Guardias civiles asesinados por ETA

AGOSTO: Guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA

Fernando Amor Calvo, guardia civil asesinado por ETA, 3 de agosto de 1985

IN MEMORIAM

El 3 de agosto de 1985 el artificiero de la Guardia Civil FERNANDO AMOR CALVO falleció durante el proceso de desactivación de un artefacto explosivo colocado por la banda terrorista ETA en Luyando (Álava). La bomba, seis kilos de Goma 2 dentro de una caja de galletas, había sido colocada junto a la puerta del disco-pub El Peñón.
Hacia las seis de la mañana de ese día, un comunicante anónimo alertó a la Cruz Roja de Amurrio de la colocación del explosivo en el vecino pueblo de Luyando. Desde la Cruz Roja dieron aviso a la Ertzaintza, que todavía no disponía de una unidad de artificieros. Ese fue el motivo por el que recurrieron a los expertos de la Guardia Civil.
Tras desalojar las viviendas próximas al pub, los artificieros de la Benemérita intentaron en un primer momento provocar la explosión del artefacto empleando agua a presión y efectuando varios disparos. Al no conseguirlo decidieron desactivarlo manualmente. En el momento en el que Fernando Amor Calvo se disponía a hacerlo, el artefacto estalló.
El artificiero fue trasladado inmediatamente al Hospital de Cruces de Bilbao, donde fue atendido por un equipo de médicos desde primeras horas de la mañana. Presentaba fracturas de cráneo y pierna derecha, amputación traumática de ambas manos y estallido pulmonar bilateral. Falleció a las 12:30 horas.
Fuentes oficiales señalaron que la colocación del artefacto tenía por objetivo el disco-pub El Peñón y descartaron que fuera una bomba trampa destinada a atentar contra la Guardia Civil.
La capilla ardiente quedó instalada en el cuartel de la Guardia Civil de Vitoria y los funerales religiosos se celebraron al día siguiente, 4 de agosto, a la una del mediodía en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la capital alavesa. El féretro fue conducido por compañeros de la víctima desde el acuartelamiento de la Guardia Civil de Sansomendi hasta la iglesia. El funeral estuvo presidido por el director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal -que acudió a Vitoria en representación del ministro del Interior, José Barrionuevo-; el director de la Guardia Civil, general José Antonio Sáenz de Santamaría; los gobernadores civiles de Álava y Vizcaya, y mandos de la Policía Nacional, de la propia Guardia Civil y de la Ertzaintza.
Fernando Amor Calvo, de 25 años de edad, llevaba en la Guardia Civil desde 1981 y pertenecía al equipo de los Tedax de la Comandancia de Álava. Se había casado unas semanas antes de su fallecimiento, en el mes de junio.

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Juan José Tauste Sánchez, guardia civil asesinado por ETA, 4 de agosto de 1979

IN MEMORIAM

A las ocho y media de la mañana del sábado 4 de agosto de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN JOSÉ TAUSTE SÁNCHEZ cuando se disponía a arrancar su automóvil aparcado en una calle de la localidad para dirigirse al cuartel donde trabajaba.

Juan José salió del portal del domicilio de sus suegros, donde se había instalado con su mujer, y se dirigió al lugar donde tenía aparcado su vehículo, un Ford Fiesta matrícula de Jaén. Nada más sentarse en el asiento del conductor dos terroristas, que le estaban esperando, sacaron sus armas de fuego y le dispararon a corta distancia. A continuación los terroristas volvieron a ocultar sus armas y huyeron a pie del lugar en dirección a un cruce de caminos situado a escasos metros de la autopista Bilbao-Behobia, donde muy probablemente les esperaba un vehículo con el que se dieron a la fuga. En el lugar de los hechos se recogieron varios casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF.

Los disparos alcanzaron a Juan en el estómago, en el tórax y en la cabeza. El primero que se percató del atentado terrorista fue un policía municipal que se encontraba de servicio en la zona y que dio aviso inmediato a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El barrio de San Salvador, próximo al lugar del crimen, celebraba sus fiestas aquellos días, y algunos vecinos confundieron los disparos con cohetes de las fiestas, incluida su esposa, que sólo se dio cuenta de lo que había pasado cuando se escucharon algunos gritos y se formó un corrillo de gente alrededor del automóvil. Concepción bajó de la vivienda y se encontró a su marido moribundo. Ella misma comenzó a sacarle del coche mientras gritaba: "¿Qué le han hecho a mi marido?". Juan Tauste fue trasladado inmediatamente al Hospital Militar de San Sebastián, donde llegó cadáver.

El atentado fue reivindicado por ETA militar en un comunicado enviado a diversos medios de comunicación de Bilbao, donde también asumía la colocación de un artefacto explosivo en el domicilio del cónsul francés en la capital vizcaína. En ese comunicado la banda asesina expresaba su intención de seguir adelante con su campaña para que las Fuerzas de Orden Público abandonasen el País Vasco y contra los intereses franceses en la comunidad autónoma.

Juan José Tauste Sánchez, de 26 años, se había casado el 17, en el santuario de Arrate en Éibar. El joven matrimonio se instaló en casa de los padres de Concepción en esa localidad, donde Juan José estaba destinado. El agente era natural de Villacarrillo (Jaén), donde con motivo del veinticinco aniversario de su asesinato se le rindió un homenaje y se le dio su nombre a una calle.

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José Expósito Afán, guardia civil asesinado por ETA, 4 de agosto de 1985

IN MEMORIAM

A la una y veinte del mediodía del domingo 4 de agosto de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Elgóibar de un tiro en la nuca al guardia civil en situación de reserva activa JOSÉ EXPÓSITO AFÁN. Hacía media hora que había finalizado en Vitoria el funeral por el guardia civil Fernando Amor Calvo, muerto el día anterior mientras intentaba desactivar un artefacto explosivo en Luyando (Álava).

José Expósito fue alcanzado por un único disparo en la nuca cuando, desarmado y vestido de paisano, caminaba en solitario por la céntrica plaza de la Magdalena de Elgóibar. La bala, calibre 9 milímetros parabellum, le atravesó el cerebro, provocándole la muerte instantánea. Los clientes de un bar situado a escasos metros del lugar del atentado oyeron el disparo y al salir se encontraron a la víctima caída de bruces en la acera en mitad de un gran charco de sangre. El cuerpo del guardia civil asesinado permaneció en el lugar del atentado cubierto con una manta y protegido del sol por una furgoneta hasta que finalmente, a las cuatro de la tarde el juez al que correspondía el levantamiento del cadáver autorizó su traslado al depósito del cementerio de la localidad. A continuación, el cuerpo de José Expósito fue conducido a su domicilio, donde quedó constituida la capilla ardiente ante la presencia de un comandante y varios oficiales de la Guardia Civil y compañeros de la víctima.

El funeral por su memoria se celebró al día siguiente, 5 de agosto, en la parroquia de San Bartolomé de Elgóibar. Poco antes de iniciarse el funeral, a las siete de la tarde, la iglesia quedó abarrotada por centenares de vecinos que secundaron el llamamiento efectuado expresamente por la junta local del PNV. El féretro, cubierto con una bandera española sobre la que descansaba el tricornio, fue introducido a hombros por los familiares del guardia civil, y ante la presencia de unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que le rindieron homenaje. Ese mismo día el alcalde de la localidad, el peneuvista Lucio Beitia, afirmó que Expósito "era un vecino más, estaba plenamente integrado y su muerte ha sido una verdadera sorpresa para la gran mayoría de este pueblo".

El mismo día del asesinato de José Expósito unas quinientas personas convocadas por el Comité Pro Refugiados se manifestaron en Elgóibar para protestar por el asesinato en Saint Jean Pied de Port (Francia) del etarra Juan María Otegui Elizegui, alias Txato, a manos de los GAL. En Itsasondo, localidad natal del miembro de ETA, la Guardia Civil impidió la celebración del funeral religioso. La corporación municipal de esta localidad, integrada por representantes de Herri Batasuna, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezkerra, nombraron a Juan María Otegui "hijo predilecto de la villa". Otegui Elizegui participó, entre otros atentados, en el asesinato del teniente coronel retirado de la Guardia Civil Luis Cadarso San Juan, el 14 de abril de 1981.

José Expósito Afán, de 62 años, era natural de Aguilar de la Frontera (Córdoba), pero llevaba treinta y cinco años viviendo en el País Vasco. Estaba casado y tenía cuatro hijos, tres chicos y una chica de edades comprendidas entre los 20 y los 31 años. Ingresó en la Guardia Civil en 1949 y un año antes de ser asesinado había pasado a la reserva activa. Hasta ese momento había trabajado en el Departamento de Intervención y Revisión de Armas, lo que le convirtió en una persona muy conocida en la localidad. Según la Policía Municipal de Elgóibar, José Expósito se encontraba perfectamente integrado en la población, tenía su propia cuadrilla de amigos y estaba bien considerado, en general, por su disposición a hacer favores a sus vecinos, como la aceleración de los trámites para la renovación de los documentos nacionales de identidad, de los pasaportes o de las licencias de caza. Las mismas fuentes apuntaban que a la hora en que fue asesinado José acostumbraba a realizar su habitual ronda de bares, un hábito que compartía casi siempre con amigos de su cuadrilla.

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Silvia Martínez Santiago de 6 años, hija de un guardia civil, asesinada por ETA el 4 de agosto de 2002

IN MEMORIAM

A las 20:30 horas del domingo 4 de agosto de 2002 la banda asesina ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a CECILIO GALLEGO ALAMINOS, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años SILVIA MARTÍNEZ SANTIAGO, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.

La explosión causó, además, heridas de diversa consideración a otras cincuenta y seis personas, según consta en el escrito fiscal (entre ellos Borja, primo de Silvia de tres años y medio, que sufrió cortes en la cara, el brazo y la pierna derecha) y cuantiosos daños materiales en los inmuebles cercanos. Dos pisos de la casa-cuartel de la Guardia Civil resultaron destrozados y decenas de edificios de los alrededores resultaron dañados por la onda expansiva de la explosión, por lo que unos ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser realojados por el Ayuntamiento. La explosión provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, el estallido de cristales de numerosas ventanas y la caída de tabiques de los inmuebles cercanos. Además, la deflagración del coche bomba mantuvo esta zona de Santa Pola conocida como El Palmeral sin fluido eléctrico. La detonación del vehículo pudo ser oída en un radio de varios kilómetros, según explicaron comerciantes del lugar. La zona fue acordonada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado pues se temía que se produjera la explosión de un segundo coche-bomba.

Un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para atender a los heridos por la explosión. Los más graves, cuatro personas, fueron trasladados al Hospital General de Elche, el centro sanitario más cercano al lugar en el que se produjo el atentado. Los más leves fueron atendidos en el lugar de los hechos en una especie de hospital de campaña.

El coche-bomba estaba situado junto a la verja del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, al lado de una glorieta muy concurrida, pues allí se encontraban varias paradas de autobuses que comunicaban Santa Pola con Alicante y Torrevieja. Media hora después iba a celebrarse un festival de danza infantil en el lugar, lo que podía haber provocado un drama aún mucho mayor. A Cecilio Gallego la onda expansiva le lanzó a varios metros del lugar, provocándole la muerte en el acto. La niña Silvia sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladada al hospital.

El objetivo de la banda terrorista era provocar una matanza, pues no se recibió ningún aviso sobre la colocación del coche-bomba, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Nada más tener noticia de la acción terrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que se encontraba descansando en esa provincia con su familia, se trasladó hasta el lugar de los hechos. El titular de Interior se mostró convencido de que la intención de ETA fue colocar el coche en el lugar exacto "en el que más daño podía hacer, junto a las viviendas", destrozando todo el ala del edificio. El ministro, que visitó a la familia de la niña asesinada, aseguró que el número de víctimas "se habría multiplicado" si en el momento de la explosión se hubiesen encontrado más personas en ese ala de la casa cuartel.

Tras conocer la noticia del doble asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en un tono muy duro, y muy diferente al que actualmente se utiliza hacia el entorno proetarra, manifestó que no estaba dispuesto "a que se siga enterrando víctimas mientras que los dirigentes de Batasuna, que son basura humana y responsables tanto como los comandos de ETA de esos crímenes, estén sueltos por la calle". Por su parte, el hoy presidente del Gobierno, y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que Batasuna se "había situado una vez más al lado de la violencia y el crimen" y que era "el momento de aplicar las leyes con firmeza y seguridad, con consenso y garantías jurídicas". Estaba aludiendo implícitamente a aplicar al brazo político de ETA la Ley Orgánica 6/2002, conocida comúnmente como Ley de Partidos, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2002, semanas antes del asesinato de Cecilio y Silvia.

En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó Euskal Herritarrok y Batasuna, alegando en el fallo su apoyo a la banda terrorista ETA y su no rechazo a la violencia.

El cambio tan radical en la política antiterrorista que Rodríguez Zapatero dio al llegar al Gobierno motivó una dura y emotiva carta pública de Toñi, madre de Silvia, enviada a Libertad Digital el 4 de julio de 2006:

"(...) Sr. Zapatero, quiero que sepa que con su cobardía, con su desvergüenza, con su indignidad, con su maldito talante, con su pacto con los etarras, con su declaración del día 29 de junio para iniciar el proceso de diálogo, usted, transcurridos casi cuatro años, ha vuelto a asesinar a Silvia.

Usted sólo ha conseguido que los sentimientos que tuve que vivir aquella tarde del atentado, vuelvan a resurgir hoy en mí. Sentimientos que todavía trato de canalizar, después de casi tres años de ayuda psicológica y de un tratamiento médico contra la ansiedad.

Con su gestión en la política antiterrorista, ha conseguido que tenga el mismo desprecio por usted que siento por los asesinos de mi hija, de sus colaboradores y de quienes aplauden y festejan los atentados y que, para mí, son tan asesinos como aquellos que colocaron el coche bomba, cargado con 50 kgs. de explosivo, debajo del balcón de mi casa.

Usted se ha puesto de rodillas ante esos asesinos, usted y su gobierno han claudicado ante esos canallas, pero por favor no nos pida a las víctimas comprensión. Sr. Zapatero, usted no cuenta con mi autorización para negociar con la sangre de mi hija.

Usted que fue tan cobarde el pasado día 28 de junio de no querer mirarme a los ojos en el Congreso de los Diputados, usted que dio las órdenes oportunas para impedir que accediéramos a las proximidades del recinto con una corona de flores, humillándonos y tratándonos como si fuésemos delincuentes, usted no conseguirá silenciar mi voz.

En su anuncio de negociación, tan esperado por la banda terrorista ETA, usted nombra a las víctimas del terrorismo, a su memoria, a su dignidad y a su honor. Casualmente siempre olvida usted mencionar la palabra "justicia". En los dos años y medio que lleva en el poder, nunca le he escuchado mencionar esta palabra cuando se refiere a las víctimas. Justicia es lo que espero conseguir contra los miserables que asesinaron a mi hija, aunque pacte usted con ellos o con el mismísimo demonio ...

Por último le rogaría que no hable usted tan alegremente del dolor de las personas que hemos sufrido un atentado terrorista. A mí, como madre de Silvia, me ha demostrado que no le importa lo más mínimo el asesinato de una niña inocente. Sr. Zapatero, desgraciadamente para mí, todos los días 4 de agosto que me queden por vivir tengo que recordar que, ese fatídico día mi hija fue brutalmente asesinada.

En mi memoria quedará, que mientras usted celebra alegremente su cumpleaños ese día, en unión de sus dos hijas y de su esposa; a mi hija, con seis añitos no le permitieron cumplir ninguno más esos individuos con lo que usted ahora negocia. A Ella y a todas las personas que fueron asesinadas les va a tener que agradecer su continuidad en el gobierno. No me queda la menor duda de que esas ansías de poder es lo que le lleva a usted a traicionar la memoria de las víctimas inocentes.

Señor Zapatero, NEGOCIACIÓN EN MI NOMBRE, NO".

Al día siguiente del asesinato, más de cinco mil personas se congregaron en la Iglesia de la Asunción de Santa Pola, en su interior y en su exterior, para despedir a Cecilio y a Silvia y mostrar su rechazo a la banda asesina. El 6 de agosto, unos veinte mil ciudadanos se manifestaron en esa localidad alicantina contra ETA y su brazo político.

Mes y medio después del atentado, el 20 de septiembre de 2002, fueron detenidos en la localidad francesa de Bagneres de Luchon los presuntos autores materiales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola. Se trata de los etarras Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, y Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, integrados en el grupo Argala de ETA. En febrero de 2011 la Fiscalía pidió en su escrito provisional de conclusiones que sean condenados a 1.180 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en el camping Bahía de Santa Pola, situado apenas a cuatrocientos metros del lugar del atentado. Allí se registraron con una identidad falsa y se desplazaron en ciclomotor y bicicleta para grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado. Todo ello ha quedado acreditado por la documentación que se les incautó cuando se les detuvo (vídeos y fotografías). Además, la Justicia francesa ha remitido a la Audiencia Nacional la "autocrítica" manuscrita realizada por Otegi Eraso que se le incautó al número uno de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi, alias Susper. En ella reconocía las actividades que ambos etarras habían llevado a cabo en España en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.

Casi diez años después del atentado, el 18 de mayo de 2012 la Audiencia Nacional condenó a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi y Óscar Celarain al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.

La sentencia atribuye a los dos terroristas el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años de edad, y de Cecilio Gallego, de 57, así como otros 51 delitos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. En la resolución, el tribunal considera que con la colocación del coche bomba los etarras "trataron de causar el mayor número de muertes posibles". Por esta razón, Celarain y Otegi colocaron el vehículo bomba "sin previo aviso junto a la valla del acuartelamiento de la Guardia Civil en Santa Pola, donde vivían numerosas familias con niños, prácticamente pegado a las viviendas, a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas, así como de personas en los alrededores, todas ellas totalmente indefensas".

Junto a los 843 años de cárcel, la Audiencia obliga a los dos asesinos de la banda a indemnizar a los padres de la pequeña Silvia, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia de Cecilio Gallego. También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5 millones) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).

Silvia Martínez Santiago, de 6 años, era en esos momentos la única hija del matrimonio formado por José Joaquín Martínez, guardia civil, y Toñi Santiago. Posteriormente han tenido dos hijos más: Javier, que tiene 6 años, y Carla, de 9 meses. Cuando nació Javier, Toñi comentó que "el mayor deseo de Silvia era tener un hermanito. Soñaba y deseaba ser la hermana mayor. Tristemente, no pudo realizar ese sueño porque una banda de asesinos acabó con su vida prematuramente. Cuando nuestro pequeñín tenga uso de razón, le hablaremos de su hermana, le contaremos cómo era ella" (Revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, octubre 2006). Los padres de Silvia han pasado un auténtico calvario desde el asesinato de su hija. Toñi ha estado muy involucrada con la Rebelión Cívica contra la negociación con ETA. En el quinto aniversario del asesinato de Silvia, en una concentración silenciosa en Santa Pola, Toñi dijo que quiere que "la memoria de nuestra hija no caiga en el olvido y que no pase a ser un número más en la larga lista de víctimas de la banda terrorista, como algunos pretenden". Los restos mortales de la niña Silvia fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel.

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Juan Ignacio Calvo Guerrero, guardia civil asesinado por ETA, el 5 de agosto de 1986

IN MEMORIAM

En la madrugada del 5 de agosto de 1986 falleció en el Hospital de La Paz el guardia JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que resultó gravemente herido en el atentado que la banda terrorista ETA cometió el 14 de julio en la plaza de la República Dominicana de Madrid. De esta forma se convirtió en la decimosegunda víctima mortal del atentado, todos ellos jóvenes guardias civiles. Juan Ignacio se encontraba desde el día del atentado en la UVI de La Paz. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las graves heridas sufridas.

Juan Ignacio Calvo Guerrero, de 25 años, estaba casado y tenía un hijo de corta edad. El agente había estado destinado en Mieres (Asturias) y había llegado a Madrid pocas semanas antes del atentado.

 

 

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Antonio Nieves Cañuelo, guardia civil asesinado por ETA el 8 de agosto de 1979

IN MEMORIAM

El miércoles 8 de agosto de 1979, a las doce y cuarto del mediodía, la banda terrorista ETA ametrallaba un Land Rover de la Guardia Civil que circulaba por una carretera de uso interior del aeropuerto vizcaíno de Sondica, provocando la muerte del agente ANTONIO NIEVES CAÑUELO y graves heridas a otros dos guardias civiles, Juan Cortijo Durán y Benito Rodríguez Lara.

El Land Rover de la Guardia Civil estaba realizando el servicio cotidiano de vigilancia del aeropuerto. Antonio Nieves conducía el vehículo oficial de la Guardia Civil, y habían llegado al final de la pista de aterrizaje, a unos quinientos metros de la torre de control del aeropuerto, en un terreno correspondiente al municipio de Lujua (Vizcaya). A unos cincuenta metros, ocultos detrás de una tapia del cementerio británico, les esperaban dos terroristas con fusiles de asalto. Previamente, los terroristas -cuatro en total- habían secuestrado al encargado del cementerio, a su mujer y a una hija del matrimonio y les retuvieron en el interior de una capilla. Después llegaron otras tres personas -una monja y dos jóvenes- que también fueron retenidas.

Mientras dos terroristas vigilaban a los rehenes, otros dos se apostaron detrás de la tapia del cementerio esperando el paso de la patrulla. Cuando los tuvieron a unos cincuenta metros, comenzó el ametrallamiento del vehículo. Antonio fue alcanzado por los disparos, y el vehículo empezó a dar bandazos y una vuelta de campana, cayendo totalmente destrozado por un terraplén en el límite de la pista. El coche quedó situado boca abajo, y el techo del Land Rover quedó hundido sobre la parte que ocupaba Antonio.

Tras el atentado, los terroristas huyeron con el coche particular del guarda, un Seat 1430. En el lugar de los hechos se recogieron más de cincuenta casquillos de la marca Geco.

Las primeras personas que llegaron al lugar del atentado fueron el propio personal del aeropuerto, que trasladaron urgentemente a los tres guardias civiles al Hospital Civil de Basurto, pero Antonio ingreso cadáver. Sus compañeros Juan Cortijo Durán, natural de Navazuelas (Cáceres) y de 30 años de edad, y Benito Rodríguez Suárez, natural de Vega de Tera (Zamora) de 23 años de edad, consiguieron salvar la vida.

Antonio Nieves Cañuelo, de 23 años, estaba casado y tenía dos hijos. La capilla ardiente se instaló en el cuartel de La Salve de Bilbao, donde al día siguiente se celebró el funeral por su alma. Tras finalizar éste, el féretro fue sacado a hombros por sus compañeros y sus restos mortales fueron trasladados en un furgón a su pueblo natal, donde fueron inhumados.

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José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil, guardias civiles asesinados por ETA, 17 de agosto de 1992

IN MEMORIAM

Minutos después de las cuatro de la tarde del 17 de agosto de 1992, la banda terrorista ETA asesinaba en el aparcamiento de un hipermercado de la localidad guipuzcoana de Oyarzun a los jóvenes guardias civiles JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ LOZANO y JUAN MANUEL MARTÍNEZ GIL.

Los dos agentes, vestidos de paisano y desarmados, acababan de salir del hipermercado, tras realizar unas compras, y se subieron al vehículo de Fernández Lozano, un Renault 19 con matrícula de Granada. En ese momento un terrorista se acercó al coche y efectuó nueve disparos, que les alcanzaron en la cabeza y el cuello, emprendiendo inmediatamente la huida en una furgoneta donde le esperaba un segundo terrorista. Fernández Lozano, con tres impactos en la cabeza, murió en el acto, mientras que Martínez Gil, alcanzado por un proyectil en la garganta, fue trasladado en estado muy grave al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián, falleciendo poco después. Los dos guardias civiles residían en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián y llevaban menos de un año destinados en el País Vasco.

Desde el asesinato en Irún del policía nacional Juan Manuel Helices, el 23 de abril de 1992, la banda no había vuelto a asesinar, aunque sí había cometido otros atentados, algunos de ellos con coche-bomba que, por fortuna, no provocaron víctimas mortales, aunque sí heridos, algunos de gravedad. El 24 de mayo la banda hizo estallar un coche-bomba en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, hiriendo a siete policías que prestaban servicio de vigilancia durante el partido que enfrentaba al Atlético de Madrid y el Logroñés. Entre los heridos se encontraba Juan Antonio García Casquero, que en 2008 se convertiría en presidente de la AVT. En junio, una potente bomba destrozó de madrugada la casa-cuartel de la Guardia Civil en Lerma (Burgos), mientras dormían los agentes y sus familias, que pudieron ser desalojadas a tiempo al ser detectadas antes de la explosión las mochilas con las bombas por los vigilantes del recinto. Y también en junio, la banda terrorista ETA hizo estallar otro coche-bomba en Madrid al paso de una furgoneta de la Armada en la calle Madre de Dios. Resultaron heridos de gravedad el soldado Francisco Pérez García, el capitán de navío Miguel López Nuche, el capitán de fragata Juan Antonio Muñoz Roig y el teniente coronel de Infantería de Marina Manuel Aldereguía Couceiro.

El asesinato de los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil era el primer atentado de la banda terrorista ETA desde que el 10 de julio de ese año hubiera ofrecido una tregua de dos meses condicionada a que el Gobierno central reiniciase negociaciones. Literalmente, la propuesta de la banda, según el escrito en el que la hizo pública, decía que condicionaba la tregua a que se produjera un "comienzo de una nueva fase de contactos oficiales en un país neutral". Los dos meses de tregua coincidieron con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, durante los cuales no hubo atentados. Sólo ocho días después de la clausura, ETA asesinaba a los dos guardias civiles en Oyarzun.

El día anterior al atentado, el diario Egin recordaba que en el curso de las interrumpidas conversaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna, el PNV se había comprometido a solicitar al Gobierno el establecimiento de un contacto con los etarras deportados en Santo Domingo, en el caso de que no se produjeran atentados antes del 1 de septiembre de 1992. Sólo unas horas antes del doble asesinato, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, había asegurado que ETA no actuaba porque no quería, y no porque no pudiera, y añadió que su partido estaba dispuesto a propiciar un final dialogado de la violencia.

Dos días después del atentado, la banda asesina ETA afirmaba en un comunicado a los medios de comunicación que mantenía la oferta de tregua, pero advertía que seguiría teniendo "todos sus frentes abiertos" mientras "el Gobierno español no abandone el juego sucio y la estrategia de alargamiento del conflicto que está llevando a cabo con el Gobierno francés".

En el funeral oficial, celebrado en la Iglesia de la Sagrada Familia en San Sebastián y presidido por José Luis Corcuera, ministro del Interior, se vivieron momentos de tensión cuando el sacerdote oficiante, Bartolomé Auzmendi, leyó el Padre Nuestro en euskera. Muchos asistentes abandonaron la iglesia y se oyeron frases como "¡Canallas, sinvergüenzas!" o "¡Esto es una burla!".

José Manuel Fernández Lozano, de 25 años, estaba casado y tenía un hijo que no había cumplido el año. Pertenecía a la Guardia Civil desde tres años antes de su asesinato. Antes de ser destinado a Oyarzun, estuvo en Alustante (Guadalajara). El funeral por su alma se celebró en Alfacar, donde fueron inhumados sus restos mortales.

Juan Manuel Martínez Gil, de 23 años, desde niño residió en Gondomar (Pontevedra), donde estuvo destinado su padre, José Martínez, sargento de la Guardia Civil durante varios años. Juan Manuel llevaba tres meses prestando servicio en Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Burgos. Sus restos mortales fueron enterrados en Sarreus (Orense), localidad natal de su madre, con la presencia de más de dos mil personas entre familiares, amigos, compañeros de la Guardia Civil, y autoridades de los Gobiernos central y autonómico, además del alcalde y concejales del Ayuntamiento de Sarreus.

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Irene Fernández Perera y José Angel de Jesús Encina, guardias civiles asesinados por ETA, 20 de agosto de 2000

IN MEMORIAM

A las seis de la mañana del domingo 20 de agosto de 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) a los guardias civiles IRENE FERNÁNDEZ PERERA y JOSÉ ÁNGEL DE JESÚS ENCINAS, mediante una bomba-lapa colocada en el coche oficial en el que se disponían a iniciar su ronda diaria. La agente Fernández Perera, cuyo cuerpo salió despedido a diez metros del lugar de la explosión, murió en el acto, mientras que su compañero de patrulla, el guardia civil José Ángel de Jesús, falleció mientras era trasladado en ambulancia hasta el Hospital Provincial San Jorge de Huesca. El artefacto estaba provisto de un temporizador, un dispositivo antimovimiento y tres kilos de dinamita.

Los dos guardias civiles se disponían a realizar la ronda de vigilancia que tenían asignada aquel día. Para ello se dirigieron, poco después de las 6:00 horas, hacia el todoterreno oficial aparcado en la plaza del Valle de Tena, donde los agentes solían estacionar los coches-patrulla, al carecer el acuartelamiento de aparcamiento suficiente para estacionar todos los vehículos. Esta circunstancia fue aprovechada por el etarra José Ignacio Guridi Lasa para colocar la bomba-lapa en los bajos del todoterreno. En cuanto la agente Irene Fernández puso en marcha el Nissan Patrol, la bomba explotó dejando el coche partido en dos y hecho un amasijo de hierros.

La gran explosión despertó a los habitantes de la tranquila y turística localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo Aragonés. "El estallido ha sido estremecedor, ha conmocionado al pueblo", declaró el alcalde, el socialista José Luis Sánchez, que fue de los primeros en llegar al lugar del atentado. "Han matado a dos jóvenes, esto es lo más doloroso", dijo todavía emocionado, añadiendo que el atentado no tenía explicación "ni en Sallent ni en ningún otro sitio del país" y confió en que la democracia fuese fuerte y sepa "sobreponerse de estos golpes".
Cerca del lugar del atentado se efectuó, alrededor de las diez de la mañana, una explosión controlada al sospecharse de un vehículo, un Ford Sierra con la matrícula doblada, que resultó ser una falsa alarma.

El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, se desplazó hasta la localidad "para estar con los compañeros de las dos víctimas y compartir con ellos el dolor. Hoy estamos aquí para llorar y honrar a dos jovencísimos guardias civiles, que han muerto cumpliendo con su deber. Han demostrado que los hombres y mujeres de la Guardia Civil hacen bueno el juramento de cumplir con su deber hasta la muerte si fuera necesario. Hoy es día de dolor, pero a partir de mañana la muerte de estos dos jóvenes guardias será un acicate para la Guardia Civil para seguir en la lucha contra ETA. Que los ciudadanos tengan la seguridad de que terminaremos ganando". También acudieron a Sallent el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el vicepresidente, José Ángel Biel.

La capilla ardiente con los restos mortales de los dos guardias civiles se instaló en el Salón del Trono de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Durante las primeras horas de la tarde fueron llegando a la capital oscense los familiares de las dos víctimas, que precisaron ser asistidos por psicólogos de la Cruz Roja. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, tras visitar la capilla ardiente, se refirió a "la gran proeza de ETA, de lo que debe estar muy orgullosa, matar a dos españoles de 22 y 32 años, a dos jóvenes guardias civiles".

En su sentencia de 2004 la Audiencia Nacional especifica que el entonces máximo responsable del aparato militar de la banda, Javier García Gaztelu, alias Txapote, era quien daba instrucciones al grupo Ttotto de ETA (que toma su nombre del alias de José Luis Geresta Mujika, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco) para cometer atentados, entre ellos el de Sallent de Gállego. Así se desprende de la documentación incautada tras la detención del etarra. En la misma sentencia se condena a José Ignacio Guridi Lasa, detenido en Ordicia en febrero de 2001, a 75 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles.

En abril de 2011 se sentaron en el banquillo por este asesinato Javier García Gaztelu, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, alias Peio, y Asier Arzalluz Goñi, como autores materiales junto con Guridi Lasa. En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que Txapote informó a José Ignacio Guridi Lasa, condenado en 2004, de la existencia de un Nissan Patrol de la Guardia Civil en Sallent de Gállego "al que se podía colocar una bomba-lapa en los bajos" porque permanecía fuera del cuartel por falta de espacio. Los etarras se trasladaron en agosto de 2000 hasta el cuartel en un vehículo propiedad de la entonces novia de Aguirrebarrena y, una vez contrastada la información de Txapote, regresaron a Guipúzcoa. Después de que Txapote facilitara en Francia los explosivos a Aguirrebarrena, Guridi Lasa confeccionó la bomba-lapa en una cuadra de cabras que su familia tiene en Cizurquil (Guipúzcoa). El 19 de agosto, Guridi Lasa, Aguirrebarrena y Arzalluz viajaron hasta Sallent de Gállego y a las 23:00 horas, Guridi Lasa colocó la bomba-lapa, tras lo cual regresaron a Guipúzcoa. En mayo de 2011 la Audiencia Nacional condenó a los tres etarras a 75 años de prisión por el asesinato de Irene y José Ángel. El etarra Txapote interrumpió el juicio reclamando "mano dura hasta la independencia".

Irene Fernández Perera, de 32 años, acababa de regresar de sus vacaciones en Asturias cuando fue asesinada. Fue la primera guardia del Instituto Armado asesinada por ETA, aunque no la primera mujer miembro de las Fuerzas de Seguridad asesinada por la banda: el 16 de junio de 1981 la banda mató a tiros a la inspectora María José García Sánchez, primera agente de Policía muerta en un atentado terrorista. Irene Fernández, técnica de laboratorio, estaba soltera y era hija única. Ingresó en la Guardia Civil en 1995, y llevaba tres años destinada en Sallent de Gállego, donde era muy apreciada por los vecinos. Una señora recordaba que la guardia civil estaba muy integrada en el pueblo, donde disponía de un apartamento: "Todos estaban muy contentos con ella". El 22 de agosto las cenizas de Irene Fernández fueron depositadas en el cementerio de Las Agüeras, con la presencia de sus padres.

"Siento odio, impotencia y ganas de hacer lo mismo con los que la mataron. Han matado a mi hija, llena de ilusión y de vida y sólo pido al Gobierno que haga algo", aseguró la madre de Irene tras su funeral. En octubre de 2000 se inauguró en Gijón una calle con el nombre de la agente asesinada.

José Ángel de Jesús Encinas, de 22 años, hijo de guardia civil, ingresó en el Instituto Armado con 17 años. Llevaba tres meses en Sallent de Gállego y quería ingresar en el Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo dos años destinado en Hinojosa de San Vicente (Toledo), localidad que le nombró hijo adoptivo pocas semanas después de su asesinato. José Ángel era un gran deportista y defendió durante ocho años la portería del equipo de fútbol Barrio Santa María, que pasó luego a llamarse Unión Deportiva Talavera. El 21 de diciembre de 2005 se inauguró en su localidad natal el Complejo Deportivo José Ángel de Jesús Encinas.

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Antonio Fernández Álvarez y José Antonio Ferri Pérez, guardias civiles asesinados por ETA, 21 de agosto de 1988

IN MEMORIAM

A las siete y media de la mañana del domingo 21 de agosto de 1988 la banda terrorista ETA asesinaba en Estella (Navarra), haciendo explotar un coche-bomba al paso de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a los agentes ANTONIO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y JOSÉ ANTONIO FERRI PÉREZ.

El atentado se produjo a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada de la localidad navarra. El coche-bomba, un Seat 1430 matrícula de Bilbao, estaba estacionado en un paso de cebra y contenía veinticinco kilos de amonal y otros cuarenta de metralla con fragmentos de acero. Fue accionado a distancia por los terroristas al paso del Talbot Horizon en el que viajaban los dos guardias civiles, que murieron en el acto. Los cuerpos de los dos agentes quedaron carbonizados por el incendio que se desencadenó tras la explosión. La extracción de los cadáveres calcinados de los dos guardias civiles, que permanecían sentados en sus asientos, fue muy dificultosa y los equipos de la DYA, bomberos y SOS-Navarra necesitaron utilizar equipos cortachapas. Sobre las 10:30 horas el juez ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron conducidos al Hospital Comarcal de Estella.

El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de Estella. Los terroristas los dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de otro automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue el que utilizaron los etarras en su huida. El coche-bomba quedó irreconocible y un gran fragmento del mismo voló por encima de un bloque de seis pisos y cayó en un patio interior situado a unos doscientos metros del lugar del atentado. Tres vehículos estacionados en las inmediaciones, así como ventanas y balcones de varios bloques de viviendas, resultaron gravemente dañados, al igual que numerosos establecimientos comerciales.

La violenta explosión del coche bomba provocó también heridas a María del Puy García Michelena, de 24 años, que en el momento de producirse el atentado preparaba el biberón para sus hijos gemelos de dos meses de edad en un primer piso del número 47 del paseo de la Inmaculada, lugar en el que se produjo la explosión. La metralla alcanzó el domicilio de la joven madre, hiriendo a su hijo de dos meses, Héctor Catalán. Según testigos presenciales, la mujer salió a la calle gritando y con el bebé en los brazos lleno de sangre. Inmediatamente fue conducida al Hospital Comarcal de Estella, donde fue atendida de diversas erosiones y heridas varias en el brazo izquierdo y rodilla derecha por rotura de cristales, con pronóstico leve. El bebé sufría heridas incisas en el brazo y pómulo izquierdos y erosiones varias en el cráneo por rotura de cristales, también con pronóstico leve. Ambos fueron enviados a su domicilio en las horas siguientes.

La capilla ardiente con los cuerpos de los dos agentes se instaló por la tarde del mismo día de su asesinato en el Ayuntamiento de Estella y los funerales se celebraron al día siguiente a las once de la mañana en la Iglesia de San Juan de esta localidad.

El asesinato de los dos guardias civiles se produjo en un momento en el que la banda terrorista ETA había publicado varios comunicados en los que mostraba su voluntad de negociar y proponía una tregua de dos meses. La curiosa forma que tenía de demostrar esa voluntad era asesinando guardias civiles, pues pocas horas antes del doble asesinato en Estella, la banda terrorista había hecho estallar un coche-bomba en las proximidades de Vergara (Guipúzcoa) en el que tres guardias civiles y un civil resultaron heridos, algunos de gravedad. La explosión se produjo a las 12:30 horas del 19 de agosto al paso de tres vehículos de la Guardia Civil. Poco después, ETA hizo estallar otro artefacto en Éibar (Vizcaya) al paso de otro vehículo del Instituto Armado, resultando heridos dos guardias civiles, uno de ellos de gravedad, y un civil que conducía un todoterreno en el momento de la explosión.
Todos los partidos políticos de Estella, con la excepción habitual de Herri Batasuna (HB), condenaron el asesinato de los dos guardias civiles. El concejal de HB, Patxi Lage, dijo sentirse afectado, aunque se negó a condenarlo. Esta cínica actitud provocó que la alcaldesa de Estella, Rosa López, dijese que "es increíble que quienes apoyan este tipo de sucesos tengan el cinismo de mostrarse afectados" (ABC, 22/08/1988). Pero no quedó ahí la cosa porque, por primera vez, todos los partidos políticos de la Corporación Municipal decidieron por unanimidad destituir a Patxi Lage de su cargo como presidente de la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estella: "Estamos hartos de tener miedo y nos sentimos orgullosos junto con el pueblo de Estella de ser los primeros en adoptar esta medida y queremos dar ejemplo a todo el mundo", dijo la alcaldesa (ABC, 22/08/1988).

Y es que el asesinato de los dos agentes había provocado una gran indignación en la localidad navarra, donde eran muy apreciados. Unos días antes del atentado, los agentes Fernández y Ferri habían participado en una arriesgada operación de salvamento durante un incendio que se había desatado en Estella. Más de cinco mil vecinos participaron en la manifestación silenciosa en repulsa por el atentado que recorrió las calles de la ciudad.

El asesinato de Antonio Fernández y José Antonio Ferri era el primer atentado mortal de ETA en Estella. En esta localidad, justo diez años después, todos los partidos vascos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, firmaron el Pacto de Estella o Lizarra, que tenía como objetivo explícito la consecución de la soberanía de Euskadi, pacto que fue consecuencia casi directa de la reacción social sin precedentes que provocó el "asesinato a cámara lenta" de Miguel Ángel Blanco.

En 1992 la Audiencia Nacional absolvió al etarra Germán Rubenach Roig, alias Antxon, de su vinculación con el asesinato de los dos guardias civiles al considerar que no estaba probada su participación en los hechos que le imputaba la Fiscalía. Rubenach había sido detenido el 25 de junio de 1990 en la Foz de Lumbier (Navarra), tras asesinar al sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás Mañas cuando procedía a identificarle junto a los también etarras Juan María Lizarralde Urreta y María Susana Arregui Maiztegui. Tras cometer el crimen se apropiaron de la pistola del sargento y entablaron un tiroteo con otros tres agentes de la Benemérita, en el que resultó herido grave el sargento José Domínguez Peris, mientras que Rubenach fue herido en una pierna. Las Fuerzas de Seguridad cercaron el lugar, lo que llevó, esa misma tarde, a la localización de Rubenach, gravemente herido por un disparo en la cabeza. Al día siguiente se encontraron los cadáveres de Lizarralde y Arregui. Aunque diversas sentencias judiciales no lograron esclarecer completamente el episodio, en el hospital Rubenach declaró, en presencia de su abogado y de la juez de Aoiz (Navarra), que, al sentirse rodeados por las Fuerzas de Seguridad, Lizarralde se suicidó, mientras que él mismo disparó a Arregui con el arma del sargento Hervás y luego intentó suicidarse.

Antonio Fernández Álvarez tenía 35 años. Había ingresado en la Guardia Civil en el año 1976, en la Agrupación de Tráfico, y estaba destinado en Estella desde 1979. Estaba casado y tenía dos hijos varones de 10 y 6 años de edad.

José Antonio Ferri Pérez, tenía 34 años. Ingresó en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 1976 y estaba destinado en Estella desde 1986, proveniente de Barcelona. Estaba casado y tenía tres hijos de 10, 8 y 3 años de edad.

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Miguel Garrido Romero y Vicente Gómez Duarte, guardias civiles asesinados por ETA el 25 de agosto de 1982

IN MEMORIAM

En la madrugada del miércoles 25 de agosto de 1982 los guardias civiles MIGUEL GARRIDO ROMERO y VICENTE GÓMEZ DUARTE fallecen en el intento de desactivar una bomba colocada por la banda terrorista ETA en una sucursal del Banco de Vizcaya en Munguía (Vizcaya). La explosión provoca heridas graves al cabo primero Pedro Robles Barberán.

En torno a las dos de la madrugada un comunicante anónimo llamó al cuartel de la Policía Municipal de Munguía avisando de la colocación de una bomba en la sucursal del Banco de Vizcaya de la calle La Concordia. Efectivos de la Policía Nacional y de la Local establecieron un cordón de seguridad y desalojaron las viviendas que se encontraban sobre ella.

Hacia las tres de la madrugada entró en acción un equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil compuesto por el cabo primero Pedro Robles Barberán y los agentes Vicente Gómez Duarte y Miguel Garrido Romero. Tras identificar la bolsa sospechosa y confirmar con un perro adiestrado que se trataba de un artefacto explosivo, comenzó la tarea de desactivación, protegidos con material antiexplosivos, cascos y gafas.

En primer lugar, y ayudados por unas cuerdas de cuyos extremos colgaban unos garfios especiales, zarandearon desde una prudente distancia la bolsa, con el fin de verificar la posible naturaleza del artefacto. A pesar de los bruscos movimientos, el explosivo no llegó a detonar, por lo que muchos testigos presenciales pensaron que se trataba de una falsa alarma. Pese a ello, los tres especialistas de la Guardia Civil intentaron engancharla con una pinza mecánica para separar sus componentes. Cuando el robot acababa de atrapar la bolsa, se produjo la explosión. El guardia Vicente Gómez Duarte fue alcanzado de lleno quedando totalmente destrozado. Falleció en el acto. Su compañero Miguel Garrido Romero, sufrió también gravísimas heridas y desprendimiento de miembros. Falleció cuando era conducido al hospital.

El cabo primero Pedro Robles Barberán fue alcanzado en la cara y las piernas. Trasladado al Hospital Civil de Basurto, fue intervenido quirúrgicamente durante más de nueve horas, con la participación de equipos médicos de traumatología, oftalmología y cirugía plástica maxilofacial. Robles Barberán, tenía 31 años y estaba casado.

El atentado, reivindicado por la banda terrorista ETA mediante un comunicado enviado al diario Egin, era parte de la campaña contra los principales bancos iniciada en junio de 1982. La banda pretendía presionar a los bancos y, dos meses antes, había enviado cartas exigiendo determinadas cantidades de dinero por el llamado impuesto revolucionario. El día 6 de junio de ese año hicieron explosión sendas bombas en las sucursales de los Bancos de Vizcaya y Santander en Pasajes y Rentería.

El funeral por el alma de los dos guardias civiles se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya, con la asistencia del ministro del Interior, Juan José Rosón, el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, y el delegado del Gobierno, Jaime Mayor Oreja. Tras el funeral, los cadáveres de ambos guardias civiles fueron trasladados en un avión del Ejército del Aire a Sevilla para ser enterrados posteriormente en sus localidades de origen.

Miguel Garrido Romero, de 22 años, estaba soltero. Estaba destinado en Vizcaya como Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos.

Vicente Gómez Duarte cumplía 26 años el mismo día que fue asesinado por ETA. Estaba soltero. Igual que su compañero asesinado era Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos.

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Aurelio Salgueiro López, guardia civil asesinado por ETA el 28 de agosto de 1978

IN MEMORIAM

A las once y veinte minutos del lunes 28 de agosto de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en Mondragón (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil AURELIO SALGUEIRO LÓPEZ perteneciente al Servicio de Información (SIGC) cuando, vestido de paisano, se dirigía al cuartel después de haber recogido la correspondencia en la estafeta de correos.

Este itinerario lo realizaba diariamente y siempre a la misma hora. A mitad del recorrido entre Correos y el cuartel, en una pequeña plazoleta donde confluían las calles Zarugalde, Toribio Aguirre e Ignacio Zuloaga, fue abordado por dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que le dispararon varios tiros por la espalda con una pistola. Aurelio Salgueiro cayó al suelo boca arriba, quedando la correspondencia desparramada junto a su cuerpo, y fue rematado en el suelo delante de uno de sus hijos, de 14 años, con el que se acababa de encontrar.

Inmediatamente después de producirse el asesinato, los dos terroristas se dieron a la fuga en un vehículo Renault 5 TL de color amarillo en el que les esperaba un tercer individuo. El coche había sido robado a punta de pistola en Éibar a las nueve y media de la mañana del mismo día. Los terroristas obligaron a su propietario a subir al mismo y posteriormente lo dejaron atado y abandonado en Arrate. El vehículo fue encontrado a las cinco y media de la tarde en las cercanías de Éibar.

La víctima había recibido cuatro impactos de bala alojados en el tórax y en la cabeza. El cuerpo del guardia civil permaneció en el suelo durante más de quince minutos desangrándose sin que nadie acudiera a socorrerlo, mientras su hijo, en estado de shock, daba aviso al cuartel. Aurelio fue trasladado en un turismo particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.

La capilla ardiente por el guardia civil se instaló a las cinco de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil y el funeral tuvo lugar al día siguiente, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Mondragón.

El 29 de agosto una llamada a Egin reivindicó en nombre de un Comando Autónomo, Independentista y Anticapitalista el asesinato de Aurelio Salgueiro, que "había sido sentenciado por las asambleas populares por ser miembro de las fuerzas represivas".

La pistola con la que asesinaron a Aurelio Salgueiro, una Browning GP-35, fue incautada a José María Iturrioz Garmendia el 15 de noviembre de 1978 cuando fue abatido por agentes de la Guardia Civil después de ametrallar la casa-cuartel de Arechavaleta. En la acción participaron también otros dos miembros de los CAA, Roberto Aramburu Uribarren y Enrique Zurutuza Odriozola. Tras el ametrallamiento, se produjo una persecución y un tiroteo que finalizó en Mondragón donde, además de Iturrioz Garmendia, resultaron muertos Aramburu Uribarren y una vecina de la localidad, Emilia Larrea Sáez de Adacia. Zurutuza Odriozola resultó herido de gravedad y fue detenido posteriormente.

Aurelio Salgueiro López, tenía 46 años, estaba casado y tenía siete hijos con edades comprendidas entre los 18 años, el mayor, y 11 meses la pequeña.