Su creación se debe a Carlos I, tomando como base el establecimiento de unidades de a cien hombres en a1gunas ciudades importantes. Su hijo, Felipe II, las impulsó considerablemente y ordenó, el 21 de mayo de 1562, su establecimiento en toda España. El procedimiento de reclutamiento consistió en el fomento de incentivos y privilegios a los que acudían a su llamamiento. Con arreglo a la primera ordenanza, los milicianos -así se les comenzó a denominar- se organizaron en compañías de doscientas plazas, con un capitán jefe de nombramiento real que, a su vez, estaba facultado para nombrar al alférez -senyaler o señalero en Aragón-, sargentos y cabos de escuadra. A1 principio hubo serios inconvenientes para su establecimiento por suponer una militarización de toda España; no obstante, los privilegios otorgados, ciertas exenciones en los tributos y la concesión de nuevos fueros, a los que siempre se les mostró afición, allanaron los obstáculos.

El 23 de marzo de 1590, por real cédula, se fijó en sesenta mil el número de milicianos, mitad piqueros y mitad arcabuceros; era el mayor paso hacia la creación de una gran reserva armada. Para ser miliciano provincial se exigía extremada honestidad, buenas condiciones para el servicio militar y estar comprendidos entre los dieciocho y los cuarenta y cuatro años de edad. En 1598, para evitar una desbandada general, quedaron exentos de acudir a las guerras que España sostenía constantemente fuera de sus fronteras. La edad para el alistamiento, no obstante, hubo que ampliarla a los cincuenta años. La generalizada deserción que comenzó a producirse tuvo su fundamento en que la Milicia Provincial era lo más parecido al Somatén, con ligeras dosis de espíritu militarista.

España fue dividida en distritos; al frente de cada uno había un jefe que recibía el nombre de acompañado, y estaba encargado de la inspección e instrucción de sus compañías, de la disciplina, las revistas de armamento y la fijación de los días en que habían de hacerse determinados ejercicios, asambleas y movimientos durante el año.

Esta disposición a "jugar un poco a la guerra" satisfacía, en muchos, el militar frustrado que todo español lleva en lo hondo de su alma. Hacemos la salvedad de que los días de actividad de las Milicias Provinciales eran los festivos, a ser posible domingos, pues todo miliciano tenía su oficio o profesión, negocio o actividad que no podía desatender. Los acompañados fueron sustituidos en 1609 por los sargentos mayores, y sus obligaciones quedaron estipuladas en un reglamento que vio la luz el 25 de enero de 1620.

A partir de 1637, Felipe IV se encontró amenazado de invasión por ingleses, franceses y portugueses; un año antes, los españoles habían ocupado San Juan de Luz y, desde los Países Bajos, se preparaba una seria amenaza sobre París. Consecuencia inmediata fue la declaración de hostilidades del cardenal Richelieu a Austria y España (guerra de los Treinta Años). Como primera medida, las Milicias Provinciales se organizaron en Tercios, con encuadramiento similar a los de Infantería del Ejército activo.

Con el motín de Evora de 1637, comenzó la invasión de Portugal, mientras en otros frentes se producían la conquista de Brisach, la batalla naval de Guetaria y la entrada de los franceses en Fuenterrabía. En Cataluña hubo fuertes tensiones por cuestiones de alojamiento para el Ejército, que tuvieron como colofón el llamado -Corpus de Sangre-, o sublevación catalana de 1640, en tanto que Luis XIII, apoyado por la oligarquía del Principado, se hacía proclamar rey de Cataluña.

Para acudir a tantos frentes de lucha se aumentaron extraordinariamente los Tercios de Provinciales, mas, al llegar a 1664, tras veinte años de continuas guerras, só1o quedaban cinco dentro de su relativa permanencia. Cada Tercio constaba de quince compañías, con un total de mil hombres. En 1694, los Tercios de Provinciales eran quince en total.

Al producirse la Paz de Ryswich, por la que Francia nos devolvía Cataluña y las plazas de Flandes ocupadas, se volvió a la antigua organización, pero al no haber voluntarios suficientes, se impuso el sistema de sorteo para los varones comprendidos entre los veinte y los treinta años de edad. Quedaban exentos los nobles e hidalgos, los estudiantes universitarios, siempre que estuviesen matriculados, los miembros de la Inquisición, los escribanos de Cabildo, los labradores con dos o más yuntas y los padres con tres hijos en adelante, que no estuviesen emancipados. Por cada familia no podía haber más de un miliciano y en caso de que el sorteo afectara a más de uno, el padre quedaba libre, y si por casualidad afectara a éste, podía cambiarse por uno de los hijos solteros.

Al reorganizar Felipe V el Ejército bajo esquemas franceses, formó batallones de Milicias Provinciales a razón de quinientas plazas, análogos a los de Infantería activa (reglamento de 1704) . En 1734, ]as Milicias Provinciales se encuadraron en treinta y tres regimientos. Cada regimiento tenia una plantilla -de presente- los días de ejercicio, de un batallón de siete compañías, con plana mayor, coronel, teniente coronel, que a su vez eran los jefes de la primera y segunda compañías, un sargento mayor, dos ayudantes y un tambor mayor. La compañía constaba de capitán, teniente, subteniente, dos sargentos, cuatro cabos y noventa y seis milicianos; el batallón contaba con setecientos treinta y cinco plazas, y todo el conjunto de Milicias Provinciales con unos veinte mil hombres.

Las compañías se hacían coincidir con las cabeceras de partido judicial, y en cuanto a los milicianos, se reclutaban por repartimiento proporcional entre los hombres comprendidos entre los veinte y los cuarenta años de edad, siendo preferibles los solteros y los que gozasen de un nivel económico aceptable. Las clases y oficiales, al ser movilizados, percibían los mismos haberes que los de igual empleo y clase en el Ejército.

Fuera de los periodos de actividad só1o percibían haberes el sargento mayor y los dos ayudantes, cuando gozasen de nombramiento real, mientras que el resto, incluido el coronel, exclusivamente en periodos de movilización. José Almirante, nada amigo de las Provinciales y mucho menos de las reformas y afrancesamientos impuestos por Felipe V, consideró aquellas determinaciones como “un perfecto coronamiento al lastimoso cúmulo de absurdos, puerilidades y ridiculeces", pues toda la veteranía de aquellas tropas se reducía a "jugar a los soldados" tres días al trimestre.

Esta amalgama -más en el recuerdo que en la realidad de las Hermandades-, con algunas ideas básicas pero variadas y acomodaticias, donde encontraron lugar conceptos elementales sobre el Ejército para que nobles y personas acaudaladas pudieran "jugar a la guerra" varios días al año, nos dan idea exacta de lo que debieron ser las Milicias Provinciales. La reforma de 1736 organizó las compañías de granaderos y dispuso que las planas mayores estuviesen en capitales de distrito o provincia, de donde cada regimiento recibiría su denominación.

Las Milicias Provinciales fueron empleadas en multitud de ocasiones en misiones de orden público, vigilancia de caminos, persecución del contrabando y colaboración en servicios humanitarios cuando hubiera epidemias. Clonard nos refiere cómo "compañías sueltas” de estas Milicias fueron empleadas en auxilio de la Justicia, captura de malhechores, seguridad en los caminos y vigilancia de pueblos. Tanto oficiales corno milicianos vivían en sus domicilios dedicados a sus respectivos oficios, a excepción de los días destinados a los ejercicios militares.

En 1766, Carlos III reorganizó las Milicias Provinciales transformando los cuarenta y dos regimientos existentes en otros tantos batallones, a base de seis compañías de fusileros, una de cazadores y otra de granaderos. Su actuación en la guerra de la Independencia propició el que se las considerase en igualdad con el Ejército.

Durante 1814 se acometió una sustancial reorganización que tuvo como base otra proyectada en 1802, volviéndose a los cuarenta y dos regimientos de 1766, pero con la novedad de que una proporción determinada entre un tercio y un quinto de los oficiales fuese de la llamada escala reformada del Ejército, con la finalidad de dar colocación a los cuadros de mando que, de exceso, procedían de la guerra de la Independencia. No obstante, por penurias presupuestarias, consistentes en diecisiete millones de reales, en 1818 hubo que volver a la antigua situación.

Al producirse el pronunciamiento de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, los regimientos de Provinciales constituyeran la llamada Reserva Nacional Activa que fue disuelta en 1823, al concluir el periodo liberal. Nuevamente se volvió a la anterior situación. En 1824, las compañías de cazadores y granaderos de los regimientos formaron la denominada División de la Guardia Real Provincial permanente que, bajo patrón francés, se había constituido con una División de Infantería de línea y otra de Milicias, más una tercera de Caballería y un escuadrón de Artillería, numerosas tropas -aunque no lo parezca- dedicadas a proteger y escoltar la persona de su majestad católica Fernando VII “el Deseado". Las divisiones se componían de dos brigadas a dos regimientos cada una.

Durante la primera guerra carlista, los regimientos de Provinciales fueron movilizados y puestos sobre las armas, concediéndose el pase a Milicias, a los jefes y oficiales excedentes del Ejército, siempre que fuesen naturales del punto o ciudad donde estaba el regimiento que habían solicitado.

En 1841, el número de regimientos de Provinciales es de cincuenta, pero a base de tener en plantilla solamente un batallón. Estaban integrados por soldados que ya habían superado el servicio militar, para continuar por un periodo de tres años de milicias, antes de recibir la licencia absoluta.

Las Milicias Provinciales fueron disueltas en 1847, quedando en su lugar unos denominados "Regimientos de la Reserva” que, a su vez, dieron paso en la organización militar de 1855, después de la Vicalvarada, al establecimiento de ochenta batallones de Provinciales, ubicados en otros tantos distritos en que se dividió España. Los efectivos sumaron sesenta mil hombres y cada batallón se organizó a base de ocho compañías residenciadas en otros tantos puntos o subdistritos. En esta ocasión, jefes y oficiales pertenecían al Ejército, pero no así los milicianos y clases, licenciados del Ejército y admitidos en Milicias por un periodo de ocho años, que cada año, para no olvidar la instrucción ni la disciplina, harían ejercicios y asambleas durante treinta días festivos.

Con esta nueva ordenanza, las Milicias Provinciales perduran hasta 1864, año en que se agruparon sus batallones en brigadas al mando de coroneles subinspectores, aunque desde hacía años no se las empleaba en misión alguna. En 1867, al dictarse nueva ordenanza para reorganizar el Ejército activo y el de reserva, quedaron disueltas definitivamente.