron que estaba destrozado", contó su viuda.
El lugar donde ocurrió la explosión era un camino en pendiente, que estaba sin asfaltar, por donde sólo podía pasar un vehículo. La bomba, compuesta por Goma-2, estaba colocada en un lateral del camino, a un metro de altura, y fue accionada desde un lugar próximo.
En la investigación posterior se halló un cable que llegaba hasta las proximidades de un caserío abandonado, situado a unos cien metros del lugar de la explosión, donde, muy posiblemente, fue conectado el artefacto por medio de un detonador de pilas. El paquete que se encontraba junto a la bandera fue explosionado poco después de forma controlada por la propia Guardia Civil.
Nada más producirse el atentado terrorista comenzó un gran despliegue de fuerzas por el monte para intentar detener a los autores, búsqueda que se reforzó con un helicóptero y con fuertes controles de carretera.
El 4 de mayo se instaló la capilla ardiente en el cuartel de la Guardia Civil de Legazpia y a las once de la mañana del miércoles 5 de mayo se celebró un funeral en Nuestra Señora de la Asunción de Legazpia, donde al final de la misma le fueron impuestas a Antonio las medallas del mérito policial y militar. Posteriormente su féretro fue trasladado a su localidad natal.
Antonio de Frutos Sualdea tenía 44 años, estaba casado con y tenía tres hijas: María Jesús, Teresa y Antonia (Toñi), de doce, diez y siete años de edad respectivamente. Había ingresado en la Guardia Civil en 1963. Tras pasar por diversos destinos, en 1971 fue ascendido a cabo primero y destinado a Legazpia.
Su mujer y sus hijas se fueron a vivir a Madrid ocho días después del asesinato. Era algo que el matrimonio ya tenía pensado desde que, en diciembre de 1975, los etarras pusieron una bomba en la garita del puesto del cuartel de Legazpia, bomba que pudo ser desactivada.
Con motivo del 25 aniversario del asesinato de Antonio, María declaraba: "Nuestro mundo se desmoronaba. En horas, unos asesinos mandaban a mi marido bajo tierra, a mí me condenaban a la soledad, y a mis tres hijas, a un colegio de huérfanos. Ni siquiera me quedaba una pensión digna para tenerlas conmigo. Lo único que le pido a Dios es que toda esa gentuza de ETA esté en la cárcel hasta que se pudra. Porque a nosotras nos han destrozado la vida".
La vida para María y sus tres niñas fue muy dura. Durante los primeros tiempos la hija pequeña dormía abrazada a su madre: "no pegaba ojo, y cuando intentaba darme la vuelta, ella me agarraba más fuerte. Yo pensaba: ésta, pobre... qué angustia tendrá. Pensará: si se han llevado a mi padre, a mi madre no me la quitan".
La miserable pensión que le quedó a la viuda le obligó a ingresar a las niñas en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil de Valdemoro, dirigido por religiosas, donde estuvieron hasta finalizar los estudios, bien entrados los ochenta. "No me quedó más remedio. Fue la decisión más dolorosa de mi vida", dice la madre. A pesar de esa decisión tan dura para ella y sus hijas, las tres definen a María como una "Madre Coraje". Se sacó el carné de conducir con 40 años y empezó a hacer jerséis para sacar algún dinero extra. Los fines de semana, sacaba a las niñas del colegio de huérfanos e intentaban hacer vida normal.
La familia nunca ha sabido quién mató a Antonio. "Ni les odio ni les perdono, porque nunca me han pedido perdón. Sólo quiero que vayan de la cárcel a la tumba".
Andrés Segovia Peralta, guardia civil asesinado por ETA el 6 de mayo de 1975
IN MEMORIAM
A las 22:25 horas del martes 6 de mayo de 1975, miembros de ETA ametrallaban en Guernica (Vizcaya) al guardia civil ANDRÉS SEGOVIA PERALTA cuando se dirigía al cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Astra-Unceta, poco después de las diez de la noche.
Andrés regresaba a pie al acuartelamiento de Guernica por la vía férrea Bilbao-Bermeo que pasa por la puerta de la citada fábrica. Cuando llevaba recorridos unos cien metros, varios etarras que estaban apostados detrás de un almacén le dispararon por la espalda con una metralleta. Al escuchar los disparos, el jefe de estación de Guernica, que se encontraba a unos diez metros de donde Andrés cayó herido, fue a avisar a los clientes de un bar próximo. Todos juntos caminaron al lugar donde yacía herido el guardia civil. Al reconocer al jefe de estación exclamó entre lamentos: "ya ves lo que me han hecho, me han matado, me han matado". Junto al almacén se encontraron entre 30 y 40 casquillos de bala. El agente recibió más de 20 impactos de bala y falleció media hora después, cuando era trasladado en un taxi al Hospital Civil de Bilbao.
Al día siguiente, miércoles 7 de mayo, a primera hora de la tarde, se instaló la capilla ardiente en la biblioteca del cuartel de la Guardia Civil de La Salve en Bilbao. Dos días después, el 9 de mayo, se celebró el funeral en este cuartel. El Ayuntamiento de Bilbao expresó su más enérgica repulsa por el atentado.
En octubre de 1975 se produjo una gran operación de la Guardia Civil en Vizcaya. Entre los detenidos estaba María Aránzazu Sagrado Aguirre, vecina de Guernica y novia del huido Pedro Antonio Alonso Herrero, miembro del mismo grupo etarra que Jesús María Marquiegui Ayastui, alias Marqui, y José María Zapirain Maya, autores del asesinato de Andrés Segovia.
María Aránzasu Sagrado Aguirre había estado vigilando los movimientos de los guardias civiles en la fábrica de armas Astra, información que pasaba a Alonso Herrero y este a Marquiegui. Este último murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 14 de mayo de 1975, nueve días después del asesinato de Andrés Segovia. En el enfrentamiento también murió la pareja que tenía escondido a Marquiegui, Ignacio Garay Legarreta y Blanca Zaralegui Allende, y el teniente de la Guardia Civil Domingo Sánchez Muñoz.
En cuanto a José María Zapirain Maya, fue detenido en Francia en enero de 1979, pero no fue juzgado en España. Posteriormente, cuando en 1989 Venezuela empezó a acoger etarras deportados desde Argelia, se instaló en ese país. Hoy día es un próspero empresario y se considera que es uno de los etarras que mayor fortuna ha hecho en la Venezuela de Hugo Chávez, donde es propietario de empresas de procesamiento de pescado, de terrenos y de cuentas corrientes muy saneadas.
Andrés Segovia Peralta, tenía 40 años, estaba casado y tenía dos hijos: un niño de 9 años y una niña de 5. Desde que salió de la Academia de la Guardia Civil en junio de 1969 estaba destinado en Guernica.
Francisco Robles Fuentes, guardia civil asesinado por ETA el 6 de mayo de 1991
IN MEMORIAM
Minutos antes de las siete de la mañana del 6 de mayo de 1991, el guardia civil FRANCISCO ROBLES FUENTES era asesinado en el puerto de Pasajes y varios compañeros suyos resultaron heridos de diversa consideración, alcanzados por la onda expansiva de una bomba que los terroristas del grupo Donosti de ETA accionaron cuando vieron acercarse a sus víctimas. El artefacto explosivo, activado a distancia, estaba adosado a una garita situada junto a uno de los muelles del almacén número 1 del depósito franco del puerto de Pasajes. Estaba compuesto por 10 kilos de amonal.
Los guardias civiles estaban destinados en el Servicio Fiscal de Control de Mercancías del puerto. Además de la muerte en el acto de Francisco, resultaron heridos sus compañeros José Moreno Piñero, Miguel Ángel Álvarez Escanciano y David Náñez Minguela, el más grave. Fue trasladado al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu donde le amputaron parcialmente la pierna derecha. David era natural de Olmedo (Valladolid) y tenía 23 años.
La explosión desplazó los cuerpos de Francisco Robles y David Náñez más de quince metros del lugar en el que se hallaban, y la garita, de 1,5 toneladas de peso y con cristales blindados, salió también despedida varios metros por la onda expansiva.
El funeral por Francisco Robles se celebró al día siguiente, 7 de mayo, en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián, presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, José Antonio Aguirirano.
En 1994 fueron condenados a 55 años de prisión por un delito de atentado con el resultado de muerte, y tres delitos de asesinato frustrado, los etarras Sergio García Razquín, José Ignacio Echevarría Pascual, Alfonso Castro Sarriegui, José Arizmendi Oyarzábal, Miren Maitane Sagastume Arrieta y Javier Aramburu Muguruza. Todos ellos eran miembros del grupo Ipar-Haizea de ETA. En 1996 fue condenado a la misma pena que sus compañeros el etarra Ignacio Cañas Cartón, que fue quien fabricó el artefacto explosivo en su casa.
Francisco Robles Fuentes, hijo de guardia civil, y tenía 21 años. Llevaba seis meses destinado en Guipúzcoa. Tenía previsto viajar el mismo día del atentado a Valencia para asistir a la primera comunión de una prima. Sus padres residían en Campanar (Valencia) y ahí recibieron sepultura los restos mortales de Francisco.
Alfonso Parada Ulloa, guardia civil asesinado por ETA el 8 de mayo de 1998
IN MEMORIAM
El 8 de mayo de 1998, un etarra disparaba en la cabeza al subteniente retirado de la guardia civil, ALFONSO PARADA ULLOA. Trasladado por una UVI móvil al Hospital Txagorritxu murió la madrugada del día siguiente, 9 de mayo. El disparo entró por su sien izquierda y salió por la derecha y, aunque en un primer momento los equipos de urgencias del hospital vitoriano barajaron la posibilidad de una intervención quirúrgica, finalmente la descartaron dada la gravedad de la herida.
Alfonso Parada fue tiroteado a escasos metros de su domicilio por un individuo joven que le disparó a la cabeza a corta distancia. Eran aproximadamente las dos de la tarde. El atentado se produjo en la calle de las Juntas Generales, donde vivía la familia Parada Ulloa, y a menos de cien metros de la comisaría de la Ertzaintza.
El dueño de una tienda situada a escasos metros del lugar del atentado avisó por el portero automático a la familia del herido. Su hijo bajó de inmediato y se mantuvo agachado junto al cuerpo de su padre hasta la llegada de la UVI móvil que le trasladó al hospital. El nieto de la víctima, que se encontraba jugando cerca del lugar del atentado, también presenció la imagen de su abuelo herido y tirado en la calle. El niño iba a hacer la primera comunión el fin de semana siguiente.
La capilla ardiente por el subteniente asesinado se instaló al mediodía del 9 de mayo en la Subdelegación del Gobierno. En ella permaneció unos minutos el presidente del Gobierno, José María Aznar, que había acudido a Vitoria para arropar a Carlos Iturgaiz en su presentación como candidato del PP a lehendakari. Acompañaban a Aznar los ministros de Trabajo, Javier Arenas; Interior, Jaime Mayor, y Agricultura, Loyola de Palacio, además de varios altos cargos.
El pleno que celebró el Ayuntamiento de Vitoria por la mañana para convocar la manifestación y decretar el duelo oficial tuvo momentos tensos. El portavoz del PP, Alfredo Marco Tabar, amigo íntimo de la víctima, fue el más duro con los ediles de HB. "Mientras no oiga de vuestros labios una expresión no ya de condena, pero al menos de lamento, no oirás de los míos otras que el desprecio y no volveré a escuchar las tuyas", le espetó al edil de Batasuna José Enrique Bert. Cuando el portavoz radical fue a intervenir, los populares y los del PSE y UA se volvieron de espaldas. Todos los grupos mostraron su indignación e insistieron, sin resultado, en que HB pronunciase una condena. Cuando el alcalde, José Ángel Cuerda (PNV), ordenó traducir al castellano las palabras en euskera de Enrique Bert, los populares dejaron la sala.
Ese mismo 9 de mayo centenares de ciudadanos de toda España salieron una vez más a la calle para mostrar su repudio y su condena por los últimos atentados de ETA. Unas 35.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal, recorrieron el centro de Vitoria tras celebrarse el funeral por el alma de Alfonso Parada. El llamamiento efectuado por la mañana por el Ayuntamiento de la ciudad encontró la respuesta masiva de los ciudadanos. El lehendakari, José Antonio Ardanza, recibió críticas por no participar ni en la manifestación ni en el funeral, alegando que tenía que estar presente en la marcha contra el trabajo infantil, que ese mismo día llegaba a Vitoria. No obstante en representación del Gobierno vasco acudió el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, quien estuvo acompañado por varios ministros, entre ellos el de Interior, Jaime Mayor Oreja. Una pancarta con la leyenda en euskera y castellano "Nahikoa da. Bakea nahi dugu" (Basta ya. Queremos la paz) encabezaba la manifestación. En varias fases, los ciudadanos rompieron el silencio para gritar "ETA mata y el diálogo remata" y "No son vascos, son asesinos". En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Valencia, Burgos y otras ciudades se celebraron concentraciones silenciosas encabezadas por presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes de todos los partidos políticos democráticos.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó ese mismo día al presidente del Gobierno, José María Aznar, por "lanzar ofertas de generosidad a los terroristas". Luis Delgado, secretario general de la asociación, criticó además al PNV por mantener contactos con Herri Batasuna y denunció que, a juicio de la AVT, hay "víctimas de primera y de segunda. Para unas la clase política sale, se manifiesta y arropa a la familia o a la víctima, y en otros casos apenas reciben el apoyo obligatorio por parte de los dirigentes de este país", afirmó.
En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José María Novoa, Igor Martínez de Osaba Arregui y Alicia Sáez de la Cuesta a 29 años de prisión como autores materiales del asesinato de Alfonso Parada. El autor del disparo mortal fue Igor Martínez de Osaba, mientras Alicia Sáez de la Cuesta le cubrió en la acción. José María Novoa les esperaba en un coche para emprender la huida.
Alicia Sáez de la Cuesta fue también condenada por el intento de asesinato del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Ella y la etarra Nerea Garaizar San Martín tenían previsto realizar el atentado mediante la utilización de un coche-bomba. Su detención a finales de marzo de 2001 impidió que el mismo se llevase a cabo.
Alfonso Parada Ulloa de 62 años, era subteniente en la reserva de la Guardia Civil y amigo del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Alfredo Marco Tabar. Su nombre había aparecido en varias listas intervenidas a grupos etarras desarticulados, circunstancia de la que Alfonso estaba informado. Sus vecinos desconocían si adoptaba alguna medida de autoprotección, aunque sí señalaron que mantenía "costumbres muy fijas", entre ellas la de salir a primera hora de la tarde y desplazarse hasta una localidad en las afueras de Vitoria para dedicarse a su afición: el cuidado de los pájaros. Vivía en Vitoria desde 1976. Estuvo destinado como comandante del puesto del Abetxuco, y desde 1986, en el cuartel de Sansomendi, en la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos. Tres años antes de ser asesinado había pasado a la reserva. Estaba casado y tenía un único hijo, Nacho, de 32 años, que trabajaba como vigilante jurado, y un nieto de corta edad.
Francisco Alvarez Gómez, guardia civil asesinado por ETA el 9 de mayo de 1991
IN MEMORIAM
El 9 de mayo de 1991, nueve horas antes de que diera comienzo la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo, ETA asesinaba en Ortuella (Vizcaya) al guardia civil FRANCISCO ÁLVAREZ GÓMEZ mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo.
Solía ir con su cuadrilla de amigos a un bar próximo a la estación de Renfe. Aquel jueves, al salir del bar y subirse a su coche, se activó el mecanismo de la bomba lapa. Eran las 15:00 horas. La violenta explosión arrancó de cuajo el techo del vehículo y lanzó el cuerpo del agente hacia las vías del ferrocarril, a varios metros de distancia de su coche. Vecinos del pueblo y un concejal socialista se enfrentaron a voluntarios de la Cruz Roja ante su negativa inicial a mover al herido, alegando que necesitaban el dictamen de un médico. Francisco fue conducido en una ambulancia al Hospital de Cruces, en Baracaldo, donde ingresó cadáver a las 15:20 horas, según informó una portavoz del centro médico.
La junta de portavoces del Ayuntamiento acordó retrasar 24 horas el comienzo la campaña electoral, prevista para las 12 de la noche de ese día. Los representantes municipales, en ausencia del portavoz de Herri Batasuna, decidieron también suspender durante el fin de semana las fiestas patronales. La ejecutiva de Vizcaya del PNV señaló que ETA había comenzado su campaña electoral "de la única forma que acostumbra, sembrando el dolor y la sangre".
En 1994 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas al miembro de la banda terrorista ETA Jesús María Mendinueta Flores. El etarra reconoció ser miembro del grupo Vizcaya de ETA, pero negó su participación en el asesinato del agente Álvarez Gómez. En las fichas policiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado figura que el etarra que presuntamente colocó la bomba-lapa fue Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi. Para ello contó con la información aportada por el etarra Juan María San Pedro Blanco, alias Jon, detenido el 6 de junio de 1991 cuando se disponía a colocar otra bomba lapa en el vehículo de un policía. Cuatro años después, vencido el período máximo de prisión provisional, fue puesto en libertad y se dio inmediatamente a la fuga. Fue detenido de nuevo, esta vez en Francia, en marzo de 1999. En 2004 fue extraditado a España.
Francisco Álvarez Gómez tenía 38 años. Vivía en el País Vasco desde veinte años antes de ser asesinado. Estaba casado con una vecina de Ortuella, localidad de tradición minera, y allí nacieron sus dos hijos, de 9 y 15 años cuando mataron a su padre. Estaba adscrito al Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil y prestaba servicio en el Puerto de Bilbao. Su padre también había sido agente de la Benemérita.
Juan Marcos González, guardia civil asesinado por ETA el 9 de mayo de 1978
IN MEMORIAM
La noche del 9 de mayo de 1978 la banda terrorista ETA ametralló un Land Rover de la Guardia Civil que prestaba servicio de protección al acuartelamiento de Intxaurrondo en San Sebastián. El vehículo, con cuatro agentes en su interior, realizaba una patrulla por los alrededores de las dependencias de la Guardia Civil. Al pasar por las cercanías del cementerio de Polloe, el Land Rover fue ametrallado por dos terroristas que dispararon desde una tapia de unos tres metros de altura que se encuentra junto a la carretera. Como consecuencia del tiroteo resultaron gravemente heridos el conductor del vehículo, JUAN MARCOS GONZÁLEZ, que fallecería poco después de ingresar en un centro sanitario, y Miguel Ángel Íñigo Blanco, que lo haría seis días después, el 15 de mayo.
En el lugar del atentado se encontró gran cantidad de casquillos de bala tipo parabellum. Los etarras huyeron a través del cementerio hacia la parte trasera, de fácil acceso a la autopista, desde donde emprendieron la huida en un vehículo que les esperaba.
Los otros dos agentes también resultaron heridos. Juan Jiménez Bermúdez, tenía 23 años; y José Amado Juan tenía 22 años. A pesar de las heridas, consiguieron saltar del vehículo y repeler la agresión.
En 1982 fueron condenados por este atentado los miembros del grupo Xenki de ETA Antonio García del Molino e Ignacio Apilañez Olalde a 50 años de cárcel cada uno. En la sentencia se establece que ambos estuvieron vigilando durante veinte días el recorrido de un Land Rover de la Guardia Civil. El 9 de mayo se ocultaron junto a la tapia del cementerio de Polloe en torno a las 23:00 horas de la noche. Cuando vieron que pasaba el vehículo con los cuatro agentes, los etarras abrieron fuego disparando varias ráfagas.
Juan Marcos González tenia 20 años y estaba soltero. Su padre también fue miembro de la Guardia Civil, igual que uno de sus hermanos. Llevaba un año destinado en San Sebastián y estaba a la espera de conseguir el traslado a Galicia. La madre de Juan, María González Rodríguez, se enteró del asesinato de su hijo en su casa de Sarriá (Lugo). En febrero de 2007 recordaba en declaraciones a El Correo que hizo el viaje a San Sebastián por su cuenta "en un taxi que nadie me pagó. Nadie nos arropó, cuando llegamos nos encontramos la caja, nada más". Tiempo después falleció el hermano de Juan, "seguramente a consecuencia de aquello, porque siempre lo tuvo presente en la cabeza", señaló la madre.
Manuel López González, guardia civil asesinado por ETA el 9 de mayo de 1978
IN MEMORIAM
A las seis de la mañana del 9 de mayo de 1978 el guardia civil MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, acompañado de otros tres compañeros, entre ellos su hermano Francisco, resultó herido de gravedad en un atentado perpetrado por miembros de la banda terrorista ETA en Pamplona. Regresaban de realizar un servicio en la estación de Renfe en la capital navarra y se dirigían en un vehículo oficial hacia la Comandancia.
Cuando se encontraban cerca de los Jardines de la Taconera explotó una bomba depositada junto a una farola que fue activada a distancia. La explosión arrancó de cuajo la farola y levantó varios metros de bordillo de la acera. La carga -unos cinco kilos de Goma 2- destrozó materialmente el Land Rover de la Guardia Civil, afectando principalmente la parte delantera y lateral.
Resultaron heridos, además de Manuel, el cabo 1º de la Guardia Civil Juan Díez Resano, de 29 años y casado; Agustín Hernández Martín, de 31 años; y el hermano de Manuel, Francisco López González de 27 años, casado y con un hijo. Fueron atendidos por otros cinco guardias civiles fuera de servicio que, en el momento del atentado, se encontraban por la zona en otro automóvil. Ellos mismos trasladaron a Manuel al Hospital Provincial. La metralla le había alcanzado la artería aorta y se encontraba en estado muy grave. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció pocas horas después.
Su capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Guardia Civil de Pamplona. ETA reivindicó el atentado manifestando "su firme decisión de poner todos los medios militares a su alcance, para evitar que el pueblo trabajador vasco se vea imposibilitado a acceder a la verdadera democracia política". A día de hoy no se sabe quién asesinó a Manuel.
El 10 de mayo se ofició un funeral en la Iglesia de los Paules de Pamplona, al que asistieron el subdirector general de la Guardia Civil, el capitán general, gobernadores civil y militar y otras autoridades. Al finalizar, unas mil personas se manifestaron bajo la pancarta "No más muertos de ETA". Los manifestantes portaban banderas españolas y corearon gritos de "Unidad nacional" y "ETA cobarde". En la plaza del Castillo apedrearon la sede del PNV y en el Ayuntamiento exigieron que la bandera se pusiera a media asta.
Posteriormente hubo incidentes gravísimos en el Casco Viejo protagonizados por grupos de la izquierda radical que posteriormente darían lugar al nacimiento del grupo terrorista Iraultza (Revolución). Este grupo terrorista acercaría posturas políticas con ETA y Herri Batasuna en los ochenta. Los radicales se agruparon en el barrio de La Chantrea, donde cruzaron coches y autobuses y apedrearon a la Policía. Otro grupo de personas, esta vez de extrema derecha, con las caras cubiertas y porras, se enfrentaron a los anteriores. En total se produjeron unas cincuenta detenciones. Durante los enfrentamientos fue reconocido por radicales de izquierda Juan Eseverri Chavarri, subteniente de la Guardia Civil, que iba de paisano. Fue literalmente cosido a puñaladas y pateado en la calle Chapitela. Recibió más de diez puñaladas en tórax, cuello y mano y falleció el 17 de mayo. También resultó herido en los incidentes el agente de policía José Martín, que fue atacado por un grupo provisto de barras y objetos contundentes con los que le produjeron diversas heridas y la fractura de una pierna.
Manuel López González tenía 23 años llevaba sólo un año en la Guardia Civil y se iba a casar el mes siguiente con su novia, natural de Pamplona.
Domingo Sánchez Muñoz, guardia civil asesinado por ETA el 14 de mayo de 1975
IN MEMORIAM
En la madrugada del 14 de mayo de 1975, durante el registro de un piso franco de la banda terrorista ETA en Guernica, resultó muerto el teniente de la Guardia Civil DOMINGO SÁNCHEZ MUÑOZ. Entre las cuatro y las cinco de la madrugada, efectivos de la Guardia Civil comenzaron a tomar posiciones en la carretera de acceso a Guernica desde Bilbao, así como en el interior de una zona verde bordeada por los bloques de las denominadas Casas del Estado -unas edificaciones situadas a la derecha de la calzada en dirección a Guernica- muy próximas al antiguo cuartel de la Guardia Civil.
La Guardia Civil trataba de localizar a miembros de la banda terrorista en un piso franco de ETA situado en el número 47 de la calle Señorío de Vizcaya. Los etarras buscados eran, presuntamente, los autores del asesinato del agente Andrés Segovia Peralta, ocurrido ocho días antes.
Hacia las seis de la mañana, cuando la manzana de casas había sido rodeada por los guardias civiles, varios agentes penetraron en el portal número 47 para proceder a un registro. Ascendieron primero al piso superior y, posteriormente, se dirigieron a la planta baja. Los agentes llamaron a la puerta: "Guardia Civil, ¡abran!". En el umbral de la puerta apareció el matrimonio formado por Ignacio Garay Lejarreta, de 53 años, y su esposa Blanca Saralegui Allende, de 42. Los miembros de la Guardia Civil preguntaron si había alguna persona más en el piso y respondieron que "dos chicos". En ese momento, los guardias civiles, que se encontraban frente al matrimonio, oyeron varias detonaciones que procedían de una de las ventanas del piso por la que trataban de huir los dos etarras.
Frente a esa ventana se encontraba el teniente de la Guardia Civil Domingo Sánchez Muñoz, que dio el alto a los dos etarras. Uno de ellos abrió fuego contra él ocasionándole dos heridas mortales en la cabeza y en el pecho. Fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde no se pudo hacer nada por su vida.
A continuación se inició un tiroteo que, según testigos presenciales, duró hasta pasadas las seis y media de la mañana, y en el que ambos terroristas resultaron heridos. Los dos etarras, pese a estar heridos, consiguieron huir. Uno de ellos fue localizado dos horas más tarde en el monte de Ajangiz. Se produjo un nuevo tiroteo, que terminó con la vida del etarra. Su nombre era Jesús María Marquiegui Ayastui, alias Motriko. El segundo etarra también tuvo otro enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil, pero logró escapar de los perseguidores y ocultarse en Guernica.
En el interior del piso franco se halló abundante documentación sobre los movimientos de la Guardia Civil en la zona y diversas armas. Entre ellos los movimientos del agente Andrés Segovia.
Domingo Sánchez Muñoz, de 48 años, estaba casado y tenía cuatro hijos de 21, 18, 17 y 16 años. Su primer destino en la Guardia Civil fue en Barcelona (1946) donde conoció a su esposa, y donde fue enterrado, pues ahí tenía el domicilio familiar. Fue ascendido en 1974 a oficial y destinado a Bilbao. Desde siete meses antes de su asesinato estaba adscrito al Servicio de Información de la Comandancia de Vizcaya.
José Olaya de la Flor – Manuel Sánchez Barallo, guardias civiles asesinados por ETA el 14 de mayo de 1981
IN MEMORIAM
A las diez de la mañana del jueves 14 de mayo de 1981, dos guardias civiles resultaron muertos y un tercero herido en Lemona al ser alcanzado de lleno el vehículo en el que viajaban por la explosión de un potente artefacto, compuesto por diez kilos de Goma 2 y abundante metralla, que había sido colocado a un lado de la carretera por la que circulaban. La explosión provocó la muerte en el acto de JOSÉ OLAYA DE LA FLOR, conductor del vehículo. Pocos minutos después fallecía MANUEL SÁNCHEZ BARALLO, que ocupaba el otro asiento delantero. Anselmo Jiménez Allen, que iba sentado detrás, quedó atrapado entre los restos del vehículo, siendo necesario el uso de soplete para rescatarle. Fue trasladado gravemente herido al Hospital de Cruces de Bilbao
El atentado se produjo casi al pie de las instalaciones de la cantera Pekomi, en Lemona, situadas en el barrio de San Ignaro, a un kilómetro aproximadamente de la carretera nacional que une Bilbao con Vitoria. El convoy estaba formado por tres Land Rover, con una dotación de tres guardias civiles cada uno, situados al inicio de la caravana, en el centro y al final. En medio circulaban los dos vehículos protegidos. Tenían que hacer parte de la descarga en la cantera Pekomi y, después, dirigirse a otra para descargar el resto de la mercancía.
Dos de ellos habían acompañado a una camioneta que transportaba detonadores y a una furgoneta cargada con 450 kilos de Goma 2 hasta la entrada de la cantera, donde se descargaron cuatrocientos kilos. El tercer vehículo de la Guardia Civil permanecía a la espera, a unos trescientos metros de distancia, en el cruce de la carretera que conduce a la cantera. Cuando el convoy iniciaba el viaje hacia la segunda cantera, y tras recorrer escasamente cien metros, se produjo la explosión. El explosivo estaba colocado en un talud a la izquierda de la carretera oculto con piedras.
La explosión fue de tal magnitud que reventó prácticamente el vehículo y lo lanzó varios metros por los aires. La metralla había perforado el Land Rover dejándolo como si de un colador se tratara. El ruido provocado por la explosión se escuchó en un radio de diez kilómetros, en tanto que la metralla y piedras del montículo donde se enterró el artefacto fueron lanzadas a casi un millar de metros del lugar del atentado. La onda expansiva destrozó cristales de casas situadas a medio kilómetro.
La obligación de la Guardia Civil de escoltar los transportes de explosivos y de armamento para evitar, entre otras cosas, que ese material cayese en manos de la banda terrorista, fue aprovechada en numerosas ocasiones por ETA para cometer atentados debido a que ese tipo de desplazamientos obligaban a repetir itinerarios y rutinas. Es el caso del atentado de Ispáster, en el que intervinieron entre ocho y once etarras y que provocó la muerte a seis guardias civiles el 1 de febrero de 1980.
La capilla ardiente de los dos guardias civiles se instaló por la tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Bilbao y el funeral se celebró a las diez de la mañana del día siguiente, viernes 15 de mayo, en el Gobierno Civil de Vizcaya.
Según el auto de procesamiento dictado por la Audiencia Nacional en noviembre de 1988, "Borde Gaztelumendi, junto a Enrique Letona, José Luis Barrena y Juan María Otegui, integrados en ETA, decidieron atentar contra la Guardia Civil. Tras recabar información sobre los movimientos de un convoy de la Guardia Civil en una cantera de Lemona (Vizcaya), confeccionaron un artefacto explosivo, que ocultaron entre las piedras de la cantera".
En 1990 fue juzgado y condenado por este atentado el etarra Enrique Letona Viteri a dos penas de 29 años por el asesinato de José y Manuel, y a 19 más por el asesinato frustrado de Anselmo Jiménez Allen. Anselmo ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y, a día de hoy, sufre alteraciones psíquicas como consecuencia del atentado.
José Luis Barrena Pagay, alias Txistu, detenido en 1983, utilizaba una carpintería como tapadera para esconder a etarras y las armas y explosivos para cometer atentados en dos zulos dentro de la misma. Además, proporcionó vehículos e información para cometer diversos atentados, entre ellos el asesinato de José y Manuel. Fue juzgado en 1990 junto a Letona Viteri.
Juan María Otegui Elicegui, alias Txato, murió víctima de un atentado de los GAL en agosto de 1985 en el País Vasco francés, por lo que no pudo ser juzgado. Tras el asesinato, la corporación municipal de Itsasondo (Guipúzcoa), localidad natal del etarra, compuesta por representantes de Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, declaró a Juan María Otegui "hijo predilecto de la villa". Posteriormente, en febrero de 1986, resultaron heridas en el ametrallamiento del Bar Batzoki de Bayona, atentado también cometido por el GAL, la viuda, Karmele Martínez, y la hija del etarra, Nagore.
Veinticuatro años después, en diciembre de 2005, fue condenado a 75 años de cárcel por su participación en el atentado contra el convoy de la Guardia Civil el etarra José Antonio Borde Gaztelumendi. Según recoge la sentencia, Borde Gaztelumendi y Letona Viteri, introdujeron el explosivo en un Ford Fiesta que habían alquilado y al que habían cambiado las placas de matrícula. En la madrugada del 13 de mayo se dirigieron en dicho coche al lugar elegido, colocaron las ollas y los tubos explosivos bajo un montón de grava situado en las proximidades y vigilaron la llegada del convoy que, según las informaciones que habían recibido, pasaba por allí cada 15 días. Como ese día no apareció, decidieron regresar al día siguiente. Según los magistrados, fue Letona quien accionó el explosivo al paso de la caravana. Borde Gaztelumendi fue extraditado por México en noviembre de 2002. Según el Ministerio del Interior, Borde Gaztelumendi se integró en el grupo UPO de ETA en 1978, grupo que actuaba en Vizcaya. Un año después huyó a Francia, aunque en 1981 regresó a España como integrante del grupo Vizcaya, y siguió cometiendo atentados hasta 1983. Posteriormente, huyó de nuevo a Francia donde vivió en la clandestinidad apoyando las actividades de las estructuras directivas de la banda terrorista en territorio francés.
José Olaya de la Flor tenía 28 años, estaba casado y tenía una hija.
Manuel Sánchez Barallo, tenía 26. Estaba casado, sin hijos.
Juan Manuel Piñuel Villalón, guardia civil asesinado por ETA el 14 de mayo de 2008
IN MEMORIAM
La segunda víctima mortal del año 2008, fue el guardia civil JUAN MANUEL PIÑUEL VILLALÓN, asesinado por ETA en Villarreal de Álava (Legutiano) el 14 de mayo de 2008. Juan Manuel ocupaba el puesto de vigilancia de la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa. En torno a las tres de la madrugada vio cómo unos individuos abandonaban una furgoneta a unos diez metros del cuartel, pegada al perímetro de seguridad. No le dio tiempo a nada, porque los terroristas habían programado la bomba para que estallase casi inmediatamente y sin dar tiempo a desalojar. Mientras avisaba, la furgoneta, cargada con cien kilos de explosivo, saltó por los aires. ETA buscaba una matanza, como otras cometidas anteriormente contra casas cuarteles. El terrorista que aparcó la furgoneta, que cubría su rostro con un pasamontañas, activó el temporizador y salió corriendo hacia otro coche en el que emprendió la huida.
En su huida, los etarras llegaron hasta el Alto de Urkiola en un turismo que abandonaron y que contenía una bomba que tendría que haber explotado a las seis de la mañana. La explosión no llegó a producirse, pues el vehículo fue encontrado antes por las fuerzas de seguridad. Este coche fue de gran ayuda en la investigación posterior del atentado.
Juan Manuel murió en el acto y otras 27 personas resultaron heridas. Al cabo de varias horas de trabajo, se pudo rescatar con vida al último de ellos, José Javier Cabrizo, enterrado bajo una montaña de escombros. En la casa cuartel dormían en ese momento unas treinta personas, entre ellas cinco niños. La potente explosión destrozó una de las plantas del edificio y causó daños considerables a las casas colindantes.
El 28 de diciembre de 2010 la Audiencia Nacional condenó a penas de 515 años a los etarras Aitor Cotano y Arkaitz Goikoetxea por preparar y ejecutar el atentado contra la casa cuartel de Legutiano. En la sentencia también se condena a Íñigo Gutiérrez Carrillo a ocho años de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista.
Juan Manuel Piñuel Villalón era natural de Melilla, aunque vivía en Málaga. Tenía 41 años y llevaba destinado en el País Vasco poco más de un mes. Casado con María Victoria Campos y con un hijo de seis años, quería acumular en Álava el tiempo necesario, unos tres años, para poder ser trasladado con carácter preferente a la Comandancia de Málaga y poder reunirse con su familia. Juan Manuel ingresó en la Guardia Civil en 1997, con 29 años, tras lograr la quinta mejor puntuación entre un millar de candidatos. Al día siguiente de su asesinato, María Victoria hizo una declaración ante los medios de comunicación en un hotel de Málaga. Tras agradecer el apoyo recibido por autoridades, Guardia Civil, compañeros de su marido, víctimas de ETA y pueblo vasco, señaló que repudiaba desde lo más hondo de su corazón a esos cobardes miserables que no tienen dignidad ni principios, que destruyen sin escrúpulos la vida y las ilusiones de las personas, que no saben respetar un estado de derecho, que quieren acabar con la democracia y ensucian con sus viles actos la dignidad de su pueblo.
Y añadió:
Pero que sepan que no quedará así, que luchamos y lucharemos por que esta lacra de asesinos y miserables acabe y que con la ayuda de todos lo vamos a conseguir. No sois nadie. Sólo basura. Un punto negro en la limpieza de un gran país. Y quiero decir que esta medalla que ya no puede llevarla mi marido la llevo yo en su nombre con todo mi orgullo. Viva España y viva la Guardia Civil.
Miguel Ángel Iñigo Blanco, guardia civil asesinado por ETA el 15 de mayo de 1978
IN MEMORIAM
El 15 de mayo de 1978 fallece el guardia civil MIGUEL ÁNGEL ÍÑIGO BLANCO, a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado que la banda terrorista perpetró el 9 de mayo contra un Land Rover de la Guardia Civil que patrullaba el acuartelamiento de Intxaurrondo. En el atentado falleció casi en el acto su compañero y conductor del vehículo, Juan Marcos González.
Miguel Ángel Íñigo Blanco tenía 24 años y estaba soltero. En el atentado recibió dos impactos de bala en el cráneo. Trasladado a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu, se mantuvo entre la vida y la muerte seis días hasta que, finalmente, se produjo su fallecimiento.
Treinta años después, en 2008, su localidad natal Holguera (Cáceres) rindió un homenaje al joven guardia civil. En la cruz de la Plaza de la Cruz de la localidad cacereña, cerca de donde vivió Miguel Ángel con sus doce hermanos, se descubrió una placa en memoria del agente asesinado. Su hermano, Francisco Íñigo Blanco, recordó cómo su madre murió de pena poco después, al no lograr superar el asesinato del hijo.
Francisco Puig Mestre y Francisco Ramón Ruiz Fernández, guardias civiles asesinados por ETA el 16 de mayo de 1980
IN MEMORIAM
Sobre las 21:45 horas del 16 de mayo de 1980, cuatro etarras ametrallaron a los guardias civiles Francisco Puig Mestre y Francisco Ramón Ruiz Fernández en el Bar Huici de la localidad navarra de Goizueta. Los etarras entraron primero en el Bar Zabaleta y, al comprobar que los agentes no estaban ahí, entraron en el Huici.
Los guardias civiles de la casa cuartel de la localidad cenaban habitualmente en dicho bar y un vecino de Goizueta pasó la información a miembros del grupo Adarra de ETA, formado por vecinos de la localidad de Hernani (Guipúzcoa). Ese día, el informador de ETA comprobó previamente la posición exacta de los dos guardias civiles en el comedor. A continuación, dos etarras encapuchados entraron armados con pistolas y metralletas desde la cocina y les tirotearon a corta distancia. Otros dos terroristas se quedaron fuera vigilando. Segundos después los asesinos huyeron en una furgoneta DKW, tras amenazar de muerte a un vecino que trató de avisar de lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil. En el lugar del atentado se recogieron numerosos casquillos de bala 9 milímetros parabellum.
Sobre las once de la noche el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres que fueron trasladados a Pamplona, donde se instaló la capilla ardiente. Al día siguiente, 17 de mayo, se celebraron los funerales. Posteriormente, los restos mortales de los dos guardias civiles se trasladaron a sus localidades de origen.
El presidente del Parlamento Foral de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, hizo pública una nota en la que afirmaba que "no sólo condena el vil asesinato de dos guardias civiles en Goizueta sino que hace un llamamiento al pueblo de Navarra a oponerse por todos los medios democráticamente eficaces a la violencia armada que, en estos momentos delicadísimos de la institucionalización democrática y foral de navarra, es el mayor enemigo de nuestro pueblo".
En 1981 la Audiencia Nacional condenó a José María Aramburu Lete y Juan Miguel Apecechea Arocena a sendas penas de 25 años de reclusión mayor en concepto de cooperación para la realización del atentado. Posteriormente, en 1985, fue condenado como autor material Francisco Javier Lujambio Galdeano a dos penas de 27 años de reclusión mayor.
Francisco Puig Mestre tenía 31 años y estaba soltero. Llevaba más de un año destinado en Goizueta, pero pensaba regresar a su ciudad natal en el mes de junio. Su asesinato lo impidió.
Francisco Ramón Ruiz Fernández, de 26 años, estaba casado y tenía dos hijos, una niña pequeña y un niño que acababa de nacer. Su mujer, se había desplazado a Málaga poco antes del atentado para dar a luz. El bebé nació quince días antes del asesinato. Francisco era el comandante del puesto de la Guardia Civil de la localidad de Goizueta, y había estado destinado en Valencia antes de ascender.
Luis Ollo Ochoa, guardia civil asesinado por ETA el 27 de mayo de 1984
IN MEMORIAM
A las ocho y cuarto de la noche del 27 de mayo de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en Pamplona, mediante una bomba-lapa colocada en su vehículo, al capitán de la Guardia Civil LUIS OLLO OCHOA.
El capitán, jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Aoiz, había ido ese domingo al piso de su propiedad en el barrio de la Chantrea en Pamplona. En torno a las ocho de la tarde abandonó la vivienda, acompañado por su mujer, para regresar de nuevo a su destino, en la localidad de Aoiz. Se dirigió a su vehículo, se introdujo en el mismo y lo puso en marcha. La vibración del motor hizo estallar la potente bomba colocada en los bajos del coche, compuesta por una carga de cuatro o cinco kilos de Goma 2.
El vehículo de la víctima quedó totalmente destrozado y el techo del turismo fue lanzado a una distancia de unos quince metros. La explosión provocó, además, fuertes destrozos en los vehículos aparcados en las inmediaciones, así como la rotura de numerosos cristales de viviendas y de varios establecimientos comerciales.
Luis murió en el acto atrapado en el amasijo de hierros en que quedó convertido el coche. Su mujer, que no llegó a entrar en el vehículo, resultó herida de gravedad. Su cuerpo fue lanzado por efecto de la onda expansiva a varios metros del lugar de la explosión. Fue intervenida quirúrgicamente en la residencia sanitaria Virgen del Camino. A última hora de la noche abandonó la Unidad de Vigilancia Intensiva en un estado calificado como de pronóstico reservado. Se le había reventado un tímpano y tenía heridas en el cráneo.
La capilla ardiente por el capitán de la Guardia Civil se instaló en la Delegación del Gobierno en Navarra y el entierro tuvo lugar al día siguiente.
Por este atentado la Audiencia Nacional dictó varias sentencias condenatorias contra los terroristas implicados en el mismo. En 1988 fue condenado a penas que sumaban 47 años de prisión el etarra Juan José Legorburu Guerediaga. En 1996 fueron condenados Jesús Jiménez Zurbano a 45 años, y Francisco Javier Martínez Nogales, alias El Floral, a 18, como cómplice. En 2001 fueron condenados a sendas penas que sumaban 49 años de prisión Jesús María Altable Echarte y Miguel Santiago Izpurua García. Finalmente, en 2005 fue condenado José Javier Zabaleta Elosegui, alias Baldo, a 49 años por ordenar el atentado. Presuntamente también participó en el atentado la etarra Mercedes Galdós Arsuaga.
Luis Ollo Ochoa, de 54 años, estaba destinado en el cuartel de Aoiz, donde mandaba el destacamento existente en esta población, una de las más importantes de Navarra. Anteriormente había estado destinado en el Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona con el grado de teniente. Había sido amenazado de muerte por ETA en varias ocasiones.
Antonio Conejo Salguero y Fidel Lázaro Aparicio, guardias civiles asesinados por ETA el 28 de mayo de 1983
IN MEMORIAM
A las once de la mañana del 28 de mayo de 1983 ETA asesinaba en Pamplona a los guardias civiles ANTONIO CONEJO SALGUERO y FIDEL LÁZARO APARICIO cuando se encontraban vigilando en el interior del edificio central de Correos de la capital Navarra, situado en el Paseo Sarasate de Pamplona.
Tres guardias civiles se encargaban de la seguridad del edificio. Dos de ellos en la zona de acceso al público y un tercero en el interior de una garita blindada. Dos etarras se introdujeron en el edificio donde, en esos momentos, se encontraban unas sesenta persona entre empleados y clientes. Cuando estaban a un metro de distancia de los guardias civiles los terroristas sacaron sendos revólveres del calibre 38 y dispararon doce tiros.
Los guardias cayeron al suelo y ahí fueron rematados, sin que al tercer guardia civil le diese tiempo a reaccionar. Los etarras contaron con la ayuda de una tercera persona, al parecer una mujer. En medio del pánico provocado por el tiroteo, los pistoleros huyeron del lugar con toda tranquilidad.
El tercer guardia civil acudió al lugar donde se hallaban sus dos compañeros agonizando en medio de dos charcos de sangre. Los guardias civiles fueron trasladados rápidamente al Hospital de Navarra, el cabo primero Antonio Conejo, y a la Clínica Universitaria, el guardia civil Fidel Lázaro. Ambos ingresaron ya cadáveres.
A los pocos minutos de producirse el atentado, varias personas que habían acudido al lugar de los hechos colocaron una bandera española y dos ramos de flores donde habían caído los guardias. El delegado del Gobierno en Navarra, acudió también al edificio de Correos, junto con miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional y varios parlamentarios navarros.
El atentado se produjo a unos doscientos metros escasos del palacio de la Diputación Foral de Navarra, donde había comenzado la reunión de la junta preparatoria del recién elegido Parlamento de esta comunidad para decidir la fecha de constitución de la Cámara. Los partidos políticos que integraban el Parlamento, con excepción de Herri Batasuna que no asistía a las sesiones, condenaron el atentado en duros términos.
La capilla ardiente con los cuerpos de los dos guardias civiles se instaló por la tarde en las dependencias de la Delegación del Gobierno. Al día siguiente, 29 de mayo, se celebró el funeral por sus almas en la Iglesia de San Miguel de Pamplona. Los féretros con los restos mortales de los guardias civiles fueron llevados a hombros por sus compañeros desde el edificio de la Delegación del Gobierno hasta la iglesia. Al funeral asistió el Rey Juan Carlos, acompañado del ministro del Interior, José Barrionuevo, y altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Posteriormente, una marcha con varios centenares de personas recorrió las calles de Pamplona gritando consignas en contra de la banda asesina ETA.
El asesinato de Antonio y Fidel fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, pero judicialmente ha quedado impune.
Antonio Conejo Salguero, de 41 años, estaba casado con y tenía dos hijas de 12 y 11 años. Cabo primero de la Guardia Civil, pasó muchos años trabajando en las oficinas de la Comandancia de la Guardia Civil. El día de su asesinato estrenaba destino en Correos. Su hija Ana recordó en 2008, a través de las páginas del Diario de Navarra, como fue ese día: "Recuerdo a compañeros de mi padre de la Comandancia que lloraban y que pregunté a mi madre qué pasaba. Me respondió que habían matado a mi padre. '¿Por qué si es tan bueno?'. Mi madre nos explicó que no lo habían matado porque fuera malo, sino por el uniforme que llevaba. No tuvimos la ayuda de ningún psicólogo, afortunadamente ahora se hacen las cosas mejor. Entonces me dieron un valium (...). Hubo algunas promesas que no se cumplieron. A mi padre le faltaba muy poco para ascender a sargento y nos dijeron que se iba a efectuar esa promoción, también que iban a colocar una placa a él y a Fidel en Correos... Pero nadie se acordó de eso, aunque algunos terroristas aún tengan su placa en las plazas (...). Nos quedamos sin casa, puesto que el último año habíamos vivido en la Comandancia. Fuimos a vivir a la de mis abuelos. En cuatro años cambié cuatro veces de colegio. Pero lo peor fue que, de la noche a la mañana, habíamos perdido a un padre que con nosotras siempre había sido muy cariñoso. El recuerdo posterior es que tengo que acompañar a mi madre, que sufrió depresiones muy fuertes, cada tarde al cementerio. Mi padre siempre quiso que las dos hijas estudiáramos y así lo hicimos. La Asociación de Víctimas nos dio una ayuda de cien mil pesetas y con alguna beca pude estudiar Geografía e Historia y mi hermana Derecho".
Fidel Lázaro Aparicio tenía 48 años y estaba soltero. Unos minutos antes había comentado a un oficial de Correos que tenía pensado marcharse de vacaciones en los próximos días. Llevaba catorce años destinado en Navarra y tenía planeado pasar a la reserva y volver a su tierra natal. El 27 de agosto de 2010 el Ayuntamiento de Torrehermosa organizó un homenaje al guardia civil asesinado, con asistencia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Durante el acto se descubrió una placa en la calle en la que nació, junto a la Plaza Villarreal de la localidad.
Guardia civil JUAN CHINCOA ALÉS y su esposa NURIA RIBÓ PARERA, guardia civil JUAN SALAS PÍRIZ y su suegra MAUDILIA DUQUE DURÁN, los menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años, y el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA. asesinados por ETA el 29 de mayo de 1991 en Vic
IN MEMORIAM
A las siete y cinco de la tarde del 29 de mayo de 1991, la banda asesina ETA lanzaba un coche-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), que quedó totalmente destruida. La explosión provocó la muerte directa de nueve personas. Dos guardias civiles: JUAN CHINCOA ALÉS y JUAN SALAS PÍRIZ; dos mujeres: NURIA RIBÓ PARERA, mujer del guardia civil Juan Chincoa, y MAUDILIA DUQUE DURÁN, suegra del guardia civil Juan Salas, también fallecido; y cinco menores de edad: FRANCISCO CIPRIANO DÍAZ SÁNCHEZ, de 17 años; MARÍA PILAR QUESADA ARAQUE, de 8 años; ANA CRISTINA PORRAS LÓPEZ, de 10 años; ROSA MARÍA ROSA MUÑOZ, de 14 años, y VANESSA RUIZ LARA, de 11 años. Además, el guardia civil en la reserva RAMÓN MAYO GARCÍA falleció al ser atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras prestaba auxilio a los afectados por la explosión.
Vic, localidad de unos 30.000 habitantes, situada a unos setenta kilómetros al norte de Barcelona, era una de las subsedes donde se iban a celebrar pruebas de los Juegos Olímpicos de 1992, concretamente las de hockey sobre patines, que iban a tener carácter de exhibición. La banda asesina ETA había amenazado reiteradas veces con atentar contra objetivos relacionados con los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en la capital catalana en 1992.
El vehículo utilizado, un Renault 6 cargado con 216 kilos de explosivos (doce bombonas con dieciocho kilos de amonal cada una), fue proyectado aprovechando la ligera pendiente de una de las calles laterales en las que se encontraba ubicada la casa cuartel. Una vez que el coche-bomba estuvo dentro del patio de la casa cuartel, el etarra Juan Carlos Monteagudo activó el explosivo con un telemando.
En la casa cuartel de Vic vivían catorce agentes de la Guardia Civil, trece mujeres y veintidós niños. El atentado se produjo cuando numerosos familiares de los guardias se encontraban en sus viviendas y algunos niños, como era habitual a esas horas, jugaban en el patio. Los niños iban al colegio por la mañana, pero a las siete de la tarde, hora del atentado, lo habitual es que hubiese 10 ó 12 de ellos jugando en el patio. Por ello las niñas asesinadas fueron las más afectadas por la explosión y sus cuerpos quedaron literalmente destrozados.
Cuarenta y cuatro personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy graves, con importantes mutilaciones (a una de las niñas heridas tuvieron que amputarle una pierna) y secuelas. Entre los heridos muy graves que consiguió sobrevivir, el niño de 2 años Rafael Reinoso Sánchez, que sufrió fractura de la base del cráneo.
Debido al estado en el que quedó el edificio se tuvieron que utilizar grúas y perros adiestrados para localizar a las víctimas bajo los escombros. A las diez de la noche los servicios de rescate lograron sacar con vida a una joven de 18 años y a una niña con su chupete en la boca.
La deflagración, a la que siguió un incendio, derrumbó el inmueble construido en los años sesenta y del que sólo quedó en pie la fachada. La explosión causó daños materiales en medio centenar de edificios situados en un radio de doscientos metros, principalmente en ventanas y cristaleras, aunque el edificio situado justo enfrente tuvo que ser derribado debido a los graves daños estructurales sufridos. Entre los inmuebles más cercanos al lugar de la explosión figura un colegio de religiosas con setecientos alumnos que en el momento del atentado estaba casi vacío.
La calle donde estaba la casa cuartel había sido cortada con motivo de una carrera ciclista comarcal, en la que el pueblo de Vic rendía homenaje al corredor local Melchor Mauri, que había ganado diez días antes la Vuelta Ciclista a España. Gran parte de la dotación de guardias se encontraba de servicio, cubriendo precisamente la competición deportiva, por lo que la mayoría de víctimas fueron familiares de los agentes.
El Hospital General de Vic quedó colapsado una hora después de la masacre, por lo que algunos heridos tuvieron que ser trasladados en helicóptero a otros centros hospitalarios de Barcelona. Las autoridades locales realizaron llamamientos radiofónicos para que los médicos de la ciudad se personasen en los centros hospitalarios y los habitantes de Vic acudieron a donar sangre masivamente. Numerosos vecinos ofrecieron sus hogares a los damnificados y el obispo de Vic, Josep María Guix, también ofreció las instalaciones del Seminario Diocesano para acoger a los guardias y a sus familiares que se quedaron sin vivienda.
El presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, el consejero de Gobernación, Josep Gomis, y el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, acudieron inmediatamente al lugar del atentado. Gomis fue increpado por uno de los guardias que sobrevivió al atentado, presa de un ataque de nervios.
Este atentado mostró la catadura moral de un personaje como Josep Lluis Carod-Rovira. Dos días después de la masacre, el por entonces diputado y portavoz en el Parlamento catalán de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) escribió una carta abierta publicada en el diario Avui en la que pedía a la banda asesina ETA que no atentara más en Cataluña. Bajo el título "ETA, Kataluñatik Kanpora!", Carod-Rovira escribió: "Nada de lo que voy a decir es nuevo para vosotros. Os lo dije ya, hace medio año, en algún lugar de Euskadi, cuando en nombre de mi partido os pedí, formalmente, que no actuaseis más en mi país. Habéis respetado la petición durante seis meses. Ahora, sólo me atrevo a pediros que, cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa". Lo que sucedió después es de todos sabido. Mientras la banda criminal a la que Carod-Rovira suplicaba que no matase en Cataluña seguía asesinando, el abyecto político nacionalista continuó reuniéndose con los asesinos. Algunas de esas reuniones trascendieron a la opinión pública. Así, los días 3 y 4 de enero de 2004 se reunió en Perpiñán (Francia) con Mikel Albizu, alias Mikel Antza, y José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, para pedirles, de nuevo, que no cometieran más acciones terroristas en Cataluña. En un comunicado hecho público el 28 de febrero posterior, la banda asesina confirmó el pacto con el nacionalista catalán y anunció una tregua para dejar de matar sólo en Cataluña.
Pero si de cataduras morales hablamos, también hay que referirse a la reacción de Herri Batasuna. Tras no condenar el atentado, algo habitual en ellos, añadieron en un comunicado público que los dos etarras muertos en la operación de la Guardia Civil del día siguiente (Monteagudo y Erezuma), autores materiales de la masacre, "convirtieron sus vidas en permanente entrega a la causa de la paz y la libertad".
Pese a la reacción inicial que provocó la masacre, el paso del tiempo dejó en el olvido a las víctimas del atentado y a sus familiares. Así se denunció con motivo del décimo aniversario del mismo. Familiares de los asesinados se quejaron públicamente de que el Ayuntamiento de la ciudad jamás hubiera hablado con las víctimas. Cinco años después, en 2006, el Ayuntamiento de Vic aprobó por unanimidad destinar un espacio en el lugar donde estaba la casa cuartel "para erigir un monumento, una placa o un símbolo en recuerdo de las diez personas que fallecieron". El símbolo se instalaría "dentro de unos años, cuando el Ayuntamiento venda el actual solar que servirá para financiar parte del nuevo teatro municipal", según recoge el texto oficial.
Al día siguiente de la brutal masacre, la Guardia Civil desarticuló al grupo Barcelona de ETA, autor del atentado, en una operación llevada a cabo en un chalé de la localidad barcelonesa de Lissá de Munt. Durante la operación murieron los etarras Juan Carlos Monteagudo Povo (jefe del grupo y exdirigente de Terra Lliure) y Juan Félix Erezuma Uriarte, que se resistieron a su detención con armas de fuego, pero se detuvo al tercer autor directo de la matanza, Juan José Zubieta Zubeldia, que no opuso resistencia. En la misma operación se detuvo a Pilar Ferreiro Bravo y a Jordi Mas Trullenque, profesor ayudante de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Barcelona.
En el chalé se incautaron numerosos efectos (armas, explosivos, útiles para la confección de artefactos...) y documentación. Entre ésta destaca el informe que los asesinos estaban haciendo para el entonces máximo dirigente de la banda asesina, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito. El texto, publicado por la revista Cambio 16 (10/06/1991), y sin finalizar debido a la intervención de la Guardia Civil, decía: "En la ekintza [acción] nos marcamos dos objetivos: uno militar y otro político. En primer lugar, como objetivo militar, ver si era posible meter un kamikaze [coche-bomba teledirigido] en el patio del cuartel. Como segundo objetivo, esta vez político, destruir el cuartel sin afectar demasiado al colegio que está al lado. El primer apartado tenía varias variables. La primera, ver si era posible otra...". Aquí se interrumpió bruscamente el informe al irrumpir por sorpresa la Guardia Civil en el chalé.
En junio de 1993 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Zubieta Zubeldia a una pena total de 1.311 años como autor material. El fiscal Ignacio Gordillo calificó el atentado como "uno de los más bárbaros, alevosos y cobardes" que se han juzgado en la Audiencia Nacional, cuya única finalidad fue la de "provocar el mayor número de muertes posibles", y acusó a Zubieta de ser "autor directo" de nueve asesinatos y otros 44 asesinatos frustrados.
En diciembre de ese mismo año, se le condenó a otros 28 años y 6 meses de prisión por los delitos de depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos. En la misma sentencia se condenó a Pilar Ferreiro Bravo y Jordi Mas Trullenque, a 8 y 6 años respectivamente, por su colaboración con el grupo Barcelona de ETA. Ferreiro Bravo alojó en su domicilio a Zubieta Zubeldia, Monteagudo Povo y Erezuma Uriarte. Además, convenció a Mas Trullenque, con el que mantenía relaciones sentimentales, de que alquilara el chalé de Llissá de Munt, donde los etarras se ocultaron y prepararon la masacre de Vic.
Juan Chincoa Alés, guardia civil de 30 años, era natural de Martín de la Jara (Sevilla). También fue asesinada en el atentado su esposa, Nuria Ribó Parera, de 26 años. Su hija Ana fue una de las heridas. Quedó huérfana de padre y madre antes de cumplir los 2 años.
Francisco Cipriano Díaz Sánchez tenía 17 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA en la casa cuartel de Vic. En el momento de la explosión se encontraba estudiando en su domicilio del acuartelamiento. Murió en el acto por la onda expansiva provocada por el coche-bomba. Francisco estudiaba tercero de enseñanza secundaria en el Instituto Callis de Vic. Sus padres estaban ese día en Zaragoza asistiendo a un funeral, y su hermana Pilar, de 18 años, también resultó herida por la explosión.
Ana Cristina Porras López, de 10 años, murió en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Su hermana Isabel Porras López, de 7 años, resultó herida de gravedad y se le tuvo que amputar parte de la pierna izquierda. Eran hijas del guardia civil Teodoro Porras.
Vanessa Ruiz Lara, de 9 años, también murió en el acto. Era amiga del colegio de hijas de guardias civiles. Como en otras ocasiones, su madre, Emilia Lara, había dejado que su niña fuera a jugar al patio de la casa cuartel con sus amigas, hijas de los guardias civiles. Con motivo del asesinato de Silvia Martín Santiago en agosto de 2002, Virginia Ródenas recordó en un artículo publicado en ABC la historia de otros padres que perdieron a sus hijos a manos de esta banda de alimañas. Entre otras trágicas historias se recuerda el caso de Vanessa y cómo su madre tuvo que aguantar en el juicio la declaración del asesino exterminador de niños Juan José Zubieta Zubeldía, uno de los tres autores materiales del atentado. Como respuesta a la pregunta del abogado acusador de "si no vio a los niños jugar segundos antes de lanzar el vehículo explosivo" dijo: "ése es un hecho que no valoramos porque no es nuestro problema que los guardias civiles utilicen a los niños como escudos humanos". Y añadía Emilia: "Me destrozaron la vida. ¿Qué significa que te destrocen la vida? Lo hemos dicho tanto que parece que no es nada. ¿Hay mayor dolor que perder a un hijo? ¿Puede haber algo más terrible que te arrebaten de esa manera tan brutal a tu hija de nueve años? Jamás nos ha llamado nadie del Ayuntamiento, nadie se ha interesado por nosotros, si seguimos vivos o hemos reventado. Diez años después no ha habido el más mínimo reconocimiento a los nueve muertos del atentado de Vic, cinco de ellos niños. Nada. Sólo el olvido. Y después de que te asesinan a un hijo ¿puede haber algo más doloroso que le entierren en el olvido? Ana Chincoa, que no tenía más de dos años, perdió a su madre y a su padre en el atentado. ¿Quién se acuerda de ella?" (Los Domingos de ABC, 11 de agosto de 2002). Emilia y la hermana pequeña de Vanessa, Cristina Ruiz, fueron entrevistadas en el documental Trece entre mil de Iñaki Arteta. Este es el testimonio de Cristina: "Siempre que salíamos del colegio íbamos un día al parque que había al lado de mi casa y otro día al cuartel. Ese día tocó ir al cuartel. A mí me cayó un ladrillo en la cabeza y me quedé ahí también. Ya luego vino un guardia y me cogió y me sacó para fuera". Cristina contaba cómo desde el asesinato de su hermana mayor visiona periódicamente un vídeo en el que está con Vanessa tres días antes del atentado, en el campo: "A lo mejor hay semanas que lo pongo tres días seguidos o pasan tres semanas y lo pongo otra vez (...) Tengo a mis hermanos, pero no es lo mismo. Ahora mismo me gustaría que estuviera para darme consejos, hablar de cosas (...)".
María Pilar Quesada Araque, de 8 años, estudiaba en el colegio del Sagrat Cor, situado a escasos metros de la casa cuartel en la que vivía. Al domingo siguiente iba a recibir la primera comunión. Por ese motivo, la niña había ido minutos antes de la explosión del coche-bomba al colegio para mostrarle a las monjas unas fotografías de estudio que le habían hecho con motivo de la celebración del citado sacramento.
Rosa María Rosa Muñoz, de 14 años, murió también en el acto mientras jugaba con sus amigas en el patio de la casa cuartel. Sus hermanos, Pedro y David, de 15 y 17 años en esos momentos, se salvaron de milagro, pues esa tarde se estaban examinando en la Escuela Industrial de Vic. En el momento en que asesinaron a su hija, su padre, el cabo de la Guardia Civil David Rosa, se encontraba en Madrid cursando estudios para ascender de graduación. Su madre, María Angustias Muñoz, estaba terminando su jornada laboral en un taller de confección cuando oyó la explosión. No le dejaron ver el cuerpo de su hija, que tuvo que ser reconocido por una vecina y compañera de trabajo. María Angustias confesó a ABC (01/06/1991) que querían quedarse en Vic, "porque es donde hemos enterrado a mi hija y es el pueblo donde ella se quería quedar. Ella estaba bien en Vic, hablaba catalán y tenía buenas amigas".
Juan Salas Píriz, guardia civil de 48 años, era natural de Olivenza (Badajoz). Estaba casado con Manuela Morgado Duque, que resultó herida, y tenía dos hijos. La explosión del coche-bomba también mató a la suegra de Juan, y madre de Manuela, Maudilia Duque Durán, de 78 años y natural de Alburquerque (Badajoz).
Ramón Mayo García, de 55 años y casado, era guardia civil en situación de reserva activa. Natural de Talavera la Real (Badajoz), falleció atropellado por una ambulancia que evacuaba a los heridos mientras él mismo prestaba auxilio a los afectados por la explosión. Ramón fue reconocido como víctima del terrorismo por el Consejo de Ministros en el año 2005. Hubo otros tres heridos consecuencia de accidentes que se produjeron durante las labores de rescate y evacuación de los heridos: Josefina López Muñoz, de 48 años; Salvador Rodríguez Caña, de 17 años, y Juan Manuel Ruiz Alcalá, de 29 años.
Himno Guardia Civil