Si la Constitución de 1812 fue aceptada con entusiasmo tanto por el pueblo como por grandes sectores de la nobleza, el desgobierno surgido, el reparto de cargos a la buena de Dios entre los liberales más representativos, y la división de los españoles en tres bandos irreconciliables: conservadores, innovadores y renovadores, malograron todas las fórmulas posibles de entendimiento.

El triunfo de los innovadores les llevó apresuradamente a intentar la destrucción del sistema, para implantar otro nuevo a base de proclamar la soberanía nacional, la concesión de las libertades y la separación de poderes. Pero tales reformas era imposible sacarlas adelante sin el consentimiento real. Por otra parte, el Ejército estaba muy lejos de ser lo que debía; la indisciplina era patente, las deserciones abundantes, y el famoso "que bailen", dedicado por los soldados "jaques" a sus propios oficiales, no causaba, por su repetición, la menor extrañeza.

Los Guardias de Corps, cuerpo palaciego de clase distinguida, ante los insultos que el rey recibía, se lanzaron sobre el pueblo desaforado, pero fueron arrollados y puestos en fuga. Las reacciones absolutistas se vieron apoyadas por partidas de hombres armados que se hicieron llamar "voluntarios realistas", los cuales batieron a los liberales para acabar con el constitucionalismo. Su concurrencia a la lucha iba a ser tan notoria que al iniciarse la cuestión absolutista, la anticipada Junta de Regencia tuvo a su disposición tres divisiones de Voluntarios Realistas: la de Navarra, mandada por el conde de España; la de Vascongadas, al frente del general Quesada, y la de Cataluña procedente del Somatén, encabezada por el barón de Eroles. A estas fuerzas se opusieron en Navarra, Aragón y Levante el general Ballesteros, afiliado a los comuneros; en Galicia, Morillo, que militaba en el moderantismo; en Andalucía, Villacampa, liberal exaltado, y en Castilla la Nueva y Extremadura, el conde de La Bisbal, miembro de la masonería.

Vencido el liberalismo con la intervención del duque de Angulema, entrábamos en la década ominosa o absolutista. La fuerza más poderosa para los nuevos detentadores del poder iba a ser los Voluntarios Realistas, como anteriormente lo habían sido los milicianos nacionales, organizados a su vez en núcleos locales y provinciales. Al sustituir a la Milicia Nacional, el versátil monarca depositó en ellos su confianza, como antes lo había hecho con los milicianos al "marchar francamente por la senda constitucional", ya que el Ejército activo, muy dividido por ideologías antagónicas, no le merecía confianza. Es obvio destacar que, al igual que los milicianos, los Voluntarios Realistas se mostraron mucho más activos abortando conspiraciones que persiguiendo malhechores.

Dejando a un lado la intencionalidad en sus actuaciones, pasados los primeros momentos de euforia, los Voluntarios Realistas se convirtieron en un cuerpo ciertamente bastante mejor y más disciplinado que su oponente y antecesor. Cumplieron a satisfacción sus cometidos en tres vertientes: Primero, como fuerzas de orden público encargadas de la seguridad y tranquilidad de las poblaciones; segundo, como cuerpo policial administrativo en la expedición y revisión de documentos, pasaportes e informes, inspección de posadas, mesones, fondas y otros establecimientos públicos y, tercero, como ente informador y preventivo en el entorno político para el desmantelamiento de conspiraciones, insistiendo en el mismo error que sus oponentes los milicianos.

El antecedente de su primer reglamento lo encontramos en la provisión dada por la Junta realista de Burgos, el 10 de junio de 1823, donde se indica la "formación del Cuerpo de Voluntarios Realistas". El documento, con nueve artículos, admitía a los vecinos naturales de los pueblos donde ejercieron su cometido, comprendidos entre los veinte y cincuenta años de edad, que acreditaran buena conducta y honradez "muestren su amor al Soberano y adhesión decidida a la justa causa de restablecer en su trono, y abolir enteramente el llamado, sistema constitucional que tantos males ha causado a toda la nación y a sus individuos".

Las solicitudes de ingreso se presentaban en los ayuntamientos donde "una comisión de ocho personas de lealtad probada" informaban la procedencia o no de anotarlos en el libro obrante en la secretaría, para ser después admitidos. Cada ayuntamiento anunciaba el objeto "loable y justo" que animaba la organización de los Voluntarios Realistas y procedía a continuación al nombramiento de los cabos, sargentos, oficiales y jefes, mediante votación entre los miembros de la Comisión. Nombrados los jefes y oficiales, era de incumbencia designar los días -festivos- para revistas y ejercicios.

Mientras se les dotaba de uniforme, lucieron sobre su ropa civil una escarapela con los colores nacionales. AL "toque de apellido", los Voluntarios Realistas, con armas o sin ellas, estaban obligados a presentarse en los puntos donde sus jefes habían elegido para "mantener el orden y policía interior patrullando de día y de noche según exijan las circunstancias y en los días de función y regocijo públicos que se disponga por el Ayuntamiento; dar Cuerpos de Guardia para Casas Consistoriales, teatro y demás sitios en que ejecuten las funciones o sea preciso su asistencia, como también en los incendios, quimeras y otros conocimientos que puedan producir algún desorden popular y presentarse al toque de generala".

Para tales casos -artículo 7°-, "el armamento, servicio y asistencia de las compañías por el corregidor -o ayuntamiento-, se hará pasando aviso al jefe de Voluntarios Realistas de la localidad, los servicios tendrán carácter temporal, hasta que su Majestad se digne resolver lo conveniente para la seguridad interior de los pueblos, o hasta que la regencia del reino, considere justa su cesación·. Los Voluntarios Realistas, aparte de su carácter más municipal que nacional, tuvieron doble dependencia del ramo militar por su sujeción a la ordenanza y a los capitanes generales de distrito, y por sus actuaciones y servicios a los corregidores y, en su defecto, a los alcaldes.

Sin embargo, lo desacertado de la determinación, que profundizará aún más las diferencias y el fanatismo, quedó reflejado en la circular de la Junta de Regencia al mandar la confección de las listas de ministros y diputados "que han mandado la traslación del rey a Cádiz o han prestado auxilio pare realizarla". Se ordenó el secuestro de sus bienes y se les declaró "reos de lesa Majestad". Estas determinaciones alcanzaron a generales, jefes, oficiales y tropa del Ejército y Milicia Nacional, que fueron sometidos a consejos de guerra, "como cómplices de las violencias que se cometieron contra su Majestad y real familia, siempre que pudiendo evitarlo, no lo hayan hecho".

Cuanto hemos dicho es anterior al primero de octubre de 1823, día en que Fernando VII "recobra su libertad", declarando nulas cuantas determinaciones ordenara el Gobierno liberal. Las purificaciones y Juntas de Fe, darían motivo a nuevos levantamientos, como el protagonizado por "El Empecinado" que le costó la vida, de forma destacadamente censurable. Habiendo depositado el rey toda su confianza en los Voluntarios Realistas, en diciembre les giró una revista general "por ser los únicos -a su juicio- capacitados pare prever las conspiraciones", conseguir el orden y la paz, perseguir a los homicidas y ladrones y prestar protección y seguridad a los caminantes.

Al reglamento de la Junta de Regencia lo sustituyó otra fechado el 26 de febrero de 1824, por el que los Voluntarios Realistas tomaron carácter de Cuerpo "militar fijo", siempre que conservaran el "apego a las tradiciones monárquicas y religiosas. A1 hacerlo saber el ministro de la Guerra a los capitanes generales de distrito, no pensaran que serían protagonistas del mismo error que "la triste experiencia sufrida por las Milicias Nacionales, que habían llegado a decidir sobre las medidas y disposiciones de sus gobernantes, erigiéndose en censores y jueces; confabulándose entre sí por medio de circulares pare hacer la oposición al Gobierno que aparentaban obedecer y convirtiéndose en una organización de conspiración armada permanente". Sus doscientos cuarenta y ocho artículos, distribuidos en cinco títulos, formaban un texto profusamente completo para la mejor instrucción, disciplina, servicios y observancia de bandos y disposiciones generales.

Ahora bien, el clasismo se hacía patente al puntualizar que los Voluntarios Realistas debían poseer "rentas, industria u oficio", o ser hijos de los que tuviesen estas condiciones y, en caso de carecer de ellas, "bastaba con demostrar claramente su amor al Soberano. La edad de ingreso quedó fijada entre dieciocho y sesenta años, siempre que no tuviesen "impedimento físico, vicio indecoroso, malas costumbres e ingenio quimérico". No se "recibían" jornaleros ni personas que "tuviesen que mantenerse a sí mismo" y a sus familias en los días festivos que eran los destinados a ejercicios. Se organizaron en batallones de cuatro a ocho compañías y tercios, divididos en mitades y cuartas. La denominación de tercios -aludo al reglamento- "servirá de glorioso recuerdo de los antiguos y famosos tercios españoles".

Las compañías tenían entre cuarenta y sesenta plazas, con lo cual el número de ellas se duplicó, satisfaciendo así no pocos compromisos de los mandos. Sus planas mayores fueron excesivas, pero hay que tener en cuenta la teatralidad del Instituto. Se componían para el batallón, de teniente coronel -primer comandante-, segundo comandante, capitán y teniente, primero y segundo ayudantes; subteniente abanderado, sargento, cabo de brigadier, cabo primero, maestro armero y tambor mayor. Las compañías estaban compuestas de capitán, teniente, subteniente, sargento primero, dos sargentos segundos, cuatro cabos primeros, cuatro segundos y un tambor, y entre veinticinco y cuarenta y cinco voluntarios. En cuanto a los tercios, constaban de ciento sesenta hombres, a razón de cuarenta por cuarta. Existieron unidades de Infantería, Caballería y Artillería. Los caballos eran propiedad de los voluntarios, lo que les facilitaba el ingreso en dicha Arma. Para ser jefe de voluntarios era necesario haber cumplido los treinta años de edad, aunque gozaron de preferencia los oficiales licenciados del Ejército, Marina y Milicias Provinciales; entre los paisanos para ejercer mando, fueron incompatibles los cargos de jueces, corregidores, alcalde mayor, regente, intendente, ministro de Audiencias, clérigo y mandos del Ejército, Marina y Provinciales en situación de actividad. La mitad de los mandos, desde capitán y la tercera parte de los oficiales, fueron de nombramiento real y el resto de designación municipal.

Nuevas disposiciones de 1824 y 1825 regularon su funcionamiento y competencias. Se les autorizó a tener el armamento en su domicilio y a usar uniformes similares a los del Ejército y Milicias, a base de paño azul turquí con cuello y vueltas encarnadas y botón dorado, los de a pie, y similar hechura con galón y botón plateado o blanco, los montados. A cada batallón se le dotó de bandera de combate y a cada escuadrón de estandarte. Tanto los jefes de tercio como los de batallón tenían que prestar juramento ante el capitán general de la región. Si en la plaza existía gobernador o comandante militar, los voluntarios estaban considerados como tropas de la guarnición, aparte de sus servicios propios. A causa de estar sujetos solamente a la ordenanza militar, acatamiento y saludo a superiores mientras estaban de servicio y prácticas, fuera de estos periodos se originaron episodios pintorescos de la más variada naturaleza, ya que durante los mismos cualquier relación humana o de dependencia cesaba.

Como consecuencia de los recortes presupuestarios surgieron pronto los correspondientes inconvenientes, y los Voluntarios Realistas ni se pudieron dotar de vestuario ni mucho menos de armamento en la manera deseada, siendo numerosos los que se lo costeaban por su cuenta. En 1826, con el deseo de que la institución se consolidara, se pidió a los capitanes generales que se "dediquen, desde luego, sin perdonar medios, fatiga ni desvelo, a la organización, fomento y disciplina de los Cuerpos de Voluntarios Realistas, poniendo en acción cuantos recursos estén al alcance de su autoridad y excitando el celo de los Ayuntamientos".

Para conseguir unidad de doctrina y actuación fue nombrado inspector general el teniente general José María de Carvajal, conde de la Unión, quien, aparte de su filiación absolutista, gozaba de especial experiencia por haber "levantado" el Somatén en Cataluña, al suceder en la guerra del Rosellón al general Ricardos por fallecimiento de éste. A1 General Carvajal 1e auxiliaron en el mando un brigadier o coronel subinspector por región militar.

La abierta protección del rey a los Voluntarios Realistas, incrementada con el nombramiento del inspector general, con equivalente nivel que los de la misma denominación de las Armas y Milicias, originó el recelo consiguiente hacia la institución, cuyo aparatoso despliegue crecía con rapidez. Hubo sobre esta cuestión debates en las Cortes de 1829 y 1830, que consiguieron aminorar y anular muchas atribuciones que se habían arrogado.

El teniente general Carvajal también vio su labor mermada hasta por el mismo ministro de la Guerra, viéndose obligado a plantear al rey en persona cuestiones de régimen interior, nombramientos y destinos de mandos, a la vez que los capitanes generales tampoco aceptaron lo que para ellos supuso una marcada injerencia del inspector general, con respecto a los Voluntarios Realistas asignados a sus respectivos distritos.

Muy influenciados de absolutismo, a partir de la derogación de la Ley Sálica, los Voluntarios Realistas también se escindieron en templados y apostólicos. Estos terminarían por agruparse en torno a Carlos María Isidro, mientras aquellos serían fieles a Isabel II. No obstante, impulsada por su abierta proclividad hacia el moderantismo liberal, María Cristina decidió disolver los Cuerpos de Voluntarios Realistas en 1832, aunque en su determinación pesaron mucho más la cuestión presupuestaria y la escasa o nula utilidad de la institución, al quedar implicada en interioridades políticas y dinásticas propicias a una manifiesta indisciplina.

El 5 de noviembre de 1832, el ministro de Hacienda exigió al teniente general Carvajal que diera puntual cuenta de los gastos efectuados en la organización, ya que "se le habían suprimido sus fondos". La orden era vejatoria para el conde de la Unión que, más teórica que realmente, disponía en aquellos momentos nada menos que de doscientos mil hombres "armados y equipados", contingente superior al propio Ejército activo. Carvajal logró persuadir a María Cristina de lo desacertado de su desaparición, pero su inesperado fallecimiento precipitó los acontecimientos.

El primero de enero de 1833, quedaron suprimidos los arbitrios municipales en la cuantía de cien millones de reales anuales para el sostenimiento de los Voluntarios Realistas; tampoco fue nombrado el sucesor de Carvajal y, para mayor abundamientos, falleció Fernando VII. La guerra civil estaba a punto de comenzar. En sustitución de los Voluntarios se promulgó un decreto, que nada remedio, por el que se creaba la denominada Milicia Urbana, a la vez que se daban instrucciones a los capitanes generales para la recogida del armamento de los Voluntarios Realistas. Gran parte de los mismos se negaron a obedecer, puesto que, en considerable número, las armas eran de su propiedad. El 27 de octubre (1833) hubo una insurrección en Madrid; los Voluntarios se encontraban escindidos. Los amotinados, al grito de "¡Viva don Carlos!", hicieron frente al regimiento de la Princesa, pero al fin fueron vencidos y desarmados. Setenta y tres serían condenados a la última pena por el delito de rebelión, aunque la condena fue conmutada por la de diez años de prisión. Como consecuencia, se integraron en el ejército cristino, desapareciendo del todo los Cuerpos de Voluntarios Realistas.

HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL, Francisco Aguado Sánchez